Protestas en la planta de Alcoa en A Coruña. (EFE)

Los cierres de fábricas anunciados en las últimas semanas en España por parte de importantes empresas están dejando cada vez más patentes las dificultades que acarrea la industria en territorio nacional, sector de importancia crítica para la economía y capaz de fijar trabajo en zonas donde no existen alternativas claras.

Una complicación que amenaza con la destrucción de miles de empleos que añadir al mayor problema que sufre la economía española: el paro. Situación que cobra repercusión política de primer orden.

Los sindicatos en pie de guerra. Los barones territoriales y alcaldes mandando SOS a la puerta del ejecutivo central y tratando de salvar la situación —y su cabeza— a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales. Y mientras, el drama laboral —y vital— que presentó Fernando León de Aranoa con ‘Los lunes al sol’ hace 16 años sigue latente.

Esta semana ha sido la más negra en lo que va de año, con el anuncio de un plan de despidos de casi 900 empleos. Estos corresponden a los 686 que pretende finiquitar Alcoa en Galicia y Asturias y otros 200 que prevé amortizar Cemex en Almería y Baleares.

Hace pocas semanas Vestas decidía clausurar su planta de León y liquidar a casi 400 trabajadores al margen de otros 180 eventuales sin renovar. Meses antes había cerrado su fábrica de Tarragona, con el consiguiente ajuste de 44 empleados. Otro que está negociando el fin del contrato de sus 180 trabajadores es Construcciones Navales del Norte. La Naval de Sestao (Vizcaya) se encamina a la liquidación tras varios años de pérdidas.

Los cierres se han recrudecido este otoño, pero ya a principios de 2018 Siemens Gamesa decidía no volver a producir más en Miranda de Ebro, lo que le llevó a negociar el fin de su relación laboral con los 134 trabajadores de su planta burgalesa. Son 1.800 empleos a desaparecer, pero detrás hay otros miles que desaparecerán de forma indirecta. Y el horizonte no es para tirar cohetes, con empresas como Tubos Reunidos con serios problemas de continuidad que han abocado a la dimisión de su presidente esta misma semana.

Expertos en el sector, académicos, altos responsables de industrias y representantes de trabajadores esgrimen una serie de factores como causantes del apagón industrial que está viviendo España tras 40.000 cierres en la última década.

Falta de valor añadido

En primer lugar, hay que tener en cuenta que en los últimos cierres se trata de industrias sin un alto valor añadido, con lo que existen infinidad de geografías con costes laborales menores que les permiten producir aluminio, palas de aerogenerador, cemento o buques. En España hay un caso paradigmático que es la industria vasca, que ha sabido hacer del I+D su bandera. Ahí están ejemplos como el de CAF, Gestamp o Cie Automotive, que cada vez son más grandes, capaces de exportar y de hacer importantes operaciones corporativas en el extranjero.

Nacionalidad

En segundo lugar, ponen de relieve el hecho de que la mayor parte de las empresas que han presentado los ERE son extranjeras. Ninguna de ellas cuenta con un apego geográfico por el país en el que producen. Se trata de multinacionales de Estados Unidos, México, Alemania o Dinamarca que en cuanto dejan de cuadrarle las cuentas optan por los recortes. Caso diferente es el de la Naval, aunque su liquidación fue solicitada tras no ser capaces de convencer a su último cliente, un armador holandés.

Competitividad

Otro factor a destacar es la falta de competitividad y la supervivencia a base de ese respirador artificial llamado ayudas públicas. Alcoa ha tomado la decisión de cerrar justo en el año en que ha visto mermadas las ayudas que recibía cada año vía factura de la luz. La firma estadounidense ha recibido más de 1.000 millones de euros en los últimos diez años. Pese a ello, la compañía asegura haber registrado pérdidas en las fábricas que quiere cerrar en los últimos años. El Gobierno le afeó la falta de inversión en las mismas.

La merma de ayudas vía factura ya fue criticada este año por AEGE, la asociación de industriales con altos consumos de energía y es que de esta dependen en gran medida compañías como Celsa, Arcelor, Ferroatlántica o Asturiana de Zinc, compañías con plantillas de miles de trabajadores.

Otro que anunció su cierre tras concluir el periodo obligatorio de mantenimiento de la actividad por haber sido perceptor de ayudas fue Vestas, que logró subvenciones tanto del gobierno autonómico como local para su factoría de León.

Alto coste energético

Hay otros elementos que no se pueden obviar en la caída de estas plantas. España lleva años siendo uno de los países con la energía más cara de Europa. A esto hay que añadir la intensificación de los costes energéticos que se ha producido en los últimos meses. No solo por lo que respecta a la electricidad sino a otras materias primas fundamentales como el gas o los combustibles fósiles. Cemex apuntó al coste del CO₂ como elemento clave para sus cierres.

Globalización

Otro problema añadido con el que se encuentran estas industrias exportadoras es la disparidad normativa a nivel mundial. Así, mientras en España se ven sometidos a unos estándares laborales o medioambientales, otras grandes potencias como China, India o Estados Unidos no lo requieren, lo que supone una dificultad añadida de muy difícil resolución.

Este mismo año otra empresa extranjera como Opel, con plantas en diversas partes del mundo, amenazó con trasladar la producción de su fábrica de Zaragoza si los trabajadores no se plegaban al nuevo convenio que pretendía firmar la empresa. Tras la mediación del Gobierno de Aragón se logró para Figueruelas la construcción del nuevo Opel Corsa. Que estas empresas son capaces de condicionar al poder político por su capacidad de generar y destruir empleo es una evidencia. Este mismo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la fábrica de Renault en Valladolid.

Empresas como La Naval se ven impedidas de competir con astilleros de otros países y no solo eso, tienen cerrado el acceso a ayudas públicas, como señaló el Gobierno Vasco, ya que contraviene la normativa europea.

Una consultora explica que aunque a largo plazo mantenerse a base de ayudas no es la solución, otros países como Francia o Alemania protegen su industria con diferentes dádivas capaces de sortear el control de Bruselas. El grupo de expertos nombrado por el ministro Álvaro Nadal proponía eliminar toda la fiscalidad verde de la industria exportadora precisamente para evitar la deslocalización.

Nuevos desincentivos políticos

A todo lo anterior hay quien cree que no ayudan las propuestas del actual gobierno de elevar el salario mínimo, aumentar la presión fiscal a los beneficios de las empresas o seguir recargando con impuestos medioambientales sus costes de producción. Sin olvidar factores como la automatización y robotización que hacen cada vez más prescindibles a los trabajadores sin cualificación.

Las fuentes consultadas explican que las soluciones no son fáciles ni pasan por el corto plazo, ya que un potente sector industrial capaz de producir bienes con valor añadido que no son fácilmente deslocalizables necesita de un esfuerzo conjunto de la sociedad para atraer inversión pública y privada y destinar recursos a la educación para promover los profesionales de este sector. Son muchas las empresas industriales en España que aseguran a El Confidencial tener serios problemas para captar talento de profesionales con determinadas capacidades, ya que estos encuentran oportunidades en otros sectores más pujantes actualmente.

Y el problema trasciende a lo económico. Sirva de ejemplo una de los principales slogan de campaña de Donald Trump: «Make America Great Again». Una frase que resumía las intenciones del presidente por recuperar su industria muy lastrada por la deslocalización como dejó patente el declive de ciudades como Detroit. Otro claro ejemplo en esta línea es el Brexit o el nuevo gobierno de Italia.

Los populismos de corte nacionalista y proteccionista cada vez más presentes también en España buscan dar solución fácil a los complejos problemas de la política para imponerse al poder de las grandes multinacionales y su capacidad de deslocalización. El caldo de cultivo aumenta con el cierre de industrias.

(Enlace al artículo original)

(FUENTE – https://twitter.com/sninobecerra/status/1053946361425616896?s=03)

Estudiantes en la biblioteca de la facultad de Humanidades de la Universidad de Valencia, en una foto de archivo. SANTIAGO CARREGUI

No todos los pobres proceden de los entornos más extremos de la exclusión. Ni vienen de familias sin recursos. En España, más de un millón de titulados universitarios están en riesgo de pobreza. Son 320.000 más que hace 10 años, según el estudio que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado este martes, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora este miércoles. La salida de la crisis ha redibujado el perfil de las personas pobres. La proporción de quienes se encuentran en estas circunstancias (tienen más de 16 años y un nivel de estudios medio o alto) ha pasado del 30% de 2008 al 35,8% de 2017. Si a los que tienen estudios superiores se suman los que han superado bachillerato o formación profesional la cifra de personas que viven en esta situación supera los de 2,7 millones.

Estos titulados forman parte de los 10 millones de personas que estaban en riesgo de pobreza el año pasado en España, el 21,6% de la población. Si bien son unas 300.000 menos que en 2016, la tasa de pobreza está lejos de volver a los registros anteriores a la crisis. Ahora hay unas 900.000 personas más en riesgo de pobreza que en 2008. Se pasa a formar parte de este grupo cuando el hogar no llega al umbral de pobreza, fijado en el 60% de la mediana de renta del país por unidad de consumo.

«He pasado muchísimas noches sin dormir por la angustia», cuenta por teléfono Rosa, una madrileña de 52 años que prefiere no dar su nombre real. Es ingeniera de sistemas informáticos. Trabajó toda su vida en Estados Unidos, pero en 2006, tras la muerte de su padre, volvió a España para estar más cerca de su familia. Aquí estuvo empleada en un banco y en una multinacional, hasta que en 2016 la despidieron. Después, el abismo. «Eché más de 500 currículos. En estos dos años he ido tirando con el paro y el dinero de la indemnización, pero los ahorros se acabaron. En abril empecé a cobrar los 430 euros y tengo una hipoteca de 800», prosigue. Se inscribió en un programa de ayuda de búsqueda de empleo de Acción Contra el Hambre. El mes pasado encontró trabajo. Sus condiciones han mejorado, pero sigue viviendo al límite. «Soy prácticamente mileurista», cuenta. «Estoy en un periodo de prueba. Quién sabe si volveré al paro», afirma. Su angustia aún no cesa.

Además de la tasa de pobreza, el informe de EAPN-ES —que aglutina a ONG y entidades que luchan contra la pobreza, entre las que figuran, por ejemplo, Cáritas o Cruz Roja— mide otros dos indicadores: la baja intensidad del empleo en los hogares (que los mayores de 18 años en la unidad familiar no hayan trabajado más que un 20% de sus posibilidades en el último año) y la privación material severa (que tengan problemas en al menos cuatro de nueve indicadores, algunos de los cuales son poder permitirse mantener la vivienda a temperatura adecuada o la ingesta de proteínas al menos cada dos días). Estas tres variables se utilizan para calcular la tasa AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion, por sus siglas en inglés). Teniendo en cuenta estos tres elementos, aún más personas atraviesan circunstancias de vulnerabilidad. El 26,6% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2017, es decir, 12,4 millones de personas. Si bien la cifra mejora los casi 13 millones del año anterior, sigue estando por encima de los alrededor de 11 millones de personas que estaban en esta situación en 2008.

El informe rompe estereotipos y traza el perfil de los pobres en España. Una parte importante de esta población está constituida por personas españolas, adultas, con trabajo y con un nivel educativo medio o alto. «Creemos que hay que pasar hambre para ser pobre, y no necesariamente es así», explica Juan Carlos Llano, el sociólogo que ha elaborado el estudio. «Primero nos educaron en la creencia de que tener empleo era suficiente para no caer en la pobreza. Hemos visto que no es así. De hecho, más del 30% de las personas pobres tiene trabajo. Después creímos que bastaba con ir a la universidad para poder tener una vida decente, y tampoco», prosigue Llano. La educación sigue siendo un colchón para evitar caer en el riesgo de pobreza, pero «la precariedad ha causado estragos», sostiene Llano. «No solo alcanza a trabajos menos cualificados, va subiendo de nivel y llega a grupos que se creían libres de esto», apunta.

El documento presentado por EAPN-ES, muy extenso, aborda la situación de la pobreza desde distintos puntos de vista. Arroja diferencias por territorios (con Navarra con un 13,5% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social frente a un 44,3% de Extremadura), sexo (6,4 millones de mujeres en riesgo frente a 5,9 millones de hombres), edad (casi uno de cada tres menores de 16 años está en riesgo de pobreza o exclusión) o composición del hogar (casi la mitad de las personas que viven en hogares monoparentales está en riesgo). El informe concluye que PIB y pobreza no van de la mano, ya que, pese a las mejoras económicas, las cifras de personas en situación de vulnerabilidad no se han recuperado respecto a 2008. Se han ahondado las desigualdades y los pobres, aunque sean menos que en 2016, son más pobres.

---

(Enlace al artículo original)

---

(FUENTE – https://twitter.com/sninobecerra/status/1052148801983717379?s=03)

---

 

Parón en la contratación. Las empresas de trabajo temporal (ETT), que siempre actúan como un indicador adelantado de la evolución del mercado laboral, están detectando un estancamiento en los contratos desde el pasado mes de agosto. “Hasta julio teníamos crecimientos importantes, por encima del 12%, pero en agosto ha habido un frenazo, que se ha sostenido en septiembre y en lo que llevamos de octubre”, asegura Manuel Solís, director general de ManpowerGroup.

El presidente de Asempleo, patronal de las empresas de trabajo temporal y las agencias de empleo, Andreu Cruañas, lo constata: “Han empeorado las perspectivas sin ninguna duda. Esperamos caídas en la contratación en el tercer trimestre”.

Y es que las previsiones económicas se están revisando a la baja. Ha sido un verano en el que el turismo no ha tenido un crecimiento exponencial como venía siendo habitual en los últimos siete años, explica David Díaz, socio responsable del área laboral del bufete Baker & Mckenzie. “Ha cambiado el escenario en España. Se espera menor crecimiento económico y el marco político actual genera incertidumbre en las empresas. No estamos acostumbrados a mandatos cortos, de un año o año y medio”, agrega. A esas variables se suman además las tensiones comerciales internacionales, que están impactando negativamente y no solo al sector exportador.

Sin motores

Las empresas se han vuelto conservadoras en el reclutamiento de personal porque se percibe “calma chicha” en el crecimiento de sus negocios, apoya Francisco Puertas, director del área de Talento de la consultora Accenture. “Es una cuestión de confianza”, sostiene Cruañas. El turismo se ha comportado peor de lo esperado y el consumo de las familias ha caído. Los grandes motores de la contratación hasta este verano habían sido el comercio, el turismo y la distribución logística. Ahora todos ellos se están ralentizando, prosigue. Igual que está ocurriendo con la construcción.

Manuel García-Izquierdo, presidente de la Confederación Española de Comercio, reconoce el deterioro de su sector, “las rebajas no han funcionado bien y, con el buen tiempo que está haciendo, tampoco las ventas de la colección de otoño-invierno de moda están evolucionando positivamente. En el pequeño comercio las contrataciones están paradas”.

Aunque esos sectores no son los únicos afectados. Los fabricantes del automóvil han tenido un frenazo en las contrataciones y, con ellos, han caído en cascada el resto de las industrias, según Manuel Solís. No hay automovilística que se salve. La logística también ha sufrido un estancamiento, lo mismo que la alimentación. De cualquier forma, “no es un sector o un cliente concreto, el bajón en los pedidos es generalizado”, sentencia. Eso sí, Manpower también espera que este deterioro sea coyuntural.

En la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC), de la que forman parte 380 empresas, han detectado mucho antes la ralentización de la contratación, según su presidenta, Yojana Pavón. Y no solo eso. “Desde principios de año tanto la gestión de procesos de selección de personal como las ofertas de empleo han bajado con respecto a 2017. En concreto, los primeros han descendido un 15% y las ofertas del orden de cuatro puntos porcentuales en el primer semestre del año. Y septiembre ha sido nefasto en cuanto a procesos de selección”.

Corta duración

Pero lo peor no es eso. Desde su punto de vista, el mayor problema es que desde la pasada Semana Santa, han crecido extraordinariamente los contratos de corta duración. De un mes o un mes y medio, contratos que el año pasado en las mismas condiciones podían durar entre tres y seis meses. Pavón cree que esta situación responde al abuso del contrato de emprendedores para menores de 30 años, a la falta de incentivos a los sectores tecnológicos que son los que están creando empleo y a que a la empresa le sigue interesando más la parcialidad.

De cualquier forma, las previsiones económicas para el año que viene se presentan peores y, por tanto, también hay perspectivas más bajas en cuanto a creación de puestos de trabajo. En 2019 el crecimiento del empleo será inferior, “probablemente destinado a reponer la rotación natural que se produce en las grandes compañías”, según Francisco Puertas.

(Enlace al artículo original)

(FUENTE – https://twitter.com/sninobecerra/status/1051052102485778433?s=03)