El Mapa de la Evasión

Trinidad y Tobago es una república caribeña, formada por dos islas, que se encuentra frente a la costa de Venezuela y que, según la OCDE, es el único paraíso fiscal que existe hoy en el mundo. Esta es una de las sorprendentes conclusiones del G20 celebrado el pasado junio. Este grupo de países encomendó en 2008, en plena crisis financiera, a la OCDE una lista de territorios no cooperantes en la lucha contra la evasión fiscal. El organismo internacional empezó apuntando a sospechosos habituales como Andorra, Gibraltar, las islas del Canal (Jersey, Guernsey, Man), Suiza y un largo etcétera. Sin embargo, la presión internacional provocó que los territorios offshore se lanzaran a firmar un alud de tratados de intercambio de información fiscal. Ello ha derivado en lo que para muchos resulta absurdo y es que, sobre el papel, la OCDE considere a Trinidad y Tobago como el único país no cooperante, expresión que utiliza en lugar de paraíso fiscal.

El problema es que no resulta sencillo describir un paraíso fiscal y una cosa es decir que se intercambiará información tributaria en un papel y otro intercambiarla en realidad. Oxfam se sitúa en el lado opuesto de la OCDE y considera que en el mundo existen 73 paraísos fiscales y entre ellos figuran Holanda o Irlanda, dos Estados que tradicionalmente no han formado parte de las listas de paraísos fiscales.

Si la OCDE pone la atención en la existencia de tratados de intercambio de información tributaria, Oxfam amplía el foco e incluye los países con baja o nula tributación y aquellos que conceden ventajas fiscales a empresas sin necesidad de desarrollar una actividad económica sustancial. En este sentido, Holanda mantiene una política tributaria muy atractiva en materia de dividendos, lo que provoca que muchas empresas ubiquen sus cabeceras en el pequeño país europeo. De hecho, Holanda figura como el primer país inversor de España y eso sucede porque muchas compañías estadounidenses –principal inversor real– recalan a España, pero pasando antes por los Países Bajos.

Los llamados paradise papers, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y en la que han participado La Sexta y El Confidencial en España, reveló datos de dos bufetes de abogados ubicados en Singapur y Bermudas y con relaciones con jurisdicciones opacas, según los términos que utiliza la investigación, y que incluye a países como Malta. ¿Esta pequeña isla, que forma parte de la UE, es también un paraíso fiscal? No lo es para la mayoría de países y organismos, pero es cierto que mantiene una legislación tributaria que facilita conexiones con otros territorios que sí son paraísos fiscales.

De hecho, Malta figuraba en la lista inicial de paraísos fiscales que aprobó el Parlamento español en 1991 y en la que figuraban 48 territorios. Entre ellos, también aparecían otros dos Estados miembros (Luxemburgo y Chipre). Este listado sigue vigente, pero han desaparecido de él 16 países por el hecho de haber firmado convenios de doble imposición o intercambios de información fiscal. Y otros nueve están en negociaciones (ver gráfico).

Curiosamente, uno de los países que ha salido de la lista es Trinidad y Tobago, que rubricó con España un tratado de intercambio de información fiscal. El inspector de Hacienda José María Peláez se muestra escéptico y recuerda que los convenios firmados hasta ahora contemplan que el intercambio de información sea individualizado y justificado. Ello resta efectividad a este tipo de convenios.

En este sentido, hay muchas esperanzas en el acuerdo multilateral de intercambio de información financiera que se firmó en Berlín en octubre de 2014 y que se establece un protocolo para que las Administraciones tributarias compartan información de forma automática y sin que medie petición previa a partir de este año o el siguiente. La información se remitirá de forma estandarizada, un aspecto muy importante para su efectividad. Hasta la fecha, un centenar de jurisdicciones han firmado el acuerdo multilateral. Aún es pronto para saber si las esperanzas acerca del nuevo acuerdo multilateral están o no fundadas.

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La nueva redacción de la Ley Orgánica de Protección de Datos (#LOPD) podría permitir grabar con cámaras en el trabajo a los empleados para ver si faltan o si cumplen con sus obligaciones. No se aprobará hasta el año que viene. En principio, tendrán que informarte de que te están grabando, pero no requiere tu consentimiento si te pillan haciendo algo que no debías. Por otro lado, podrán grabarte en tu puesto y utilizar la grabación para un #DespidoProcedente.

Recientemente se ha publicado el anteproyetcto de la nueva #LOPD en el que aparece el artículo 15 que está siendo el centro de la polémica de las grabaciones con cámaras a trabajadores. La nueva redacción de la Ley responde a la necesidad de adaptarla al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que aprobó el Parlamento Europeo en 2016. Este reglamento tiene como finalidad unificar los regímenes de los países de la UE en materia de protección de datos.

¿Me pueden despedir si me graban cometiendo un acto ilícito?

Actualmente no se puede admitir como prueba de despido procedente una grabación del trabajador si este no estaba informado de que se le grababa. Sin embargo, ya hay sentencias que han admitido este tipo de prueba por considerar que el trabajador estaba informado si había, por ejemplo, un aviso a la entrada del centro de trabajo en el que se advertía del uso de cámaras de videovigilancia y estas estaban a la vista de los trabajadores. En estos casos, no ha sido necesario contar con su consentimiento.

Lo que dice la nueva Ley al respecto (pendiente de aprobación) es que si se trata de un acto ilícito, al empresario se le exigirán menos cuidados. Es decir, la normativa rebaja la exigencia de información y bastará con que se coloque en un lugar “suficientemente visible” del centro de trabajo una información en la que se identifique “la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos”.

¿Debo dar mi consentimiento para que me graben mientras trabajo?

Sí, con la nueva Ley sería preciso que haya un consentimiento si luego se quiere emplear la grabación como prueba. Puede ser en forma de cláusula dentro del contrato de trabajo, por lo que lee con detenimiento siempre este documento. Si cometieras algún acto que supusiera un despido procedente, la nueva LOPD no te protegería. Con la Ley que se aprobaría en mayo del 2018, el empresario puede grabar con cámaras en la oficina a sus trabajadores y presentar la grabación como prueba ante un despido procedente.

Lo que dice la normativa es que, si grabara con el fin de controlar que los trabajadores no falten, que cumplan con un horario o con sus obligaciones, tendría que avisarlo expresamente. Es decir, se podrá grabar con cámaras en el trabajo con una finalidad más allá de lo que permite ahora la Ley, que es por razones de seguridad. Pero, ante un despido procedente, hay que demostrar que el empleado era plenamente consciente de esta medida.

Ahora bien, hay una excepción importante. Las grabaciones a las que se refiere la Ley son siempre en espacios públicos. La normativa es muy clara con respecto a los trabajadores que están empleados en una casa: “Se considera excluido de estos requisitos el tratamiento de imágenes llevado a cabo por una persona física en su propio domicilio”.

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