Vista de la fachada del Tribunal Supremo.
Decisión insólita en el Tribunal Supremo. El presidente de la Sala Contencioso Administrativo, Luis María Díez Picazo, ha hecho público un comunicado este viernes con “carácter urgente” en el que explica que avocará al Pleno compuesto por una treintena de magistrados el próximo pleito que les llegue relativo a quién corresponde pagar el Impuesto de actos jurídicos documentados, si a la banca o a los compradores. Esta decisión se adopta horas después de que saliese a la luz la sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera donde se dio un durísimo varapalo a la banca. Díez Picazo ha decidido avocar el asunto a Pleno ya que dicho fallo supone un “giro radical” en la jurisprudencia y habida cuenta de “su enorme repercusión económica y social”. Será el Pleno el que decida ahora si dicho “giro jurisprudencial debe ser confimado o no”, recalca el presidente. Además, el presidente de la Sala de lo Contencioso “deja sin efecto” todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes “con objeto similar”.
Jarro de agua fría
El Tribunal Supremo echó un jarro de agua fría sobre el sector financiero al modificar su jurisprudencia anterior y en una nueva sentencia conocida este jueves determinar que son las entidades bancarias las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria. En una sentencia de 16 de octubre, de la que fue ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala Tercera modificó su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente.Morgan Stanley, uno de los gigantes de Wall Street, advirtió en cuanto saltó la noticia de que el impacto para la banca española será muy significativo y situó la factura entre 7.000 y 9.000 millones de euros. La banca mediana será la más penalizada, especialmente Bankia y CaixaBank, según los expertos. La firma norteamericana tomó como referencia que el importe de una hipoteca media en España oscila entre 100.000 y 150.000 euros con unos costes promedio de entre 4.000 y 5.000 euros. Asumiendo que el 60% se destina a impuestos y el resto de los gastos (notario, registro y tasación) se divide entre bancos y clientes, el coste de los AJD ascenderían a entre 3.000 y 4.000 euros por cada hipoteca.
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