POLÍTICA & TECNOLOGÍA (El Confidencial – 05/Nov/2019): Guerra al ‘secesionismo digital’: el Gobierno podrá intervenir internet a todos los niveles. @elconfidencial #Actualidad #Politica #Noticias #Sociedad #Tecnologia #Secesionismo #Catalunya @CatSeguros #CatSegurosInforma


El Ejecutivo podrá intervenir y controlar internet, cerrando webs y servidores sin autorización judicial, si considera que hay un riesgo para el orden público o la seguridad nacional.



La Noticia (El Confidencia – 05/Nov/2019):

El Ejecutivo ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) su real decreto-ley con medidas urgentes destinadas a frenar el desarrollo de la llamada ‘república digital catalana’, un término acuñado por el independentismo para referirse a los proyectos destinados a crear una infraestructura digital al margen del Estado, desde una Hacienda catalana a un sistema de identificación propio. El ‘decretazo’ desgrana en 20 páginas las medidas para conseguirlo, y una en especial llama la atención por su agresividad: otorga al Gobierno pleno poder para intervenir “las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales”. En otras palabras: podrá intervenir y controlar internet, cerrando webs y servidores sin autorización judicial, si considera que hay un riesgo para el orden público o la seguridad nacional. Un movimiento que muchos juristas consideran inconstitucional.

Hace justo 10 años, el abogado David Bravo acuñó el término ‘ley de la patada en el router‘ para referirse a la bautizada más tarde como Ley Sinde, que permitía cerrar páginas web con mínima intervención judicial. “Esto es muy parecido, salvo que más que ‘router’, aquí hablamos de servidores, de intervenir o tumbar cualquier infraestructura de comunicación si consideran que hay riesgo de orden público. Es una extralimitación y muy probablemente se presenten recursos de inconstitucionalidad“, explica a Teknautas el abogado Carlos Sánchez-Almeida.

El ‘conseller’ de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, impulsor del proyecto de república digital catalana, ya ha calificado el decreto ley de “estado de excepción digital”, algo que los juristas rechazan. “Eso es falso, no es un estado de excepción digital, es un decreto de propaganda en época electoral, pero es la misma propaganda que hace la Generalitat. El Gobierno podrá intervenir la red pero siempre habrá posibilidad de impugnar eso judicialmente”, explica Almeida. “Habrá siempre control judicial ‘a posteriori”, señala el abogado e ingeniero de telecomunicaciones Sergio Carrasco.

Carrasco coincide, eso sí, en la extralimitación del decreto ley para otorgar poderes de control de internet al Gobierno. Hasta ahora, la Ley de Telecomunicaciones ya planteaba el cierre de webs e infraestructuras de telecomunicaciones sin autorización judicial previa por motivos de urgencia por razones de “seguridad pública, protección civil, emergencias, defensa de la vida humana o interferencia con otras redes”. Ahora, el decreto ley abre muchísimo más las posibilidades, incluyendo el riesgo al “orden público” o “cuando cree graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas”.


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El 'conseller' de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró. (EFE)
El ‘conseller’ de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró. (EFE)

“Este apartado plantea serias dudas de inconstitucionalidad. La forma en que está redactado es tan amplia que podrán intervenir a todos los niveles, cortando la conexión fija o móvil de forma temporal. Eso incluye la red de fibra óptica que se está desarrollando en Cataluña al margen del Estado”, explica Carrasco, quien vaticina que, al igual que el Constitucional tumbó la reforma de la LOPD para permitir el ‘spam’ político, en esta ocasión hay muchas posibilidades de que ocurra algo parecido.

Fuentes del Gobierno consultadas por este diario aseguran que “el real decreto ley busca poner coto a los anuncios realizados por la Generalitat de crear una identidad catalana que permita realizar un referéndum de autodeterminación y una administración al servicio de la independencia. No se dirige al sector privado. Las medidas adoptadas se dirigen a permitir intervenir cualquier elemento de red por motivos de orden público para asegurar la prestación del servicio en interés precisamente de terceros. El espíritu de la modificación del 6.1 de la LGTelecom es precisamente garantizar la prestación del servicio y no al contrario, de ahí que se hablé de asumir la gestión directa o intervenir frente a un boicot y por motivos de seguridad pública”.

Hay otros puntos clave del real decreto-ley. El documento obliga a las administraciones públicas a que cualquier servidor, propio o de terceros, que gestione datos personales públicos (censo, padrones, registros de población, datos fiscales, datos del Sistema Nacional de Salud…) esté ubicado en Europa. Todas las entidades que manejen estos datos con servidores fuera de la UE tienen seis meses para trasladarlos.

El decreto también aborda un punto clave: el uso del DNI y el DNI electrónico como única forma de identificación tanto de forma física como digital. Y da una estocada al proyecto de idCat, en desarrollo por la Generalitat para crear un sistema de identificación distribuida usando Blockchain. Sin nombrarlo, el decreto lo prohíbe de forma expresa. “En las relaciones de los interesados con las administraciones públicas, no serán admisibles en ningún caso y, por lo tanto, no podrán ser autorizados, los sistemas de identificaciones basados en tecnologías de registro distribuido y los sistemas de firma basados en los anteriores, en tanto que no sean objeto de regulación específica por el Estado en el marco del derecho de la Unión Europea”.


Las Fuentes:


@CatSeguros – NOTICIAS: Cataluña recupera el PIB por habitante de antes de la crisis. #Noticias #Catalunya #Cataluña #PIB #Crisis #Actualidad #Economia #CatSegurosInforma


El vicepresidente Aragonés reclama flexibilidad presupuestaria en el Estado para reducir la desigualdad.



La Noticias (Diario elMón – 18/Julio/2019):

Cataluña recuperó en 2018 el Producto Interior Bruto ( PIB ) por habitante de antes de la crisis económica, que se situó en 32.000 euros per cápita. “Es el primer año que volvemos a estar en niveles precrisis”, ha destacado este jueves la directora general de Análisis Económico, Marta Curto , durante la presentación del Informe Anual de la Economía Catalana 2018 .

Curto: “Es el primer año que volvemos a estar en niveles precrisis”

El vicepresidente y consejero de Economía, Pedro Aragonés , ha afirmado que “la fotografía macroeconómica de Cataluña es muy buena” y ha recordado que el PIB creció un 2,6% el año pasado. Sin embargo, Aragonés ha remarcado que el crecimiento sin bienestar social “no sirve” y dijo que hay que actuar para reducir la desigualdad con una “agenda catalana para la prosperidad”.

Por ello, el titular de Economía ha insistido en pedir más “flexibilidad” presupuestaria en el Estado.


Más info: Aragonés: “Si se mantiene el control financiero en Cataluña es porque no gusta la ideología del Gobierno”


Aragonés ha criticado que las exigencias de cumplimiento de los objetivos de déficit no están ajustadas a las responsabilidades que tiene cada administración con el Estado del Bienestar y ha recordado que la Generalitat tiene competencias en salud, enseñanza y la protección social. El vicepresidente dijo que el Gobierno “agotará todo el margen de maniobra que tiene” y reclamó actuar con “toda la libertad”.

La crítica al Estado por “el ahogo financiero y la deslealtad”

Aragonés ha reivindicado que la Generalitat ha sido “responsable” en la gestión y lo ha hecho mejor que la administración estatal, ya que en 2018 cumplió tanto los objetivos de déficit como de deuda y gasto por primera vez. El consejero ha criticado que el Estado ha continuado con “el ahogo financiero” en la Generalitat y con “deslealtad”. 

El informe de la Generalitat prevé que el PIB catalán seguirá creciendo por encima del 2% en 2019 pero en menor medida que en 2018, en línea con la “moderación” de las economías del entorno pero afirmó que la economía está en una fase más “madura” y “sostenida”. También destaca que las exportaciones catalanas continúan al alza así como la demanda interna.

Aragonés: “No podremos combatir una próxima crisis económica, esperamos muy lejana en el tiempo, con devaluaciones salariales”

La parte más negativa es la laboral. “Es el ámbito donde posiblemente más retos tenemos”, dijo Curto, que añadió que la tasa de temporalidad en el empleo aumentó hasta un 21,9% en 2018. Además, la tasa de riesgo de pobreza en el trabajo llegó a su máximo desde 2013, con un 14,4%.

“No podremos combatir una próxima crisis económica, esperamos muy lejana en el tiempo, con devaluaciones salariales”, advirtió Aragonés.


Las apreciaciones de la Fuente:

Santiago Niño (@sninobecerra) twitteó a las 3:58 p. m. on jue., jul. 18, 2019:
Ojalá fuese cierto: 32.000 € del 2007 equivalen a 27.870 del 2018. Sin déficit fiscal interregional probablemente se hubiese, incluso, superado la cifra. https://t.co/xw6cjzBncu
(https://twitter.com/sninobecerra/status/1151853805799190528?s=09)


Las apreciaciones de nuestro Comentarista:

L. NICOLÁS CENTELLES (@Luis_NICOLAS_C) twitteó a las 9:46 a. m. on mar., jul. 23, 2019:
La afirmación que Ud hace, profesor, que versa “Ojalá fuese cierto: 32.000 € del 2007 equivalen a 27.870 del 2018”; siendo cierta (¡Que lo es!), ¿muestra una inflación media pregonada del 2% en estos años?

Yo creo que no.

Y, si estoy en lo cierto, equivalen a menos de 27.870€
(https://twitter.com/Luis_NICOLAS_C/status/1153572077485662208?s=09)


El Consejo de @CatSeguros en las Redes:

Visto lo visto y tal como están las cosas, nos conviene a todos AHORRAR e INVERTIR adecuadamente aquello que ahorremos.

Dices las buenas normas financieras que “conviene ahorrar-invertir el 10% de cuanto ingresemos”.

En @CatSeguros te roponemos 2 formas:

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La oposición tumba el decreto del Govern que limita el precio del alquiler. @Catalunya_Press #Govern #Parlament #Catalunya #Politica #Economia #Alquiler #Vivienda #Noticias #Actualidad @CatSeguros #Hogar #CatSegurosInforma #HomelessEntrepreneur #Homelessness #SinHogarismo


El pleno del Parlament ha rechazado este miércoles el decreto ley del Govern de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de vivienda, que plantea limitar el precio del alquiler en determinadas zonas.



La NOTICIA (Enlace al artículo completo).


La iniciativa solo ha contado con 64 votos favorables de JxCat y ERC -los grupos que forman parte del Govern- y con 69 contrarios de toda la oposición: Cs, PSC-Units, comuns, CUP – en la línea de no respaldar políticas del Govern- y PP.

El decreto ha llegado a votación en el pleno después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) haya dictaminado que la norma invade las competencias del Estado y contraviene algunos artículos del Estatut y de la Constitución, aunque el dictamen no es vinculante.

Con esta iniciativa, el Govern pretendía contener el precio del alquiler en las áreas declaradas “con mercado de vivienda tenso”, algo que debía hacer la Conselleria de Territorio y, en la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento.

La consellera de Justicia, Ester Capella, ha defendido la validación del decreto para poder afrontar el aumento del precio del alquiler, que ve desproporcionado: “Si no hacemos frente a los precios abusivos de la vivienda, la vivienda nunca será un derecho”.

Ha afirmado que no comparte que el CGE haya dictaminado que este decreto es inconstitucional porque supera las competencias de la Generalitat: “Desde el Govern no nos autolimitaremos y nunca renunciaremos a combatir los abusos en el precio del alquiler”, y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no querer limitar el alquiler.

Asimismo, ha recriminado a los comuns y a la CUP que voten en contra: “Si tumban el decreto se ponen al lado del Banco de España, del PSC y del PP. Sí que se puede, si se quiere. Si quieren, podremos. Si no quieren, no podremos”, y les ha pedido que al menos se abstengan para después mejorar el decreto a través de un proyecto de ley.

Jordi Orobitg (ERC) ha asegurado que no regular el alquiler sería “manifiestamente antisocial y anticonstitucional”, mientras que Eusebi Campdepadrós (JxCat) ha considerado que la oposición no ha sido responsable rechazando el decreto, y ambos han coincidido en que la Generalitat sí que tiene competencias para esta regulación.

Por parte de los comuns, Susanna Segovia ha contestado a Capella que el primero que rechazó el decreto no fue el Banco de España, sino el Sindicat de Llogaters, y ha apuntado que las medidas que contiene “no sirven”, por lo que ha pedido al Govern que trabaje para hacer una buena regulación que cuente con el apoyo de las entidades y de los partidos, como se logró en 2015 con la ley contra la pobreza energética.

En la misma línea, la ‘cupaire’ Maria Sirvent ha alertado de que el decreto permite que el alquiler siga aumentando y que se ha hecho a espaldas de las entidades, pero ha tendido la mano al Govern para legislar en este tema: “Podemos impulsar conjuntamente una ley de verdad”.

El diputado de Cs Manuel Rodríguez ha recriminado al Govern que gobierne “a base de titulares”, ya que considera que el Ejecutivo de Quim Torra no ha hecho nada para mejorar la situación de la vivienda en Catalunya pese a tener algunas competencias para ello, mientras que rechaza el decreto porque no comparte su contenido y porque la regulación del alquiler es competencia exclusiva del Estado.

La diputada socialista Rosa Maria Ibarra ha dicho que, pese a compartir el análisis de la subida de precios y la necesidad de regular el alquiler, este decreto solo busca un “titular electoralista y generar confrontación” con el Gobierno central, ya que ha afirmado que supera las competencias del Govern y no da soluciones efectivas.

Además, la popular Esperanza García ha insistido en que regular el precio del alquiler es competencia estatal y ha advertido de que las medidas del decreto son “contraproducentes”.


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El COMENTARIO de @CatSeguros ©® By Niklauss.

Ante actitudes de este estilo cabe afirmar: cuando unos políticos, electos democráticamente, dejan de lado las necesidades de quienes han depositado su voto en las urnas, éstos pierden toda representatividad frente al pueblo que los ha colocado en sus cargos.

Anteponer los intereses del partido frente a una necesidad de l@s ciudadan@s, ni es la forma de gobernar, ni es lo moralmente ético en una sociedad (tanto si es “moderna como antigua”). Sólo demuestra el perfil político de sus componentes.

Sean medidas electoralistas, o no lo sean, por encima de todo ello debiera estar el bienestar de l@s ciudadan@s.

¿Alguno de es@s político@s se ha planteado lo que puede suceder en los próximos años si no se toman medidas relacionadas con el precio de la vivienda?

¡Nosotros sí lo hemos hecho!:

Se trata de un problema global al que, de no darle solución, se podría convertir en la chispa que encendiera el fuego de la discordia en gran parte del planeta; especialmente en las llamadas (quizás mal) “sociedades modernas occidentales”. Recordemos que todas las grandes guerras se han producido en el “Primer Mundo”; no el el Segundo ni en el Tercero.