A mi modo de ver, ¡excelente resumen de lo sucedido en las últimas 3 décadas.
Felicidades por tan claro y directo resumen.
Puede no gustar, sin embargo, es resumen de lo sucedido, del plan argüido y, finalmente, puesto en marcha.
Saludos
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Puede no gustar, sin embargo, es resumen de lo sucedido, del plan argüido y, finalmente, puesto en marcha.
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Parece que Pedro Sánchez no dejará un impuesto sin subir. El paquete fiscal del Gobierno, que poco a poco va tomando forma, pasa por gravar más, entre otros grupos, a las rentas altas, a las firmas tecnológicas e intentarlo también con las grandes empresas.
Pero, a falta de conocer qué ingredientes entran y salen finalmente de la receta de Sánchez, los expertos siguen pensando que los números no salen por ningún lado. El objetivo de subir la presión fiscal del 38% a «por encima del 40%» (declaraciones de abril), o «cerca del 46%» (de septiembre), equivale a un incremento en 40.000 y 80.000 millones de recaudación, respectivamente, que está muy lejos de las previsiones.
La influencia del partido de Pablo Iglesias en los planes es clara. Las últimas palabras de la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, que remarcaron que el acuerdo con Podemos para ir a por rentas altas está «prácticamente cerrado», fueron la última muestra.
El profesor Gonzalo Bernardos incide precisamente en que uno de los peajes de Sánchez es tener que plegarse a sus socios de Gobierno y, como gesto, aumentar el tipo marginal sobre la renta hasta el 52% para aquellas superiores a 140.000 euros anuales.
¿El impacto? Los técnicos de Hacienda, antes de conocer que se introduciría por debajo de esa cantidad otro tipo intermedio para hacer el impuesto «aún más progresivo», calcularon que este hachazo no arrancará más de 1.900 millones de euros. Este total, extraído en base al Programa de Estabilidad 2018-2021, forma parte de los 9.700 millones que los expertos pensaron que el nuevo Gobierno podría conseguir.
A su vez, esta medida colocará a España entre los cinco países europeos más agresivos con las rentas altas, lo que podría tener un efecto adverso. Más, si al final se suma una subida a los tipos al ahorro para aquellas personas que ganan más de 50.000 euros con sus inversiones.
«Está claro que hay que gravar el capital, de acuerdo. Pero, ¿y si se va?», se pregunta el economista Santiago Niño Becerra, desmontando la lógica de que tener impuestos más altos se traduce en recaudar más.
Es el segundo de los pilares de Sánchez y puede que, junto al impuesto a la banca, termine siendo papel mojado. La pretensión inicial, con la que buscaba recaudar 4.000 millones, era establecer a las multinacionales una tributación mínima del 15% de sociedades sobre el resultado contable. La medida sorprendía, ya que el propio Sánchez la rechazó en 2016, cuando negoció con Ciudadanos para alcanzar un pacto de gobierno y presentarse a la investidura.
Es cierto que hay razones para el debate. «España ingresa en sociedades 20.000 millones menos desde 2007», explica Bernardos. En términos de recaudación sobre el PIB, el peso del impuesto ha pasado de ser el 22% en 2007 al 10% en 2010, nivel que desde entonces casi no ha subido (11,5% en 2017) a pesar de salir de la crisis económica.
No obstante, el Ejecutivo podría seguir permitiendo que los niveles no remontasen. Lo haría, en parte, si deja que las grandes compañías continúen diluyendo la base imponible respecto al resultado contable neto gracias a las deducciones (por correcciones al resultado, consolidación de grupos o bases imponibles negativas) a las que pueden acogerse.
No todo el mundo lo ve igual. Luis del Amo, secretario técnico del Reaf, el órgano especializado en fiscalidad del Consejo de Economistas, calificó el nuevo tipo que Sánchez estudiaba como “burdo”, al igual que otros expertos, que no dudaron en señalar que la medida iba directamente contra la inversión y competitividad de las grandes empresas. Del Amo fue claro al señalar los defectos: ¿Qué se pretende? ¿que una empresa tribute el 15% de su base imponible aunque haya hecho mucha inversión deducible en I+D?”.
La tasa Google, aquella que pretende gravar a las tecnológicas por la actividad real que generan en España pero anotan en las cuentas de sus matrices extranjeras, no es una medida original, ni mucho menos, del Ejecutivo socialista. El Plan de Control Tributario de Hacienda de 2014 ya señalaba la necesidad de hacer frente a «nuevas formas de fraude» por la deslocalización de las tecnológicas y Bruselas lleva tiempo analizando la situación, hasta que en marzo de este año puso la primera propuesta sobre la mesa.
Y, aunque es verdad que Montero seguirá las orientaciones comunitarias –un tipo del 3% y limitar la aplicación a las que facturan más de 750 millones globalmente–, también lo es que quiere añadir su letra pequeña: no dejar escapar a aquellas que facturan tres millones o más en territorio nacional.
Esto se entiende leyendo entre líneas sus últimas declaraciones, en las que apuntó a que el fisco pondrá especial atención en plataformas de “alquiler y transporte”, es decir, Airbnb y Uber, cuyas filiales españolas facturaron casualmente 2,8 y 2,9 millones en 2017, respectivamente. Ambas compañías, como muchas otras –Amazon y Netflix o Facebook y Twitter–, tienen sus matrices en países de baja tributación, principalmente Irlanda, Holanda y Luxemburgo.
Niño Becerra insiste en que la normativa solo puede salir bien «si se va de la mano de Europa», donde hay muchas más dudas por los posibles efectos contraproducentes en el proceso de digitalización de la industria. Como muestra, las declaraciones del director general de Ericcson España, que amenazó con trasladar a Portugal sus centros inovación en el mismo momento en el que se implantara la tasa.
Hay un último problema para sacar adelante este impuesto que no superará los 600 millones de euros de recaudación. Al tratarse de una nueva medida tributaria, debe tramitarse como una proposición de ley, o lo que es lo mismo, conseguir el apoyo de otras fuerzas políticas en el Congreso, donde los 84 diputados del PSOE visibilizan la debilidad de Sánchez.

La festividad del Día de la Hispanidad no ha dado tregua a la bolsa española. Al contrario, el mercado español se ha desmarcado del rebote experimentado por los grandes índices de Europa y Estados Unidos, y sella este viernes un recorte superior al 1% que corrobora la que ha sido la peor semana del Ibex desde el pasado febrero.
El índice de referencia de la bolsa española ha firmado un descenso semanal del 3,8%, que le sitúa ya por debajo de los 9.000 puntos, en niveles que no tocaba desde finales de 2016. Las turbulencias que han experimentado las bolsas mundiales en las últimas jornadas han golpeado con intensidad al mercado español. Los temores de los inversores a que determinadas señales estén apuntando a un fin del ciclo de crecimiento económico han provocado una huida que, aunque muchos expertos consideran exagerada, arroja síntomas preocupantes sobre la confianza inversora.
En cualquier caso, el revés sufrido este viernes por el Ibex, a contrapié de los grandes índices mundiales, refleja que en torno a la bolsa española empiezan a pesar cuestiones intrínsecas, que poco tienen que ver con los miedos globales. La publicación del plan presupuestario pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez con el grupo de Unidos Podemos deja sobre el parqué un reguero de incertidumbres que aleja a los inversores de las acciones españoles. Como observan los analistas de Link Securities, los planteamientos recogidos en el documento publicado este jueves representan “malas noticias para la bolsa española, que puede tener un peor comportamiento relativo al resto, al menos hasta que se sepa si el mencionado presupuesto cuenta o no con los apoyos necesarios para ser aprobado en el Congreso”.
Los analistas señalan que los planes presupuestarios del Gobierno son una mala noticia para la economía y las bolsas
Es cierto que la mayor parte de los analistas sigue aferrándose al hecho de que las posibilidades de que el plan presupuestario salga adelante según lo pactado entre el Gobierno y Podemos son reducidas, pero la mera posibilidad deja vía libre a los recelos y esas dudas hacen mella especialmente en el sector energético, que por segunda jornada consecutiva lidera las caídas en la bolsa española. Endesa -señalada como la firma potencialmente más amenazada- registra un revés que supera el 4%, mientras que Acciona e Iberdrola pierden más del 3,4%. También Enagás roza el 3% de caídas, y Red Eléctrica y Naturgy sufren castigos en el entorno del 2%. De este modo, las seis eléctricas españolas acumulan ya pérdidas superiores a los 6.000 millones de euros de capitalización en solo dos sesiones.
Como observan los analistas de Santander, las medidas contenidas en el plan de Presupuestos del Gobierno dejan clara la voluntad de poner coto a los beneficios del sector eléctrico, por lo que, “incluso si no se aprueba el daño ya está hecho y continuarán presionando al sector”.
Pero no solo las eléctricas sufren las dudas generadas por las intenciones del Gobierno. Los analistas de Alantra consideran que si el presupuesto se aprobara en los términos planteados este jueves “sería una mala noticia para la economía y los activos financieros españoles y nos llevaría a recortar estimaciones y precio objetivo para nuestro universo de acciones”. No parece casualidad que desde la publicación del acuerdo, la deuda española se haya comportado tan mal como la italiana y la prima de riesgo con Alemania se haya ampliado en once puntos básicos, hasta los 118.
Mientras tanto, el resto de bolsas mundiales amagaba con un rebote sin fuerza que poco ayuda a alejar los temores acumulados en los últimos días. De hecho, en el último tramo de la sesión en la bolsa europea, las ventas volvían a abrirse paso, llevando al Ftse Mib italiano a restar cerca del 0,5% y al Cac 40 galo, el Ftse 100 británico y el Dax alemán a dejarse entre un 0,2% y un 0,1%. El EuroStoxx 50 restó un 0,5% y se sitúa ya un 13,5% por debajo de sus niveles de hace un año. Al igual que el Ibex, cotiza en mínimos desde 2016.
En Wall Street, en cambio, los principales índices mantenían las alzas a media sesión, favorecidos por un buen arranque de la temporada de resultados. Así, el Nasdaq remontaba más de un 2%, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones registraban repuntes de alrededor del 1%.
Los expertos coinciden en que la volatilidad seguirá reinando en las bolsas en las próximas jornadas, con los inversores pendientes de la evolución de factores clave como las rentabilidades de los bonos o los datos macroeconómicos, en busca de pistas que les ayuden a calibrar si efectivamente la economía global se enfrenta a algo más serio que una leve desaceleración y ha llegado el momento de reducir la exposición al riesgo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este jueves que el Ejecutivo adoptará “todas las medidas legales a su alcance” en defensa de la legalidad tras la resolución aprobada en el Parlamento catalán que reivindica los valores republicanos y apuesta por “la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía”.
“Es inadmisible la resolución votada esta tarde en el Parlament de Cataluña que pretende rechazar y condenar al jefe del Estado”, ha subrayado el presidente del Gobierno en un mensaje en su cuenta personal de Twitter, en que advierte que adoptará “las medidas legales a su alcance en defensa de la legalidad, la Constitución y las instituciones del Estado”.
La iniciativa también rechaza y condena “el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán”, ya que considera que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.
Ante esta resolución, el Ejecutivo central ha recalcado que la posición constitucional del jefe del Estado “debería quedar siempre al margen de su utilización en el debate partidista” y ha anunciado que adoptará “las medidas legales a su alcance para impedir siempre aquellas actuaciones que socaven la posición constitucional de todas cada una de las instituciones del Estado” en defensa de la legalidad y de la Constitución.
El Gobierno considera “políticamente inaceptable” esta resolución, que ha salido adelante con los votos de los comuns, JxCat y ERC –69 votos–, la abstención de la CUP –4– y el rechazo de PP, PSC y Cs –57–. Además, subraya que la misma “es producto de la deriva de los grupos independentistas que, inexplicablemente, han contado con el apoyo de otro grupo parlamentario, en su irresponsabilidad de utilizar las instituciones catalanas para alentar el conflicto y no para servir a los intereses generales de todos los catalanes”.
“La extravagancia jurídica de este intento de condena y rechazo de S.M el Rey Felipe VI, que carece de todo fundamento legal y constitucional, no resta gravedad a la actuación protagonizada esta tarde por los citados grupos”, argumenta el Ministerio de Presidencia en un comunicado.
La misma resolución de los comuns ha hecho que el Parlament haya condenado “los actos represivos contra la ciudadanía y las amenazas de ilegalización” contra partidos catalanes, en alusión a las voces del PP y Cs que recientemente han planteado ilegalizar a la CUP.
El texto de reprobación de este jueves se ha aprobado en el debate monográfico sobre convivencia que se ha celebrado a instancias de Cs y, tras certificarse que la iniciativa recibía la luz verde de la Cámara, los grupos que han votado a favor han protagonizado un largo aplauso. En el mismo pleno se ha votado a favor de la reprobación de la expresidenta Núria de Gispert por sus continuos insultos a Inés Arrimadas y a favor del derecho de Cataluña a celebrar un referéndum de autodeterminación.

Seis muertos y varios desaparecidos es el balance provisional que han causado las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en Sant Llorenç (Mallorca). Los servicios de emergencia y rescate que trabajan en la zona afectada por el desbordamiento del torrente de Sant Llorenç, en la comarca mallorquina de Levante, buscan a cinco personas de cuya desaparición hay constancia porque fueron vistas en una situación de riesgo durante la riada, informa Efe.
Según ha informado la Conselleria de Hacienda y Administraciones Públicas, responsable del centro de coordinación de emergencias 112, varios testigos han dado cuenta de la desaparición de estas cinco personas, aunque no se descarta que el número de vecinos de quienes no se tiene noticia pueda ser mayor. Hasta las 8.00 horas, son cinco las personas fallecidas por el desbordamiento del torrente de Sant Llorenç, ocasionado por las lluvias de más de 200 litros por metro cuadrado acumuladas en la tarde de ayer al este de Mallorca.
Pedro Sánchez ha expresado a través de Twitter su “solidaridad y apoyo a las familias y amigos de las víctimas mortales, y a todos los afectados por estas trágicas inundaciones”. El presidente del gobierno se desplazara hoy a las localidades mallorquinas afectadas por las trágicas riadas de ayer. Los Ministerios de Interior y Política Territorial y el Govern de Illas Balears elevarán mañana un informe al Consejo de Ministros para evaluar el alcance de las pérdidas humanas y materiales y tomar las medidas urgentes necesarias ante los terribles daños sufridos en la isla de Mallorca.La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplazado hasta Mallorca un centenar de efectivos, ocho vehículos, una embarcación, tres helicópteros y tres perros de rastreo para sumarse a las labores de búsqueda de víctimas y auxilio a los afectados.
A primera hora de la madrugada partió de Valencia un barco con 18 militares que transporta asimismo 8 vehículos todoterreno y una embarcación que se incorporarán al dispositivo desplegado en el Levante mallorquín por los cuerpos de seguridad y emergencias civiles. Todos los servicios de emergencias disponibles, Guardia Civil, bomberos, policías locales y efectivos de Protección Civil, trabajan desde anoche en la zona afectada por los desbordamientos tratando de auxiliar a personas atrapadas y de localizar a los desaparecidos.
En torno a un centenar de personas han pasado la noche en el polideportivo de Manacor, habilitado, junto a otros espacios públicos, para acoger a quienes no pueden llegar a sus casas o han tenido que abandonarlas a causa de las inundaciones o daños sufridos por las correntadas. Para las 8.30 horas de hoy se ha convocado una reunión del grupo asesor del plan autonómico de inundaciones, Inumbal, en la sede del 112 en Palma para coordinar los trabajos que se llevan a cabo en la comarca de Levante.
A dicho encuentro asistirá la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, que informó en la misma red social de que está en contacto con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y otros miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según la última información del Consell de Mallorca, nueve carreteras de la zona este de la isla de Mallorca permanecen cerradas a causa de los desbordamientos de torrentes y las inundaciones.
Hasta 220 litros de agua por metro cuadrado cayeron ayer por la tarde en la zona de Sant Llorenç, según el Govern balear. El Servicio de Emergencias del 112 pide a todos los vecinos que permanezcan en sus casas y que ningún alumno vaya a clase en los colegios de los municipios de Sant Llorenç, la Colònia de Sant Pere, Artà y Son Servera.

n el otoño de 2011 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se caía en pedazos. El azote de la recesión y el duro ajuste que se vio obligado a aplicar en mayo de 2010 dejaron al PSOE tocado sin remisión. Las encuestas ya apuntaban lo que se iba a confirmar en las elecciones del mes de diciembre, en las que el PP obtuvo el 44,6% de los votos y una sólida mayoría absoluta con 186 escaños.
Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Central Europeo (BCE) tenían bajo la lupa al sector financiero español. La burbuja del ladrillo había dejado dañado al sector y, sobre todo, a las cajas de ahorro, que habían sufrido un proceso de concentración fruto del cual fue el nacimiento de Bankia, que presidía desde 2010 el ex vicepresidente del gobierno y ex gerente del Fondo Monetario, Rodrigo Rato, que había salido triunfante del pulso planteado para hacerse con el cargo frente al entonces número dos de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, apoyado en sus aspiraciones por la presidenta Esperanza Aguirre.
Entre los banqueros se sabía que, de entre los bancos enfermos, el más grave era Bankia. Los planes de Rato para tapar su agujero (estimado por su equipo en unos 7.000 millones de euros) no convencían al Banco de España, ni, desde luego, a los inversores internacionales, que temían un estallido que podía terminar afectando a todo el sector, con gigantes como el Santander o el BBVA mirando de reojo a los planes del que ya se daba por seguro nuevo gobierno popular.
En ese escenario tuvieron lugar varias reuniones, en la sede del PP de la calle Génova, entre el presidente del partido, Mariano Rajoy y el presidente de La Caixa,Isidro Fainé. Rajoy mantuvo informado de todo ello al que después sería su ministro de Economía, Luis de Guindos.
La relación en aquellos tiempos entre Fainé y Rajoy era estrecha. Fluía entre ambos una sincera cordialidad. El líder del PP sabía que nada más llegar a Moncloa tendría sobre la mesa dos grandes problemas: una crisis económica muy condicionada por la situación de la banca y, por otro lado, la cuestión catalana. Rajoy le planteó abiertamente a Fainé la posibilidad de fusionar La Caixa con Bankia. La entidad catalana era una de las más solventes de España, ambas tenían un poderoso grupo industrial y, con la operación, se podía llevar a cabo un intento de apaciguamiento en el enfrentamiento entre el gobierno y la Generalitat que se había recrudecido tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña (28 de junio de 2010).
Fainé estuvo de acuerdo y transmitió los planes de Rajoy al entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, que dio plácet a la concentración que podía dar lugar a la primera entidad española por número de sucursales y depósitos.
Pero Rato se resistió a llevarla a cabo, jaleado por Aguirre, que no quería que La Caixa terminara engullendo a una entidad esencialmente madrileña como era Bankia, que había jugado (siendo Cajamadrid) un papel determinante en algunas operaciones empresariales como el rechazo a la OPA de Gas Natural sobre Endesa.
Rato estaba seguro de que podía sacar adelante a Bankia sin necesidad de dejarse absorber. Confiaba en las ayudas del Banco de España y del propio gobierno, una vez que el PP ganara las elecciones. El ex ministro de Economía había aceptado integrar en el conglomerado capitaneado por Cajamadrid a Bancaja, otro zombiefinanciero, y eso, creía él, le proporcionaba cierto blindaje para que se le concedieran facilidades para sacar adelante el monstruo creado sobre la base de acumular entidades insanas. O sea, que Rato frustró la añorada fusión que pretendía Rajoy.
Pero, para su sorpresa, una vez que Rajoy llegó a Moncloa y que Guindos fue nombrado ministro de Economía, las cosas no fueron a mejor. Sino todo lo contrario. Sus planes de viabilidad eran sistemáticamente rechazados. Y La Caixa ya había tomado su propio camino, una vez que se perdió la oportunidad de llevar a cabo la mayor fusión bancaria española en aquel ya lejano mes de diciembre de 2011.
El 9 de mayo de 2012 el Estado, a través del FROB, nacionalizó Bankia y destituyó a Rodrigo Rato, que fue sustituido por José Ignacio Goirigolzarri, ex número dos de BBVA. Las ayudas públicas que ha requerido la entidad para su salvamento se elevan a 22.424 millones. El Estado perderá un total de 14.000 millones con su rescate, que evitó, por cierto, la pérdida de depósitos de cientos de miles de ahorradores.
Rato vivió durante unos años en una burbuja. Asumió su retirada forzada de la política (él se creía sucesor natural de Aznar) como una injusticia histórica. Por ello, cuando regresó a España en 2008, tras dejar a mitad de mandato su puesto de gerente del FMI, creía que tenía derecho a pedirle a Rajoy lo que quisiera. Y el presidente del PP lo aceptó. Con tal de que no le molestara le puso en bandeja Bankia y luego le permitió frustrar la fusión con La Caixa, que, de haberse producido, habría evitado muchos problemas, incluso políticos.
En esa burbuja de poder y soberbia todo era posible. Rato se otorgó un sueldo de más de 2,5 millones de euros y, naturalmente, utilizó el mecanismo de las tarjetas black que su antecesor, Miguel Blesa, había fomentado de forma grosera entre consejeros y ejecutivos.
Cuando Goirigolzarri levantó la alfombra de Bankia se encontró muchas sorpresas, entre ellas la de las tarjetas para gastos personales que no se contabilizaban en la entidad ni se declaraban a Hacienda. Goiri, como se le conoce entre los banqueros, llamó a Rato a su despacho y le pidió que devolviera el dinero. Aún el asunto no se había judicializado y el nuevo presidente de Bankia quiso tener un detalle de fair play con su antecesor. Rato le miró con cierto desprecio y se marchó.
La burbuja estalló y ahora hemos visto una de sus consecuencias: una condena de cuatro años y medio ratificada por el Supremo que le llevará con toda seguridad a prisión.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.
El organismo estima que ligar las pensiones al IPC tendrá un coste adicional de 40.000 millones hasta 2050 y aconseja elevar otra vez la edad de jubilación.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado este miércoles el informe consultivo con el que cierra su última visita a España para tomar el pulso de la economía. Un duro documento de seis páginas en el que lanza duras advertencias al Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente sobre la vuelta a la revalorización de las pensiones con el IPC, que podría incluso costar un futuro recorte de las mismas; la posible subida de impuestos y la marcha atrás en la reforma laboral.
La clave para el FMI es que “el ciclo económico está llegando a su madurez”, con lo que es el momento, a su juicio, de fortalecer la resistencia de la economía para hacer frente a shocks, en lugar de apostar por una política fiscal expansiva que entrañaría riesgos.
El FMI espera que el PIB real se modere hasta situarse en torno al 2,7% en 2018 y el 2,2% en 2019, con un entorno exterior menos propicio y un debilitamiento de la demanda. Después, la economía tenderá a acercarse a su tasa potencial, del 1%. Esto, para el FMI, plantea la urgencia de aprovechar lo que queda del ciclo alcista para reducir una deuda pública “notablemente elevada” –aún cerca del 100% del PIB-, el alto desempleo estructural e incrementar la productividad. “Se están acumulando los riesgos a la baja para la economía”, avisa.
En este sentido, desde lo global a lo particular, el FMI insta a “relanzar el ajuste fiscal estructural y preservar el espíritu de las reformas del mercado de trabajo”, algo que asegura que es compatible con la intención del Gobierno de dar lugar a un crecimiento más inclusivo y social, especialmente en beneficio de los jóvenes.
De no continuar esta senda, el FMI avisa de que “España se vería obligada a aplicar un ajuste fiscal procíclico cuando la economía se vea afectada por shocks futuros”, es decir, más ajustes.
En este punto, el FMI advierte de que la reducción del déficit de los últimos años ha descansado básicamente en el fuerte ciclo económico, pero con un saldo estructural (el déficit tras descontar el efecto del ciclo) se ha deteriorado hasta alcanzar un 2,5% del PIB aproximadamente. Para 2018, se prevé una relajación estructural adicional del 0,2% del PIB.
Dadas las circunstancias, el organismo internacional considera que el objetivo de déficit del 1,8% del PIB anunciado por el Gobierno para 2019, que PP y Ciudadanos están bloqueando, “es crucial y apropiado”, implicando un esfuerzo estructural que ronda el 0,5% del PIB.
Ya entrando en materia, el FMI pide entonces un Presupuesto para 2019 “creíble”. Al respecto, el FMI admite que las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 se han puesto en entredicho, pero advierte de que “respondieron con medidas apropiadas desde el punto de vista financiero para aliviar la presión sobre el sistema de pensiones”.
Por ello, ante la vuelta de la subida de las pensiones con el IPC, el FMI insta a poner en marcha “un plan de medidas en materia de pensiones que sea sostenible e integral para aliviar las tensiones que aquejan al sistema”.
“Las recomendaciones del Pacto de Toledo consistentes en volver a vincular el aumento de las pensiones a un indicador del poder adquisitivo no deberían traducirse en medidas legislativas que no formen parte de un paquete integral. Un ajuste ad hoc de las prestaciones podría hacer peligrar la sostenibilidad financiera del sistema”, añade.
Más aún, el FMI estima que esta vuelta al IPC podría supone un gasto estructural de entre tres y cuatro puntos del PIB –hasta 40.000 millones de euros—de aquí a 2050, por lo que considera que ha de verse contrarrestado con otras medidas estructurales por el lado de los ingresos.
El FMI propone, por ejemplo, un incremento de la cotización mínima para los trabajadores autónomos y de los ingresos máximos sujetos a cotización, “así como una vinculación directa entre la edad legal de jubilación y la esperanza de vida”, lo que llevaría a ampliar la primera, que la última reforma paramétrica ya sitúa en los 67 años.
“A menos que exista una correspondencia plena entre el aumento de ingresos y el gasto adicional previsto, no podrá evitarse una futura reducción de las pensiones, aunque sea moderada”, avisa.
El FMI también se hace eco de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto la puerta a financiar parte del gasto en pensiones a través de los impuestos. Sobre esta cuestión, el informe advierte de que “resulta esencial proyectar con prudencia el impacto recaudatorio de las nuevas medidas” y añade que “es esencial diseñar cuidadosamente las medidas tributarias para limitar distorsiones y repercusiones sobre el crecimiento”.
Por otro lado, el FMI insiste en “preservar” el espíritu de la reforma laboral de 2012, en particular la prevalencia de los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales. Más aún, el informe anima a seguir por ese camino.
En su opinión, los futuros incrementos salariales deberían seguir al crecimiento de la productividad, y subidas pronunciadas del salario mínimo interprofesional (SMI) “pondrían en peligro las oportunidades de empleo de los menos cualificados y de los jóvenes”.
En cambio, el FMI apuesta por reducir de una vez por todas la dualidad del mercado laboral para propiciar un aumento de la productividad. En este sentido, considera que “los importantes esfuerzos actualmente en curso para atajar el abuso de los contratos temporales contribuyen a este fin, pero no bastarán por sí solos”.
Por ello, observa que “merece la pena considerar políticas públicas que ofrezcan incentivos para que las personas se desplacen a otras comunidades autónomas a fin de encontrar empleo”. Por ejemplo, subvencionar los costes del traslado y proporcionar ayudas para la vivienda de carácter específico y temporal.

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