(CNN) – Elon Musk aceptó el sábado renunciar como presidente de Tesla y pagar una multa de 20 millones de dólares en un acuerdo para resolver los cargos que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) presentó esta semana.
Con el acuerdo, que requiere la aprobación de una corte, Musk podrá permanecer como director ejecutivo de la compañía, pero deberá abandonar su rol de presidente de la junta en 45 días. No podrá buscar la reelección durante tres años, de acuerdo con documentos de la corte.
Musk aceptó el acuerdo con la SEC «sin aceptar ni negar las acusaciones en la denuncia», de acuerdo con un documento de la corte.
La SEC dijo el jueves que Musk engañó a los inversionistas cuando el 7 de agosto tuiteó que había conseguido los fondos necesarios para hacer de Tesla una compañía privada a 420 dólares por acción, provocando que las acciones de Tesla se dispararan. Él no había conseguido los fondos, dijo la SEC.
Por otro lado, Tesla acordó el sábado pagar 20 millones de dólares para resolver las quejas de que había fallado en controlar adecuadamente el tuit de Musk.
Tesla no respondió inmediatamente a los pedidos de CNN por una declaración.
Protestas en la planta de Alcoa en A Coruña. (EFE)
Los cierres de fábricas anunciados en las últimas semanas en España por parte de importantes empresas están dejando cada vez más patentes las dificultades que acarrea la industria en territorio nacional, sector de importancia crítica para la economía y capaz de fijar trabajo en zonas donde no existen alternativas claras.
Una complicación que amenaza con la destrucción de miles de empleos que añadir al mayor problema que sufre la economía española: el paro. Situación que cobra repercusión política de primer orden.
Los sindicatos en pie de guerra. Los barones territoriales y alcaldes mandando SOS a la puerta del ejecutivo central y tratando de salvar la situación —y su cabeza— a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales. Y mientras, el drama laboral —y vital— que presentó Fernando León de Aranoa con ‘Los lunes al sol’ hace 16 años sigue latente.
Alcoa plantea el despido de toda su plantilla en Avilés y A Coruña tras triplicar pérdidas
La compañía ha anunciado el inicio de contactos con los representantes de los trabajadores para extinguir el contrato de sus 686 empleados. Perderá 75 millones en 2018, casi el triple que en 2017
Esta semana ha sido la más negra en lo que va de año, con el anuncio de un plan de despidos de casi 900 empleos. Estos corresponden a los 686 que pretende finiquitar Alcoa en Galicia y Asturias y otros 200 que prevé amortizar Cemex en Almería y Baleares.
Hace pocas semanas Vestas decidía clausurar su planta de León y liquidar a casi 400 trabajadores al margen de otros 180 eventuales sin renovar. Meses antes había cerrado su fábrica de Tarragona, con el consiguiente ajuste de 44 empleados. Otro que está negociando el fin del contrato de sus 180 trabajadores es Construcciones Navales del Norte. La Naval de Sestao (Vizcaya) se encamina a la liquidación tras varios años de pérdidas.
Los cierres se han recrudecido este otoño, pero ya a principios de 2018 Siemens Gamesa decidía no volver a producir más en Miranda de Ebro, lo que le llevó a negociar el fin de su relación laboral con los 134 trabajadores de su planta burgalesa. Son 1.800 empleos a desaparecer, pero detrás hay otros miles que desaparecerán de forma indirecta. Y el horizonte no es para tirar cohetes, con empresas como Tubos Reunidos con serios problemas de continuidad que han abocado a la dimisión de su presidente esta misma semana.
Tubos Reunidos cambia su cúpula en pleno proceso de rescate
Guillermo Ulacia dimite como presidente de Tubos Reunidos y será sustituido por Jorge Gabiola, mientras que Carlos López de las Heras será nuevo director general
Expertos en el sector, académicos, altos responsables de industrias y representantes de trabajadores esgrimen una serie de factores como causantes del apagón industrial que está viviendo España tras 40.000 cierres en la última década.
Falta de valor añadido
En primer lugar, hay que tener en cuenta que en los últimos cierres se trata de industrias sin un alto valor añadido, con lo que existen infinidad de geografías con costes laborales menores que les permiten producir aluminio, palas de aerogenerador, cemento o buques. En España hay un caso paradigmático que es la industria vasca, que ha sabido hacer del I+D su bandera. Ahí están ejemplos como el de CAF, Gestamp o Cie Automotive, que cada vez son más grandes, capaces de exportar y de hacer importantes operaciones corporativas en el extranjero.
Nacionalidad
En segundo lugar, ponen de relieve el hecho de que la mayor parte de las empresas que han presentado los ERE son extranjeras. Ninguna de ellas cuenta con un apego geográfico por el país en el que producen. Se trata de multinacionales de Estados Unidos, México, Alemania o Dinamarca que en cuanto dejan de cuadrarle las cuentas optan por los recortes. Caso diferente es el de la Naval, aunque su liquidación fue solicitada tras no ser capaces de convencer a su último cliente, un armador holandés.
Competitividad
Otro factor a destacar es la falta de competitividad y la supervivencia a base de ese respirador artificial llamado ayudas públicas. Alcoa ha tomado la decisión de cerrar justo en el año en que ha visto mermadas las ayudas que recibía cada año vía factura de la luz. La firma estadounidense ha recibido más de 1.000 millones de euros en los últimos diez años. Pese a ello, la compañía asegura haber registrado pérdidas en las fábricas que quiere cerrar en los últimos años. El Gobierno le afeó la falta de inversión en las mismas.
La merma de ayudas vía factura ya fue criticada este año por AEGE, la asociación de industriales con altos consumos de energía y es que de esta dependen en gran medida compañías como Celsa, Arcelor, Ferroatlántica o Asturiana de Zinc, compañías con plantillas de miles de trabajadores.
La factura de la luz pone en el foco a Arcelor, Ferroatlántica, Asturiana de Zinc y Celsa.
La decisión de Alcoa de despedir a casi 700 trabajadores tras ver mermadas las ayudas que recibe en la factura de la luz abre la caja de los truenos sobre la competitividad de las grandes consumidoras
Otro que anunció su cierre tras concluir el periodo obligatorio de mantenimiento de la actividad por haber sido perceptor de ayudas fue Vestas, que logró subvenciones tanto del gobierno autonómico como local para su factoría de León.
Alto coste energético
Hay otros elementos que no se pueden obviar en la caída de estas plantas. España lleva años siendo uno de los países con la energía más cara de Europa. A esto hay que añadir la intensificación de los costes energéticos que se ha producido en los últimos meses. No solo por lo que respecta a la electricidad sino a otras materias primas fundamentales como el gas o los combustibles fósiles. Cemex apuntó al coste del CO2 como elemento clave para sus cierres.
Globalización
Otro problema añadido con el que se encuentran estas industrias exportadoras es la disparidad normativa a nivel mundial. Así, mientras en España se ven sometidos a unos estándares laborales o medioambientales, otras grandes potencias como China, India o Estados Unidos no lo requieren, lo que supone una dificultad añadida de muy difícil resolución.
Este mismo año otra empresa extranjera como Opel, con plantas en diversas partes del mundo, amenazó con trasladar la producción de su fábrica de Zaragoza si los trabajadores no se plegaban al nuevo convenio que pretendía firmar la empresa. Tras la mediación del Gobierno de Aragón se logró para Figueruelas la construcción del nuevo Opel Corsa. Que estas empresas son capaces de condicionar al poder político por su capacidad de generar y destruir empleo es una evidencia. Este mismo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la fábrica de Renault en Valladolid.
Ford anuncia duros ajustes en sus plantas en Europa y amenaza el empleo de Almussafes
La multinacional americana prepara recortes en su división europea para atajar las pérdidas y enciende las alarmas en sus factorías. Cerca de 30.000 personas dependen de la planta valenciana
Empresas como La Naval se ven impedidas de competir con astilleros de otros países y no solo eso, tienen cerrado el acceso a ayudas públicas, como señaló el Gobierno Vasco, ya que contraviene la normativa europea.
Una consultora explica que aunque a largo plazo mantenerse a base de ayudas no es la solución, otros países como Francia o Alemania protegen su industria con diferentes dádivas capaces de sortear el control de Bruselas. El grupo de expertos nombrado por el ministro Álvaro Nadal proponía eliminar toda la fiscalidad verde de la industria exportadora precisamente para evitar la deslocalización.
Nuevos desincentivos políticos
A todo lo anterior hay quien cree que no ayudan las propuestas del actual gobierno de elevar el salario mínimo, aumentar la presión fiscal a los beneficios de las empresas o seguir recargando con impuestos medioambientales sus costes de producción. Sin olvidar factores como la automatización y robotización que hacen cada vez más prescindibles a los trabajadores sin cualificación.
Las fuentes consultadas explican que las soluciones no son fáciles ni pasan por el corto plazo, ya que un potente sector industrial capaz de producir bienes con valor añadido que no son fácilmente deslocalizables necesita de un esfuerzo conjunto de la sociedad para atraer inversión pública y privada y destinar recursos a la educación para promover los profesionales de este sector. Son muchas las empresas industriales en España que aseguran a El Confidencial tener serios problemas para captar talento de profesionales con determinadas capacidades, ya que estos encuentran oportunidades en otros sectores más pujantes actualmente.
Varios de los trabajadores de la fábrica de Alcoa en A Coruña. (EFE)
Y el problema trasciende a lo económico. Sirva de ejemplo una de los principales slogan de campaña de Donald Trump: «Make America Great Again». Una frase que resumía las intenciones del presidente por recuperar su industria muy lastrada por la deslocalización como dejó patente el declive de ciudades como Detroit. Otro claro ejemplo en esta línea es el Brexit o el nuevo gobierno de Italia.
Los populismos de corte nacionalista y proteccionista cada vez más presentes también en España buscan dar solución fácil a los complejos problemas de la política para imponerse al poder de las grandes multinacionales y su capacidad de deslocalización. El caldo de cultivo aumenta con el cierre de industrias.
La deuda de las administraciones públicas españolas se situó en agosto en 1,162 billones de euros, cosa que supone 2.352 millones de euros más que en julio, el 0,2% más, y 32.733 millones de euros más que en agosto del año pasado, el 2,9% más, según el Banco de España.
La serie del regulador bancario español, que empieza en diciembre de 1994, indica que esta cifra de deuda es hasta ahora la segunda más alta que se ha registrado en el Estado después de llegar al máximo en junio de este año(1,164 billones). El endeudamiento en agosto supone el 97,3% del PIBespañol y es un porcentaje »plenamente consistente» con el compromiso de cerrar este año con una deuda del 97% del PIB, según defiende el ministerio de Economía.
Este objetivo de cerrar el año con un endeudamiento que suponga el 97% del PIB forma parte del plano presupuestario para el 2019 que el gobierno español envió este lunes en la Comisión Europea.
El ministerio de Economía ha emitido una nota informativa en la cual advierte que en el endeudamiento público no se tiene que dar demasiada relevancia a la comparativa mensual porque es un dato que registra una »evolución volátil condicionada por la concentración de emisiones en los primeros meses del año y de los vencimientos de enero, abril, julio y octubre».
En la imagen, María Salgado y Javier Martínez-Picado, autores de este estudio. / IrsiCaixa
Cinco personas infectadas por VIH que recibieron un trasplante de células madre tienen ahora el virus indetectable en sangre y tejidos. En una de ellas, los investigadores ni siquiera detectan anticuerpos en su sangre. Este hallazgo podría servir para el diseño de nuevas estrategias de cura de la infección.
El reservorio viral, formado por células infectadas por el virus que permanecen en estado latente y no pueden ser detectadas ni destruidas por el sistema inmunitario, es el motivo de que actualmente los fármacos no curen la infección por el VIH.
Ahora, un estudio publicado en Annals of Internal Medicine señala ciertos factores asociados con el trasplante de células madre que podrían contribuir a la eliminación de este reservorio en el cuerpo.
Esta conclusión llega después de que cinco pacientes que recibieron un trasplante de células madre tengan un reservorio de VIH indetectable y uno de ellos ni siquiera presente anticuerpos contra el virus en su sangre.
El éxito de este tratamiento podría servirpara el diseño de estrategias de cura del VIH menos complejas e invasivas
Estos resultados podrían servir para el diseño de estrategias de curación del VIH menos invasivas, ya que el trasplante de células madre se recomienda exclusivamente para tratar enfermedades hematológicas graves.
El estudio ha sido codirigido por expertos del Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa (Barcelona), impulsado conjuntamente por la Obra Social “la Caixa” y el departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, y del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid).
El estudio se basa en el caso del paciente de Berlín, Timothy Brown, una persona con VIH que en 2008 se sometió a un trasplante de células madre para tratar una leucemia.
El donante tenía una mutación llamada CCR5 delta 32 que hacía que sus células sanguíneas fueran inmunes al VIH, ya que evita la entrada del virus en ellas. Brown dejó de tomar la medicación antiretroviral y hoy, 11 años después, el virus sigue sin aparecer en su sangre. Se le considera la única persona en el mundo curada del VIH.
Desde entonces, los científicos investigan posibles mecanismos de erradicación del VIH asociados con el trasplante de células madre. Para ello, el consorcio IciStem ha creado una cohorte única en el mundo de personas infectadas que se sometieron a un trasplante para curar una enfermedad hematológica, con el objetivo final de diseñar nuevas estrategias de cura.
“Nuestra hipótesis era que, además de la mutación CCR5 delta 32, otros mecanismos asociados con el trasplante influyeron en la erradicación en Timothy Brown”, explica María Salgado, investigadora de IrsiCaixa y coprimera autora del artículo.
El estudio incluyó a seis participantes que habían sobrevivido al menos dos años después de recibir el trasplante. Todos los donantes carecían de la mutación CCR5 delta 32 en sus células.
El estudio se basa en el caso del paciente de Berlín, Timothy Brown, considerada la única persona en el mundo curada del VIH
“Seleccionamos estos casos porque queríamos centrarnos en las otras causas que podrían contribuir a eliminar el virus”, afirma Mi Kwon, hematóloga del Hospital Gregorio Marañón y coprimera autora del artículo.
Reservorio indetectable en sangre y tejidos
Después del trasplante, todos los participantes mantuvieron el tratamiento antirretroviral y lograron la remisión de su enfermedad hematológica tras la retirada de los fármacos inmunosupresores.
Tras diversos análisis, los investigadores vieron que cinco de ellos presentaban un reservorio indetectable en sangre y tejidos. Este hecho es relevante porque estos parámetros siempre son detectables en personas infectadas por VIH, aunque tomen medicación antirretroviral.
Además, en uno de los participantes los anticuerpos virales habían desaparecido completamente siete años después del trasplante. Según Salgado, “este hecho podría ser una prueba de que el VIH ya no está en su sangre, pero esto solo se puede confirmar parando el tratamiento y comprobando si el virus reaparece o no”.
El único participante con un reservorio de VIH detectable recibió un trasplante de sangre de cordón umbilical –el resto fue de médula ósea– y tardó 18 meses en reemplazar todas sus células por las células del donante.
“Este proceso puede durar de uno a dos meses a más de un año, y hemos observado que cuanto más corto es este plazo, más efectiva es la reducción del reservorio”, añade Kwon.
Otro punto de interés es la enfermedad del injerto contra huésped, que se produce cuando las células del donante atacan a las células del receptor. El único participante con reservorio detectable no tuvo esta reacción.
“Si logramos controlar este efecto para que no sea fatal –dice José Luis Diez-Martin, jefe de servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Gregorio Marañón y colíder del estudio– no solo se destruyen las células tumorales del receptor, sino también otras células como las del reservorio viral”.
El siguiente paso será realizar un ensayo clínico para interrumpir la medicación antiretroviral en algunos de estos pacientes
Búsqueda de estrategias más seguras que el trasplante
Estos hallazgos podrían servir para el diseño de estrategias de cura del VIH menos complejas e invasivas, ya que el trasplante de células madre presenta una alta mortalidad y solo se recomienda en enfermedades hematológicas muy graves.
“Nuestro objetivo es dilucidar los factores que ayudan a erradicar el virus después del trasplante y luego imitarlos con estrategias alternativas más seguras que esta intervención”, concluye Javier Martínez-Picado, profesor de investigación de ICREA en IrsiCaixa y colíder del artículo.
Martínez-Picado también es codirector del consorcio IciStem junto con Annemarie Wensing, viróloga clínica del Centro Médico Universitario de Utrecht (Países Bajos).
El siguiente paso será realizar un ensayo clínico, controlado por médicos e investigadores, para interrumpir la medicación antiretroviral en algunos de estos pacientes y suministrarles nuevas inmunoterapias. De esta forma, se podrá comprobar si hay rebote viral y confirmar si el VIH ha sido erradicado del organismo.
La principal muestra para medir esta enfermedad es el dolor repartido en 18 puntos por todo el cuerpo y para obtener alguna incapacidad permanente debe haber, al menos, 14 puntos identificados, según los expertos.
Un Tribunal Superior de Justicia reconoce el dolor crónico que padece una trabajadora con fibromialgia, algo poco habitual en este tipo de juicios, ya que uno de los argumentos más utilizados por la Seguridad Social es que «el dolor es subjetivo y no constituye una base para acreditar que existe invalidez».
Dos sentencias han declarado la incapacidad permanente absoluta de dos empleados que presentaban el número máximo de puntos de dolor, limitándoles «para el desarrollo en condiciones aceptables de todo tipo de trabajo o profesión.
La fibromialgia no suele ser la primera causa para conceder una incapacidad permanente a los trabajadores que la padecen. Uno de los argumentos más utilizados en este tipo de procesos judiciales es que «no existen suficientes parámetros para medir el dolor, por ese motivo, para que la reconozcan en un juicio suele ir acompañada de trastornos en la salud mental», sostiene Mª José Iglesias Toro, abogada laboralista.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias recoge en una sentencia dos puntos sobre esta patología que no son habituales en las resoluciones de incapacidad: constata que la fibromialgia es la primera causa para conceder la incapacidad permanente absoluta a una trabajadora y además, el tribunal acepta los informes que constatan el dolor crónico que padece. «Algo poco habitual en este tipo de juicios, ya que uno de los argumentos más utilizados por la Seguridad Social es que el dolor es subjetivo y no constituye una base para acreditar que existe invalidez, explica Iglesias a eldiario.es.
Para que un tribunal falle a favor de la incapacidad permanente absoluta –aquella que no permite desempeñar ninguna función laboral– el afectado debe presentar «lesiones muy acentuadas acompañadas de una depresión crónica y de larga evolución», subraya la abogada. Este es el caso de Ana (nombre ficticio), camarera en un restaurante. Tras un proceso de incapacidad temporal derivado de un diagnóstico de fibromialgia, inició el trámite para conseguir la incapacidad permanente. El Equipo de Valoraciones de Incapacidades (EVI) de la Seguridad Social, le denegó la solicitud.
La empleada demandó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en un juzgado de primera instancia y la sala falló parcialmente a su favor concediéndole la incapacidad permanente total y una pensión del 55% de su base reguladora. No obstante, Ana recurrió la sentencia y solicitó al TSJ de Canarias que se incluyeran en el proceso las pruebas periciales que le diagnostican, además de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, ansiedad y vértigos.
Los expertos subrayan que una de las muestras para medir la enfermedad es el dolor, y para ello se tienen en cuenta 18 puntos que se reparten de forma simétrica por todo el cuerpo. Algunos se encuentran en la parte inferior del cráneo, pasando por las cervicales, escápulas, costillas y las rodillas. La confirmación de once puntos de dolor supone el diagnóstico de la enfermedad y debe haber al menos 14 puntos identificados para obtener la incapacidad permanente.
Limitaciones en la vida laboral
En el caso de Ana, se confirman los 18 puntos de dolor. El TSJ admite la prueba pericial que acredita su diagnóstico. La sentencia recoge que para determinar una incapacidad permanente absoluta habría que valorar las limitaciones que existen en la actividad laboral en vez de las lesiones que se padecen. Incluso el propio EVI –que denegó en un primer momento la petición de invalidez– acreditó que la afectada sufría mareos, náuseas y depresión.
«Habrá invalidez absoluta siempre que haya unas condiciones demostrables que inhabiliten para cualquier trabajo que tenga una retribución ordinaria dentro del ámbito laboral», constata la resolución. Esta incapacidad no permite desempeñar ninguna función laboral al no poder garantizar un mínimo de «rendimiento, eficacia y profesionalidad», a diferencia de la incapacidad permanente total, la cual no inhabilita al trabajador para el ejercicio de otras profesiones y es la más habitual en este tipo de procedimientos judiciales.
La sentencia del TSJ declara la incapacidad permanente absoluta de la trabajadora. Sostiene que los síntomas descritos son suficientes como para «limitar a la empleada para el desarrollo en condiciones aceptables de todo tipo de trabajo o profesión» y condena a la Seguridad Social a pagarle el 100% de su sueldo con las mejoras y revalorizaciones que correspondan desde febrero de 2017, fecha en que se inició el proceso judicial.
El caso de Mario (nombre ficticio) es similar. Era autónomo y se dedicaba al transporte de mudanzas. Le diagnosticaron fibromialgia con la acreditación de los 18 puntos de dolor, además de síndrome de fatiga crónica y trastorno del sueño.
El trabajador pidió la tramitación del expediente de incapacidad permanente, pero el EVI no se la concedió por «no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyan o anulen su capacidad laboral». Todo ello a pesar de que dos informes de dos hospitales de Madrid y Barcelona acreditaban las patologías que impedían a Mario desempeñar su trabajo con normalidad.
Mario también demandó a la Seguridad Social. En su caso, el juzgado de primera instancia le concedió la incapacidad permanente absoluta y ante el recurso interpuesto por la SS.SS, el TSJ de Madrid ha vuelto a fallar a favor del empleado, concluyendo que «las limitaciones físicas le incapacitan para su profesión». Además, la institución tendrá que pagarle el 100% de su base reguladora.
La justicia recalca en el proceso que existe jurisprudencia que considera la fibromialgia como secuela invalidante en grado absoluto o total, de ahí que, en este caso, la valoración realizada por la jueza de primera instancia se tenga en cuenta en el TSJ, ya que este tipo de patologías se suele analizar de manera individual.
Vista de la fachada del Tribunal Supremo. EUROPA PRESS
Decisión insólita en el Tribunal Supremo. El presidente de la Sala Contencioso Administrativo, Luis María Díez Picazo, ha hecho público un comunicado este viernes con “carácter urgente” en el que explica que avocará al Pleno compuesto por una treintena de magistrados el próximo pleito que les llegue relativo a quién corresponde pagar el Impuesto de actos jurídicos documentados, si a la banca o a los compradores.
Esta decisión se adopta horas después de que saliese a la luz la sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera donde se dio un durísimo varapalo a la banca. Díez Picazo ha decidido avocar el asunto a Pleno ya que dicho fallo supone un “giro radical” en la jurisprudencia y habida cuenta de “su enorme repercusión económica y social”. Será el Pleno el que decida ahora si dicho “giro jurisprudencial debe ser confimado o no”, recalca el presidente.
Además, el presidente de la Sala de lo Contencioso “deja sin efecto” todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes “con objeto similar”.
Jarro de agua fría
El Tribunal Supremo echó un jarro de agua fría sobre el sector financiero al modificar su jurisprudencia anterior y en una nueva sentencia conocida este jueves determinar que son las entidades bancarias las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.
En una sentencia de 16 de octubre, de la que fue ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala Tercera modificó su jurisprudencia anterior e, interpretando el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados y su reglamento, concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este último impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria (como aquella jurisprudencia sostenía) sino la entidad que presta la suma correspondiente.
Morgan Stanley, uno de los gigantes de Wall Street, advirtió en cuanto saltó la noticia de que el impacto para la banca española será muy significativo y situó la factura entre 7.000 y 9.000 millones de euros. La banca mediana será la más penalizada, especialmente Bankia y CaixaBank, según los expertos.
La firma norteamericana tomó como referencia que el importe de una hipoteca media en España oscila entre 100.000 y 150.000 euros con unos costes promedio de entre 4.000 y 5.000 euros. Asumiendo que el 60% se destina a impuestos y el resto de los gastos (notario, registro y tasación) se divide entre bancos y clientes, el coste de los AJD ascenderían a entre 3.000 y 4.000 euros por cada hipoteca.
Si crees que tú también te puedes ver expuesto a los «giros radicales» de la justicia tenemos a tu disposición el #Seguro de #ProtecciónJuridica que necesitas; y que te da acceso a un enorme equipo de abogados especializados en todas las materias legales; ¡POR UN PRECIO EXTREMADAMENTE REDUCIDO!.
Pregúntanos todas tus dudas y solicítanos Oferta de tu Seguro.
Estudiantes en la biblioteca de la facultad de Humanidades de la Universidad de Valencia, en una foto de archivo. SANTIAGO CARREGUI
No todos los pobres proceden de los entornos más extremos de la exclusión. Ni vienen de familias sin recursos. En España, más de un millón de titulados universitarios están en riesgo de pobreza. Son 320.000 más que hace 10 años, según el estudio que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) ha presentado este martes, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora este miércoles. La salida de la crisis ha redibujado el perfil de las personas pobres. La proporción de quienes se encuentran en estas circunstancias (tienen más de 16 años y un nivel de estudios medio o alto) ha pasado del 30% de 2008 al 35,8% de 2017. Si a los que tienen estudios superiores se suman los que han superado bachillerato o formación profesional la cifra de personas que viven en esta situación supera los de 2,7 millones.
Estos titulados forman parte de los 10 millones de personas que estaban en riesgo de pobreza el año pasado en España, el 21,6% de la población. Si bien son unas 300.000 menos que en 2016, la tasa de pobreza está lejos de volver a los registros anteriores a la crisis. Ahora hay unas 900.000 personas más en riesgo de pobreza que en 2008. Se pasa a formar parte de este grupo cuando el hogar no llega al umbral de pobreza, fijado en el 60% de la mediana de renta del país por unidad de consumo.
«He pasado muchísimas noches sin dormir por la angustia», cuenta por teléfono Rosa, una madrileña de 52 años que prefiere no dar su nombre real. Es ingeniera de sistemas informáticos. Trabajó toda su vida en Estados Unidos, pero en 2006, tras la muerte de su padre, volvió a España para estar más cerca de su familia. Aquí estuvo empleada en un banco y en una multinacional, hasta que en 2016 la despidieron. Después, el abismo. «Eché más de 500 currículos. En estos dos años he ido tirando con el paro y el dinero de la indemnización, pero los ahorros se acabaron. En abril empecé a cobrar los 430 euros y tengo una hipoteca de 800», prosigue. Se inscribió en un programa de ayuda de búsqueda de empleo de Acción Contra el Hambre. El mes pasado encontró trabajo. Sus condiciones han mejorado, pero sigue viviendo al límite. «Soy prácticamente mileurista», cuenta. «Estoy en un periodo de prueba. Quién sabe si volveré al paro», afirma. Su angustia aún no cesa.
Además de la tasa de pobreza, el informe de EAPN-ES —que aglutina a ONG y entidades que luchan contra la pobreza, entre las que figuran, por ejemplo, Cáritas o Cruz Roja— mide otros dos indicadores: la baja intensidad del empleo en los hogares (que los mayores de 18 años en la unidad familiar no hayan trabajado más que un 20% de sus posibilidades en el último año) y la privación material severa (que tengan problemas en al menos cuatro de nueve indicadores, algunos de los cuales son poder permitirse mantener la vivienda a temperatura adecuada o la ingesta de proteínas al menos cada dos días). Estas tres variables se utilizan para calcular la tasa AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion, por sus siglas en inglés). Teniendo en cuenta estos tres elementos, aún más personas atraviesan circunstancias de vulnerabilidad. El 26,6% de la población se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2017, es decir, 12,4 millones de personas. Si bien la cifra mejora los casi 13 millones del año anterior, sigue estando por encima de los alrededor de 11 millones de personas que estaban en esta situación en 2008.
El informe rompe estereotipos y traza el perfil de los pobres en España. Una parte importante de esta población está constituida por personas españolas, adultas, con trabajo y con un nivel educativo medio o alto. «Creemos que hay que pasar hambre para ser pobre, y no necesariamente es así», explica Juan Carlos Llano, el sociólogo que ha elaborado el estudio. «Primero nos educaron en la creencia de que tener empleo era suficiente para no caer en la pobreza. Hemos visto que no es así. De hecho, más del 30% de las personas pobres tiene trabajo. Después creímos que bastaba con ir a la universidad para poder tener una vida decente, y tampoco», prosigue Llano. La educación sigue siendo un colchón para evitar caer en el riesgo de pobreza, pero «la precariedad ha causado estragos», sostiene Llano. «No solo alcanza a trabajos menos cualificados, va subiendo de nivel y llega a grupos que se creían libres de esto», apunta.
El documento presentado por EAPN-ES, muy extenso, aborda la situación de la pobreza desde distintos puntos de vista. Arroja diferencias por territorios (con Navarra con un 13,5% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social frente a un 44,3% de Extremadura), sexo (6,4 millones de mujeres en riesgo frente a 5,9 millones de hombres), edad (casi uno de cada tres menores de 16 años está en riesgo de pobreza o exclusión) o composición del hogar (casi la mitad de las personas que viven en hogares monoparentales está en riesgo). El informe concluye que PIB y pobreza no van de la mano, ya que, pese a las mejoras económicas, las cifras de personas en situación de vulnerabilidad no se han recuperado respecto a 2008. Se han ahondado las desigualdades y los pobres, aunque sean menos que en 2016, son más pobres.
Parón en la contratación. Las empresas de trabajo temporal (ETT), que siempre actúan como un indicador adelantado de la evolución del mercado laboral, están detectando un estancamiento en los contratos desde el pasado mes de agosto. “Hasta julio teníamos crecimientos importantes, por encima del 12%, pero en agosto ha habido un frenazo, que se ha sostenido en septiembre y en lo que llevamos de octubre”, asegura Manuel Solís, director general de ManpowerGroup.
El presidente de Asempleo, patronal de las empresas de trabajo temporal y las agencias de empleo, Andreu Cruañas, lo constata: “Han empeorado las perspectivas sin ninguna duda. Esperamos caídas en la contratación en el tercer trimestre”.
Las contrataciones han caído un 4% y pueden poner en riesgo la campaña navideña.
El descenso de los contratos, indica Santiago Soler, secretario general de Adecco, es del 4%. “Se ha notado en verano y se sigue notando ahora, pues hay contrataciones recurrentes que no se están haciendo”, asegura. De momento, según el directivo de Adecco, la caída no es preocupante. Pero, si continúa, sí lo será porque a lo largo de este mes de octubre es cuando empiezan los trabajos preparatorios para la campaña de Navidad, durante la cual las altas en la Seguridad Social suben entre el 15% y el 25% sobre un mes normal.
Y es que las previsiones económicas se están revisando a la baja. Ha sido un verano en el que el turismo no ha tenido un crecimiento exponencial como venía siendo habitual en los últimos siete años, explica David Díaz, socio responsable del área laboral del bufete Baker & Mckenzie. “Ha cambiado el escenario en España. Se espera menor crecimiento económico y el marco político actual genera incertidumbre en las empresas. No estamos acostumbrados a mandatos cortos, de un año o año y medio”, agrega. A esas variables se suman además las tensiones comerciales internacionales, que están impactando negativamente y no solo al sector exportador.
Sin motores
Las empresas se han vuelto conservadoras en el reclutamiento de personal porque se percibe “calma chicha” en el crecimiento de sus negocios, apoya Francisco Puertas, director del área de Talento de la consultora Accenture. “Es una cuestión de confianza”, sostiene Cruañas. El turismo se ha comportado peor de lo esperado y el consumo de las familias ha caído. Los grandes motores de la contratación hasta este verano habían sido el comercio, el turismo y la distribución logística. Ahora todos ellos se están ralentizando, prosigue. Igual que está ocurriendo con la construcción.
MÁS INFORMACIÓN
La afiliación da un respiro al subir en 22.899 empleos pese a que el paro registrado crece
La brecha salarial entre empleados a tiempo completo y parcial es de 4,78 euros por hora
“He tenido 130 contratos en dos años”
Manuel García-Izquierdo, presidente de la Confederación Española de Comercio, reconoce el deterioro de su sector, “las rebajas no han funcionado bien y, con el buen tiempo que está haciendo, tampoco las ventas de la colección de otoño-invierno de moda están evolucionando positivamente. En el pequeño comercio las contrataciones están paradas”.
Aunque esos sectores no son los únicos afectados. Los fabricantes del automóvil han tenido un frenazo en las contrataciones y, con ellos, han caído en cascada el resto de las industrias, según Manuel Solís. No hay automovilística que se salve. La logística también ha sufrido un estancamiento, lo mismo que la alimentación. De cualquier forma, “no es un sector o un cliente concreto, el bajón en los pedidos es generalizado”, sentencia. Eso sí, Manpower también espera que este deterioro sea coyuntural.
En 2018 podrían crearse 470.000 empleos en vez del medio millón previsto inicialmente.
Ante estas perspectivas, Asempleo ha vuelto a revisar sus previsiones económicas. Lo ha hecho a la baja, como está sucediendo en general con los analistas. Si a principios de año esperaba que el empleo creciese un 2,7% en el conjunto de 2018, ahora prevé un alza del 2,5%. “Quizás lleguemos a los 470.000 puestos de trabajo creados”, duda Cruañas, para quien es poco probable que dos o tres meses de empeoramiento del mercado de trabajo den al traste con el crecimiento de todo el ejercicio. Las cifras de Asempleo coinciden con las previstas por las entidades que forman parte del panel de la Fundación de Cajas de Ahorros Confederadas (Funcas).
En la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC), de la que forman parte 380 empresas, han detectado mucho antes la ralentización de la contratación, según su presidenta, Yojana Pavón. Y no solo eso. “Desde principios de año tanto la gestión de procesos de selección de personal como las ofertas de empleo han bajado con respecto a 2017. En concreto, los primeros han descendido un 15% y las ofertas del orden de cuatro puntos porcentuales en el primer semestre del año. Y septiembre ha sido nefasto en cuanto a procesos de selección”.
Corta duración
Pero lo peor no es eso. Desde su punto de vista, el mayor problema es que desde la pasada Semana Santa, han crecido extraordinariamente los contratos de corta duración. De un mes o un mes y medio, contratos que el año pasado en las mismas condiciones podían durar entre tres y seis meses. Pavón cree que esta situación responde al abuso del contrato de emprendedores para menores de 30 años, a la falta de incentivos a los sectores tecnológicos que son los que están creando empleo y a que a la empresa le sigue interesando más la parcialidad.
De cualquier forma, las previsiones económicas para el año que viene se presentan peores y, por tanto, también hay perspectivas más bajas en cuanto a creación de puestos de trabajo. En 2019 el crecimiento del empleo será inferior, “probablemente destinado a reponer la rotación natural que se produce en las grandes compañías”, según Francisco Puertas.
LA EXCEPCIÓN
El sector tecnológico es una rara avis dentro de esta tendencia general de deterioro de la contratación. Según el Observatorio de Empleo de la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC), ya genera el 20,3% de las ofertas de trabajo que se publican en España en los más de 65 portales de Internet que ha estudiado entre los meses de agosto y septiembre. De las casi 625.000 ofertas existentes en total, más de 127.000 correspondían a posiciones para los sectores de ingeniería, tecnología e informática. “Un claro síntoma del proceso de digitalización que están sufriendo las empresas españolas en el último año”, dice el estudio, que pone de manifiesto que el negocio tecnológico es el que más trabajadores está necesitando.
Vista de la fachada del Tribunal Supremo. EUROPA PRESS
El Tribunal Supremo ha decidido que es el banco y no el cliente el que debe abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en la firma de una hipoteca, corrigiendo así su doctrina anterior.
En una sentencia fechada el pasado 16 de octubre, el alto tribunal establece que es la entidad prestamista, y no quien recibe el préstamo, el que tiene interés en inscribir la operación y elevarla a escritura pública.
De este modo, la sala tercera del Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior e interpreta el texto refundido de la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y concluye que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, durante un reciente acto en Madrid. (FERNANDO VILLAR | EFE)
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha sorprendido este lunes a propios y extraños en el Congreso de los Diputados al afirmar que, durante los últimos 40 años y descontando los impuestos que se han ido añadiendo a la factura, «el coste unitario de la electricidad para los hogares en términos homogéneos se ha incrementado un 30% menos que la renta media de una familia española, un 40% menos que el precio del metro cuadrado de vivienda en la capital y un 45% menos que el coste de un producto básico como el pan«.
«E incluso considerando todos los impuestos y costes de política energética que soporta actualmente la factura de electricidad, el precio por kWh final ha crecido un 7% menos que la renta media de las familias», ha añadido Galán durante su participación en el simposio La gran transformación de los servicios públicos: 40 años que cambiaron España organizado en el Congreso de los Diputados con motivo del 40 aniversario de la Constitución.
Galán, que en 2017 se embolsó un sueldo de más de nueve millones de euros y que incluso en 2008, al inicio de la crisis, mientras miles de españoles perdieron su empleo, llegó a ganar más de 17 millones, también ha querido subrayar algo para él importante: «Las eléctricas españolas son hoy más eficientes, sólidas e internacionales», lo que en su opinión, eso las ha convertido en líderes mundiales y en «motores de crecimiento y dinamización de la economía del país».
«Quien contamina paga»
Galán también ha querido mirar al futuro, y en ese sentido ha declarado que es «perfectamente alcanzable» que en 2030 entre el 70% y el 80% del consumo de electricidad proceda de energía renovable, aunque considera que para ello hay que aplicar «el criterio de que quien contamina, paga».
«El medio ambiente no es un problema, sino una gran oportunidad de creación de riqueza y empleo, pero siempre que apliquemos el criterio de que quien contamina, paga. Si no, no lo conseguiremos», ha aseverado Galán .
Así, ha recordado que los objetivos para 2030 pasan por un peso de las energías renovables del 32% y que ello llevaría a que entre el 70% y 80% de la electricidad proceda de fuentes renovables. «Son objetivos ambiciosos pero perfectamente alcanzables desde un punto de vista tecnológico y económico», ha dicho Galán
Esto pasaría, ha abundado, por la integración en el sistema eléctrico de 40.000 nuevos megavatios (MW)—»el 40% de lo instalado», ha añadido—, la extensión y digitalización de las redes de distribución, un «aumento sustancial» de la capacidad de almacenamiento, la ayuda al consumidor para una «gestión más activa» de la demanda y la electrificación del transporte.
En este último punto, ha apostado por que «el despliegue del coche eléctrico tiene que ser una realidad». «Como empresa eléctrica, no queremos ser el cuello de botella para este despliegue y estamos en un proceso de despliegue de contadores en todas las carreteras para que pueda ocurrir», ha subrayado.
Todo ello, ha desgranado, implicaría una inversión global de entre 70.000 y 100.000 millones de euros, pero también «marcos claros e incentivadores que garanticen la estabilidad regulatoria, atraigan ese capital y aporten visibilidad más allá de situaciones coyunturales». «Hay que hacerlo atractivo a inversores mundiales», ha advertido.
Varios de los trabajadores de la fábrica de Alcoa en A Coruña. (EFE)
CatSeguros CatFiles CatNews 