La Noticia (ElNacional.cat 07/Nov/2019):
A pesar del respaldo mayoritario con el que está contando desde los medios españoles, el decretazo de excepción digital que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez hizo publicar en el BOE el martes 5 de noviembre, no es sino un auténtico 155 digital, como se le ha bautizado desde distintas instancias.
“Ni habrá independencia offline, ni online”, declaró Sánchez en una entrevista en Onda Cero el último día de octubre. Y unos días después, el Ejecutivo provisional de España ha revelado su fórmula diseñada para entorpecer la República Digital de Catalunya.
La fatal ocurrencia, que tiene rango de decreto ley, pasa por cercenar las libertades en las comunicaciones “en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad ciudadana”. Sin necesidad alguna de intervención judicial, el Gobierno, “con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas”. En definitiva, cada vez que el Gobierno de España considere arbitrariamente que se da alguno de los abstractos supuestos anteriormente citados. Pero, ¿en qué se podría sustanciar esta nueva norma cuya decisión y publicación oficial ha tenido lugar en plena campaña electoral?
El 155 digital: cerrar webs sin pasar por sede judicial
En el caso del decreto-ley que acaba de publicarse en el BOE, las actuaciones arbitrarias del Gobierno de España podrán afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento, o nivel de la red o del servicio que resulte necesario. Lo que significa que el Ejecutivo se arroga a sí mismo la potestad incontestable de añadir más casos para cerrar webs o bloquear servidores sin pasar por sede judicial.
Intervención total de Internet en España
La gravedad del decretazo no queda ahí, que ya de por sí es grave, sino que otorga al Gobierno la autoridad de intervenir Internet en cualquiera de sus diferentes estratos. Desde exigir a las operadoras que no permitan el acceso a un determinado servidor, hasta obligarles a que bloqueen todas las conexiones a ese servidor. El Ejecutivo podría, incluso, llegara cortar todas las conexiones, inalámbricas o por cable en una determinada zona geográfica, lo que podría conllevar que una parte importante de la población se quedara directamente incomunicada durante un período de tiempo, haciendo que, de facto, el Gobierno controle totalmente la infraestructura tecnológica del Estado.
Por tanto, dada su naturaleza arbitraria y a todas luces abusiva, y las consecuencias que supondría querer matar moscas a cañonazos, hablar de un 155 digital tiene todo el sentido, ya que se impediría a los ciudadanos ejercer su derecho a comunicarse, su libertad para informarse y la posibilidad de contar el medio más potente, diverso, igualitario e inmediato como es Internet. Algo irracional en pleno siglo XXI y que solamente ocurre en las dictaduras y en países cuyos gobiernos tienen caracteres claramente totalitarios.
Desde estamentos que se preocupan por vigilar el estado de salud de Internet, ya apuntan que es un preocupante salto cualitativo respecto a la Ley Mordaza aprobada cuando Rajoy era presidente de España y hablan de estado de excepción digital. Tanto es así que en Twitter está teniendo bastante seguimiento el hashtag #EstadoExcepcionDigital.
La falta de tutela judicial para que el Ejecutivo español se pueda lanzar a cometer tantas actuaciones contrarias a la libertad de comunicación como considere oportunas no significa que en el futuro la justicia española no acabe considerando esta nueva vuelta de tuerca legal contraria a derecho por parte del Estado. Pero, de ser así, el daño que puede sufrirse por el camino ya estaría hecho y en la mayoría de los casos no habría manera real de repararlo. Y mientras tanto, los ciudadanos y las empresas han visto cómo un derecho básico como es el uso de Internet podría dejar de serlo en cualquier momento, empeorando así la calidad democrática de un Estado que presume de pertenecer a la Unión Europea.
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