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Hacienda prevé aflorar hasta 2.000 millones de las ‘cajas B’ de pequeños negocios. #CajaB #Justicia #Legal #Negocios #Economia #Finanzas #HaciendaPublica #PequeñosNegocios #GrandesNegocios #Noticias #Autonomos #Pymes #Fraude #AntiFraude


PequeñosNegocios20181031

La ofensiva antifraude del Gobierno también contempla obtener 110 millones adicionales por un mejor control de grandes patrimonios.

LA NOTICIA (Enlace directo al artículo original):

El Gobierno socialista ha puesto en la diana de la lucha contra el fraude a los software de doble uso, sistemas y programas contables que sobre todo pequeños comercios utilizan de forma creciente desde hace pocos años para ocultar al fisco ingresos y ventas generando contabilidades ‘en negro’ y ocultando facturas. El fin último de esta práctica, reducir en miles millones la factura a pagar en el Impuesto de Sociedades y el IVA.

La ofensiva promete un jugoso botín: nada menos que 417 millones de euros, cuatro veces más que lo que el Ministerio de Hacienda prevé recaudar, por ejemplo, con la creación de una unidad específica para controlar los patrimonios relevantes.

Esta previsión se incluye en la memoria de impacto económica que acompaña al anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, que el Gobierno ha abierto ya a participación pública y remitido a Bruselas como parte de la documentación que completa el Plan Presupuestario de 2019.

En dicho borrador presupuestario, Hacienda contemplaba una previsión de ingresos adicionales para el año que viene por la implementación de nuevas medidas de lucha contra el fraude de 828 millones de euros.

 

 

En el caso del anteproyecto elaborado sobre esta materia, se cuantifican hasta 500 millones solo por la puesta en marcha de tan solo tres medidas, a los que habría que sumar efectos económicos no cuantificados procedentes de otras iniciativas, algunas de las cuales se adoptarán al margen de esta norma.

Los 2.000 millones ocultos

La más cuantiosa de estas novedades es esta del control de los software de doble uso, que fuentes de Hacienda aseguran que recibirá especial atención y dedicación de recursos en el ámbito de la inspección tributaria.

El articulado del anteproyecto de Ley precisa que se perseguirá tanto la fabricación, producción y comercialización de estos sistemas y programas informáticos o electrónicos, como su tenencia.  Es decir, que pueden ser víctimas del fisco, no solo la ‘industria’ de los software de doble uso, sino también el comercio de la esquina que caiga en la tentación de utilizarlo .

El Ministerio de Hacienda confía en que solo el anuncio de la medida tenga un importante efecto inducido sobre quienes utilizan estas herramientas, en tanto que percibirán un mayor riesgo fiscal. Además, advierte de que, tanto antes como después de la aprobación del anteproyecto de Ley, las actuaciones de control se van a multiplicar, aunque las sanciones asociadas serán mucho mayores una vez la nueva norma entre en vigor: las multas podrán llegar a los 150.000 euros.

Las cuentas claras de Hacienda

Para estimar el impacto normativo de esta medida, el Gobierno parte de la idea de que la mayor parte de los negocios que usan estos software tratan de falsear operaciones con consumidores finales. A partir de ahí calcula que el gasto final sujeto a IVA alcanzó los 350.599 millones de euros en 2016 y los 373.303 millones en 2017, por lo que en 2019 previsiblemente superará los 400.000 millones.

Con esta cifra, considera que al menos un 50% de los pagos de las operaciones efectuadas para consumidores finales se realizan en efectivo, tomando las referencias existentes en las estadísticas del Banco de España. De este modo, cabe suponer en unos 200.000 millones los pagos en efectivos realizados por los consumidores.

Hacienda asegura entonces que si tan solo un 1% de estos pagos fuera susceptible de ser ocultado gracias al uso de uno de estos software, el efecto inducida de la medida o las regularizaciones a posteriori permitirían aflorar unos 2.000 millones de euros de bases imponibles no declaradas.

Y puesto que el tipo medio del IVA de las operaciones para consumidores finales es del 15,67%, se podrían obtener unas cuotas adicionales de 313,4 millones de euros.

El impacto en el caso de la imposición directa es más difícil de estimar, aunque Hacienda, desde un planteamiento conservador, entiende que, en tanto el Impuesto sobre Sociedades representan un tercio de la capacidad recaudatoria de IVA, los ingresos adicionales por esta vía podrían alcanzar los 104,5 millones de euros. Sumando imposición indirecta y directa, la recaudación extra total sería de 417,9 millones.

Más ingresos que por grandes patrimonios

Así pues, la tracción recaudatoria de la persecución de las dobles contabilidades será superior a la prevista para la nueva unidad de coordinación de las actuaciones de control de patrimonios relevantes, que necesitará además su propio desarrollo legislativo.

Esta unidad, a la que se dedicarán el equivalente a 200 funcionarios a tiempo completo, tratará de impulsar otro tipo de actuaciones que ya están en curso con los grandes patrimonios como referencia. Por ello, considerando que en 2017 las actuaciones de control sobre este perfil de contribuyentes permitieron recaudar 332 millones de euros, Hacienda estima que la nueva unidad podría aportar un tercio más, hasta 110 millones de euros adicionales.

Otras medidas contra el fraude

En tercer lugar, el Ministerio de Hacienda prevé optimizar el big data y el análisis de la información de que dispone la Agencia Tributaria para obtener ingresos extra por la vía de la lucha contra el fraude.

De nuevo, en este caso, el Gobierno cree que con se lograse mejor en tan solo un 1% los resultados de la AEAT gracias a estas medidas operativas, se podrían ingresar 120 millones de euros adicionales.

De esta forma, el conjunto de medidas planteadas permitirían unos ingresos de casi 648 millones de euros. Una cantidad que, con todo, el Ejecutivo rebaja a 500 millones de euros dado que los efectos económicos de estas tres ofensivas podría solaparse.


EL COMENTARIO A LA NOTICIA by ©® LNC:

Nada que objetar a las medidas que supongan alcanzar una sociedad más ética …

Siempre y cuando:

  1. El régimen de impuestos respete la convivencia y la ética necesarios en una sociedad.
  2. Los afectados no sean un grupo determinado que, de por sí, pudiera estar ya en “números rojos”; o dicho de otro modo, al “borde del precipicio económico”.
  3. Las grandes corporaciones no queden exentas. Debe recordarse que, cuando una empresa precisa recortar gastos (o, lo que es lo mismo, sanear sus márgenes) para dar continuidad a su negocio, “va en primer lugar a por las cuentas más abultadas”. De esta forma “se garantiza alcanzar sus objetivos más rápida y eficázmente”.

Sí, son 3 puntos básicos y evidentes. Sin embargo, pudiera darse la situación en la que “hayan sido olvidados”.


 

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