A principios de año, el Gobierno del ya expresidente Mariano Rajoy aprobó una subida de las pensiones del 0,25%. El aumento, umbral mínimo recogido en Índice de Revalorización de las Pensiones –norma que aprobó el PP en 2013– causó gran rechazo entre la población pensionista, que organizó numerosas manifestaciones a lo largo del país. Solo en abril, y con la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales, el Gobierno cedió y aprobó en las partidas subidas graduales de hasta el 3%, con la aparente intención de paliar los raquíticos aumentos de los últimos años. Con la aplicación integra de estos presupuestos todavía en el aire, la política sobre pensiones del anterior ejecutivo ya comienza a causar estragos: el riesgo de pobreza y exclusión – la tasa AROPE– de los mayores de 65 años aumentó dos puntos en 2017, según datos reciente de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
Este crecimiento es aún más preocupante cuando se comprueba que el comportamiento de los ratios es contrario al del resto de la población. Tras alcanzar un escandaloso 26,2% en 2008, la tasa AROPE, un indicador europeo que incluye las rentas pero también otras variables como la privación material, fue disminuyendo entre los mayores de 65 años hasta situarse en el 12,9% en 2014. Desde entonces no ha parado de aumentar, con la mayor subida concentrada en el último registro: de un 14,4% de los mayores en riesgo de pobreza y exclusión se ha pasado al 16,4% durante el último año.
Este grupo de población, el de los más mayores, es además el único donde empeoraron los ratios relativos a la pobreza y la privación material.
Si se tienen en cuenta solo las rentas –esto es, el riesgo de pobreza– también se observan cambios importantes en los últimos años: hace una década, el 25,5% de los mayores de 65 años estaba en riesgo de pobreza y exclusión. La tasa bajó hasta el 11,4% en 2014 –en parte por el descenso acelerado del umbral de pobreza y la congelación de los ingresos de los mayores–, pero desde entonces no ha parado de subir, hasta situarse en el 14,8%. De nuevo, y como ocurría con el indicador AROPE, la tasa de pobreza ha bajado en todos los grupos de población durante el último año excepto entre los mayores de 65 años.
Los datos de la ECV del INE también apuntan que este aumento en las tasas de los mayores tiene un componente de género muy importante: la tasa AROPE aumentó 0,7% entre los hombres mayores de 65 años, mientras que entre las mujeres fue de casi tres puntos. Esto se debe, en parte, a que las mujeres pensionistas cobran aproximadamente un 34% menos que sus homólogos masculinos.
Esta subida de las tasas de pobreza y exclusión de los más mayores encuentra explicación en otros datos que ofrece la Encuesta de Condiciones de Vida del instituto estadístico. Por una lado, la renta media de las personas mayores de 65 años es la que menos creció en 2017: apenas 112 euros, frente a los 504 de las personas de entre 30 y 44 años o los 442 euros de los menores de 29 años. Entre 2015 y 2016, los mayores de 65 años fueron el segundo grupo donde menos creció la renta.
Al mismo tiempo que ha aumentado lentamente la renta de las personas mayores, también lo ha hecho el umbral de pobreza. Este indicador se establece calculando el 60% de la mediana de ingresos de la población. Entre 2016 y 2017, este umbral pasó de 8.209 euros a 8.522. Un aumento del 3,8%, más de 300 euros. Con los ingresos de los mayores creciendo más despacio que el umbral de pobreza, es más probable que personas de este grupo de población se sitúen por debajo, y por lo tanto entren en riesgo de pobreza.
Otro de los factores que afecta al incremento del riesgo de pobreza y exclusión entre los más mayores es la desigualdad que se produce dentro del propio grupo de población. A fin de cuentas, el grupo de más de 65 años sigue siendo uno de los conjuntos de población con renta más alta. Pese a que en los últimos años la distinta revalorización de los tramos ha llevado a una mejor redistribución, todavía existe un importante núcleo –cerca del 60%– de pensionistas que cobran menos de 1.000 euros. En el otro extremo, cerca de un millón de jubilados supera los 2.000 euros en su prestación. A finales de 2007 la OCDE ya advirtió del peligro que supone la inequidad que ocurre en etapas laborales y que se reproduce una vez se alcanza la jubilación.
(Noticia extraída desde este enlace)
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