Parece que Pedro Sánchez no dejará un impuesto sin subir. El paquete fiscal del Gobierno, que poco a poco va tomando forma, pasa por gravar más, entre otros grupos, a las rentas altas, a las firmas tecnológicas e intentarlo también con las grandes empresas.

Pero, a falta de conocer qué ingredientes entran y salen finalmente de la receta de Sánchez, los expertos siguen pensando que los números no salen por ningún lado. El objetivo de subir la presión fiscal del 38% a «por encima del 40%» (declaraciones de abril), o «cerca del 46%» (de septiembre), equivale a un incremento en 40.000 y 80.000 millones de recaudación, respectivamente, que está muy lejos de las previsiones.

El ‘hachazo’ pro-Podemos a las rentas altas

La influencia del partido de Pablo Iglesias en los planes es clara. Las últimas palabras de la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que remarcaron que el acuerdo con Podemos para ir a por rentas altas está «prácticamente cerrado», fueron la última muestra.

El profesor Gonzalo Bernardos incide precisamente en que uno de los peajes de Sánchez es tener que plegarse a sus socios de Gobierno y, como gesto, aumentar el tipo marginal sobre la renta hasta el 52% para aquellas superiores a 140.000 euros anuales.

¿El impacto? Los técnicos de Hacienda, antes de conocer que se introduciría por debajo de esa cantidad otro tipo intermedio para hacer el impuesto «aún más progresivo», calcularon que este hachazo no arrancará más de 1.900 millones de euros. Este total, extraído en base al Programa de Estabilidad 2018-2021, forma parte de los 9.700 millones que los expertos pensaron que el nuevo Gobierno podría conseguir.

A su vez, esta medida colocará a España entre los cinco países europeos más agresivos con las rentas altas, lo que podría tener un efecto adverso. Más, si al final se suma una subida a los tipos al ahorro para aquellas personas que ganan más de 50.000 euros con sus inversiones.

«Está claro que hay que gravar el capital, de acuerdo. Pero, ¿y si se va?», se pregunta el economista Santiago Niño Becerra, desmontando la lógica de que tener impuestos más altos se traduce en recaudar más.

Sociedades, un melón que no se quiere abrir

Es el segundo de los pilares de Sánchez y puede que, junto al impuesto a la banca, termine siendo papel mojado. La pretensión inicial, con la que buscaba recaudar 4.000 millones, era establecer a las multinacionales una tributación mínima del 15% de sociedades sobre el resultado contable. La medida sorprendía, ya que el propio Sánchez la rechazó en 2016, cuando negoció con Ciudadanos para alcanzar un pacto de gobierno y presentarse a la investidura.

Es cierto que hay razones para el debate. «España ingresa en sociedades 20.000 millones menos desde 2007», explica Bernardos. En términos de recaudación sobre el PIB, el peso del impuesto ha pasado de ser el 22% en 2007 al 10% en 2010, nivel que desde entonces casi no ha subido (11,5% en 2017) a pesar de salir de la crisis económica.

No obstante, el Ejecutivo podría seguir permitiendo que los niveles no remontasen. Lo haría, en parte, si deja que las grandes compañías continúen diluyendo la base imponible respecto al resultado contable neto gracias a las deducciones (por correcciones al resultado, consolidación de grupos o bases imponibles negativas) a las que pueden acogerse.

No todo el mundo lo ve igual. Luis del Amo, secretario técnico del Reaf, el órgano especializado en fiscalidad del Consejo de Economistas, calificó el nuevo tipo que Sánchez estudiaba como “burdo”, al igual que otros expertos, que no dudaron en señalar que la medida iba directamente contra la inversión y competitividad de las grandes empresas. Del Amo fue claro al señalar los defectos: ¿Qué se pretende? ¿que una empresa tribute el 15% de su base imponible aunque haya hecho mucha inversión deducible en I+D?”.

El rompecabezas de la ‘tasa Google’

La tasa Google, aquella que pretende gravar a las tecnológicas por la actividad real que generan en España pero anotan en las cuentas de sus matrices extranjeras, no es una medida original, ni mucho menos, del Ejecutivo socialista. El Plan de Control Tributario de Hacienda de 2014 ya señalaba la necesidad de hacer frente a «nuevas formas de fraude» por la deslocalización de las tecnológicas y Bruselas lleva tiempo analizando la situación, hasta que en marzo de este año puso la primera propuesta sobre la mesa.

Y, aunque es verdad que Montero seguirá las orientaciones comunitarias –un tipo del 3% y limitar la aplicación a las que facturan más de 750 millones globalmente–, también lo es que quiere añadir su letra pequeña: no dejar escapar a aquellas que facturan tres millones o más en territorio nacional.

Esto se entiende leyendo entre líneas sus últimas declaraciones, en las que apuntó a que el fisco pondrá especial atención en plataformas de “alquiler y transporte”, es decir, Airbnb y Uber, cuyas filiales españolas facturaron casualmente 2,8 y 2,9 millones en 2017, respectivamente. Ambas compañías, como muchas otras –Amazon y Netflix o Facebook y Twitter–, tienen sus matrices en países de baja tributación, principalmente Irlanda, Holanda y Luxemburgo.

Niño Becerra insiste en que la normativa solo puede salir bien «si se va de la mano de Europa», donde hay muchas más dudas por los posibles efectos contraproducentes en el proceso de digitalización de la industria. Como muestra, las declaraciones del director general de Ericcson España, que amenazó con trasladar a Portugal sus centros inovación en el mismo momento en el que se implantara la tasa.

Hay un último problema para sacar adelante este impuesto que no superará los 600 millones de euros de recaudación. Al tratarse de una nueva medida tributaria, debe tramitarse como una proposición de ley, o lo que es lo mismo, conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas en el Congreso, donde los 84 diputados del PSOE visibilizan la debilidad de Sánchez.

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