LA NOTICIA (Enlace al artículo completo):
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha anunciado este miércoles que el Gobierno garantizará a los autónomos que cobren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un tratamiento “especial”.
“No puede ser que ahora haya personas que tengan un rendimiento de 200 euros al mes y tengan que pagar una cuota de unos 300 euros”, ha señalado la titular del Ministerio, tras ser interpelada por el diputado del Grupo Popular Carlos Floriano en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, según Europa Press.
Asimismo, Valerio ha asegurado que el Gobierno va a poner en marcha un Plan del Trabajo Autónomo para favorecer tanto la creación de nuevo trabajo por cuenta propia como el mantenimiento y estabilidad del ya existente. “El Gobierno trabaja con el objetivo claro de mejorar condiciones con las que desarrollan los autónomos su actividad”, ha apostillado.
También ha asegurado que el Gobierno va a seguir implementando el Plan Director por un Trabajo Digno para ayudar a aflorar falsas contrataciones de los autónomos.
La ministra también ha apuntado que el Gobierno está ya en contracto con la Agencia Tributaria para hacer un cruce de datos que es “esencial” para establecer un sistema de cotización por ingresos reales. En esta línea, ha asegurado que también habrá diálogo con las organizaciones de autónomos españolas.
¿Deberá de revisarse todos los meses los ingresos del autónomo para entrar en la consideración de cual debe ser su cotización a la #SeguridadSocial?
¿Qué le sucederá al autónomo que tenga algún empleado a su cargo?
Y, otras tantas que se os ocurran a cualquiera de nuestr@s apreciad@s lector@s.
En definitiva, la ambigüedad parece seguir siendo la «hermana» de nuestros políticos. Y, por ende, la incertidumbre y la inseguridad siguen siendo las hermanas del ciudadano en general.
Algo deberá cambiar, sin duda alguna, en tiempos futuros.
Lo que no sabemos es si esos cambios nos llevarán a un sistema más ético y ecuánime.
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El Gobierno socialista ha puesto en la diana de la lucha contra el fraude a los software de doble uso, sistemas y programas contables que sobre todo pequeños comercios utilizan de forma creciente desde hace pocos años para ocultar al fisco ingresos y ventas generando contabilidades ‘en negro’ y ocultando facturas. El fin último de esta práctica, reducir en miles millones la factura a pagar en el Impuesto de Sociedades y el IVA.
La ofensiva promete un jugoso botín: nada menos que 417 millones de euros, cuatro veces más que lo que el Ministerio de Hacienda prevé recaudar, por ejemplo, con la creación de una unidad específica para controlar los patrimonios relevantes.
Esta previsión se incluye en la memoria de impacto económica que acompaña al anteproyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude, que el Gobierno ha abierto ya a participación pública y remitido a Bruselas como parte de la documentación que completa el Plan Presupuestario de 2019.
En dicho borrador presupuestario, Hacienda contemplaba una previsión de ingresos adicionales para el año que viene por la implementación de nuevas medidas de lucha contra el fraude de 828 millones de euros.
En el caso del anteproyecto elaborado sobre esta materia, se cuantifican hasta 500 millones solo por la puesta en marcha de tan solo tres medidas, a los que habría que sumar efectos económicos no cuantificados procedentes de otras iniciativas, algunas de las cuales se adoptarán al margen de esta norma.
Los 2.000 millones ocultos
La más cuantiosa de estas novedades es esta del control de los software de doble uso, que fuentes de Hacienda aseguran que recibirá especial atención y dedicación de recursos en el ámbito de la inspección tributaria.
El articulado del anteproyecto de Ley precisa que se perseguirá tanto la fabricación, producción y comercialización de estos sistemas y programas informáticos o electrónicos, como su tenencia. Es decir, que pueden ser víctimas del fisco, no solo la ‘industria’ de los software de doble uso, sino también el comercio de la esquina que caiga en la tentación de utilizarlo .
El Ministerio de Hacienda confía en que solo el anuncio de la medida tenga un importante efecto inducido sobre quienes utilizan estas herramientas, en tanto que percibirán un mayor riesgo fiscal. Además, advierte de que, tanto antes como después de la aprobación del anteproyecto de Ley, las actuaciones de control se van a multiplicar, aunque las sanciones asociadas serán mucho mayores una vez la nueva norma entre en vigor: las multas podrán llegar a los 150.000 euros.
Las cuentas claras de Hacienda
Para estimar el impacto normativo de esta medida, el Gobierno parte de la idea de que la mayor parte de los negocios que usan estos software tratan de falsear operaciones con consumidores finales. A partir de ahí calcula que el gasto final sujeto a IVA alcanzó los 350.599 millones de euros en 2016 y los 373.303 millones en 2017, por lo que en 2019 previsiblemente superará los 400.000 millones.
Con esta cifra, considera que al menos un 50% de los pagos de las operaciones efectuadas para consumidores finales se realizan en efectivo, tomando las referencias existentes en las estadísticas del Banco de España. De este modo, cabe suponer en unos 200.000 millones los pagos en efectivos realizados por los consumidores.
Hacienda asegura entonces que si tan solo un 1% de estos pagos fuera susceptible de ser ocultado gracias al uso de uno de estos software, el efecto inducida de la medida o las regularizaciones a posteriori permitirían aflorar unos 2.000 millones de euros de bases imponibles no declaradas.
Y puesto que el tipo medio del IVA de las operaciones para consumidores finales es del 15,67%, se podrían obtener unas cuotas adicionales de 313,4 millones de euros.
El impacto en el caso de la imposición directa es más difícil de estimar, aunque Hacienda, desde un planteamiento conservador, entiende que, en tanto el Impuesto sobre Sociedades representan un tercio de la capacidad recaudatoria de IVA, los ingresos adicionales por esta vía podrían alcanzar los 104,5 millones de euros. Sumando imposición indirecta y directa, la recaudación extra total sería de 417,9 millones.
Más ingresos que por grandes patrimonios
Así pues, la tracción recaudatoria de la persecución de las dobles contabilidades será superior a la prevista para la nueva unidad de coordinación de las actuaciones de control de patrimonios relevantes, que necesitará además su propio desarrollo legislativo.
Esta unidad, a la que se dedicarán el equivalente a 200 funcionarios a tiempo completo, tratará de impulsar otro tipo de actuaciones que ya están en curso con los grandes patrimonios como referencia. Por ello, considerando que en 2017 las actuaciones de control sobre este perfil de contribuyentes permitieron recaudar 332 millones de euros, Hacienda estima que la nueva unidad podría aportar un tercio más, hasta 110 millones de euros adicionales.
Otras medidas contra el fraude
En tercer lugar, el Ministerio de Hacienda prevé optimizar el big data y el análisis de la información de que dispone la Agencia Tributaria para obtener ingresos extra por la vía de la lucha contra el fraude.
De nuevo, en este caso, el Gobierno cree que con se lograse mejor en tan solo un 1% los resultados de la AEAT gracias a estas medidas operativas, se podrían ingresar 120 millones de euros adicionales.
De esta forma, el conjunto de medidas planteadas permitirían unos ingresos de casi 648 millones de euros. Una cantidad que, con todo, el Ejecutivo rebaja a 500 millones de euros dado que los efectos económicos de estas tres ofensivas podría solaparse.
Nada que objetar a las medidas que supongan alcanzar una sociedad más ética …
Siempre y cuando:
El régimen de impuestos respete la convivencia y la ética necesarios en una sociedad.
Los afectados no sean un grupo determinado que, de por sí, pudiera estar ya en «números rojos»; o dicho de otro modo, al «borde del precipicio económico».
Las grandes corporaciones no queden exentas. Debe recordarse que, cuando una empresa precisa recortar gastos (o, lo que es lo mismo, sanear sus márgenes) para dar continuidad a su negocio, «va en primer lugar a por las cuentas más abultadas». De esta forma «se garantiza alcanzar sus objetivos más rápida y eficázmente».
Sí, son 3 puntos básicos y evidentes. Sin embargo, pudiera darse la situación en la que «hayan sido olvidados».
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El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, en actitud pensativa en un acto público. EP
Cuatro de los seis magistrados que han fallado ahora a favor de que el tributo corra por cuenta de las entidades financieras en los casos de las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria sentenciaron lo contrario en noviembre de 2017
La misma Sala del Tribunal Supremo que acaba de resolver que son las entidades financieras las que tienen que pagar el impuesto de las hipotecas esgrimió el criterio contrario ante un caso similar en una sentencia dictada hace menos de un año y reiteró la doctrina que imperaba hasta ahora: el sujeto pasivo de dicho tributo es el adquirente del bien y no el prestamista en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.
Este inesperado cambio de jurisprudencia ha tenido tanto calado y ha dañado tanto la imagen de la Justicia que el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha tenido que pedir disculpas a los ciudadanos por lo que ha reconocido como una mala gestión de la sentencia.
En un fallo fechado el 22 de noviembre de 2017, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó el recurso de casación para la unificación de la doctrina interpuesto por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Torrejón de Ardoz SA (EMVS) y dio firmeza a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que a su vez había dado la razón al Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Este organismo había desestimado la pretensión de la EMVS de no correr con el pago de la liquidación correspondiente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Mediante escritura pública otorgada el 4 de febrero de 2009, Caja Madrid formalizó la concesión de un préstamo de 16,67 millones de euros con garantía hipotecaria sobre diversas fincas propiedad de la citada empresa municipal. Al practicar la liquidación del citado impuesto, la EMVS entendió que no debía ingresar cantidad alguna al considerar que le era de aplicación una de las causas de exención que en su artículo 45 prevé el real decreto legislativo (1/1993 de 24 de septiembre) por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: “La transmisión de terrenos y solares y la cesión del derecho de superficie para la construcción de edificios en régimen de viviendas de protección oficial. Los préstamos hipotecarios solicitados para la adquisición de aquellos, en cuanto al gravamen de actos jurídicos documentados”.
Cuatro de los magistrados que han fallado ahora a favor de que el impuesto lo paguen los bancos sentenciaron lo contrario en noviembre de 2017
Esa interpretación no fue compartida por la oficina liquidadora del distrito hipotecario de Torrejón de Ardoz, que entendió que la empresa municipal debía pagar por dicho concepto la cantidad de 281.647,30 euros (incluidos 14.109,85 euros como intereses de demora).
Ni el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), ni la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) , ni el Tribunal Supremo han avalado la pretensión de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Torrejón de Ardoz, que ha terminado siendo condenada a pagar las costas del pleito ante el alto tribunal.
El pulso judicial trataba de dilucidar quién era el sujeto pasivo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El recurrente entendía que era la “entidad prestamista”, con el argumento de que es el banco el que tiene en su posesión la primera copia de la escritura pública.
“Para ver quién es sujeto pasivo habrá que estar a la persona que inste o solicite la expedición de primera copia de escritura pública en los supuestos de préstamos hipotecarios y para ello será necesario acudir a las normas de la Ley y Reglamento Hipotecario y también a la Ley y Reglamento Notarial, pero no cabe una interpretación del autor del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados estableciendo que en los préstamos hipotecarios se considera sujeto pasivo al prestatario”, defendía la representación procesal de la empresa en el recurso de casación con el que combatía la sentencia del TSJM.
La doctrina que imperaba era que el sujeto pasivo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados era el adquirente del bien
La empresa municipal de Torrejón de Ardoz consideraba que el fallo del TSJM contradecía las sentencias que el Tribunal Supremo dictó el 3 de noviembre de 1943 y el 15 de noviembre de 2015, argumento que fue rechazado de plano en el fallo con el que se resuelve el recurso de casación. Y no es asimilable porque en el primer caso se analizó un supuesto de compraventa con garantía hipotecaria y en el segundo una escritura por la que se constituyó una hipoteca unilateral a favor de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para la suspensión cautelar en un recurso contencioso-administrativo.
Lejos de esa interpretación, el alto tribunal madrileño tumbó la pretensión de la EMVS aludiendo a seis sentencias del Supremo -entre ellas la de 31 de octubre de 2006- en las que se daba por sentado que el sujeto pasivo en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es “el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten documentos notariales o aquellos en cuyo interés se expidan”.
“Conforme a la doctrina”
Tanto la Abogacía del Estado como la letrada de la Comunidad de Madrid -comparecientes como partes recurridas- también se opusieron al recurso interpuesto por la EMVS, por entender que la sentencia impugnada -la dictada el 26 de mayo de 2016 por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid- resolvió “conforme a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo”.
El contencioso que planteó la empresa municipal de Torrejón de Ardoz guarda similitud con el caso por el que la misma Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en una sentencia fechada el pasado 16 de octubre y de la que ha sido ponente el magistrado Jesús Cudero Blas, ha modificado la jurisprudencia y ha resuelto que son las entidades bancarias las que deben abonar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria.
El Supremo daba así la razón a la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid SA, que pleiteaba contra el acuerdo por el que la oficina técnica de la Inspección de los Tributos de la Comunidad de Madrid le obligaba a pagar 22.566,47 euros tras practicar la liquidación correspondiente al citado impuesto. Contra esta sentencia emitió voto particular el magistrado Dimitry Berberoff Ayuda, que entendía que el sujeto pasivo en los casos de escrituras de constitución de préstamos con garantía hipotecaria “corresponde al prestatario y no al prestamista (acreedor hipotecario)”.
El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Carlos Lemes, ha pedido disculpas a los ciudadanos por lo que ha reconocido como una mala gestión de la sentencia que adjudica a los bancos el pago del impuesto de actos jurídicos documentados, conocido como impuesto de hipotecas. Lesmes ha reconocido que ha salido dañada la imagen del Supremo, una institución que lleva “206 años trabajando, ni favor ni en contra de ningún sector” con esta polémica: “Esto no lo hemos gestionado bien”.
Después de inaugurar la jornada de puertas abiertas en el Tribunal Supremo, Lesmes ha señalado que tras conocerse la resolución que cambia la jurisprudencia existente hasta el momento sobre este tributo mantuvo varias conversaciones con el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis Díez Picazo, a quien sugirió hacer una nota informativa para aclarar el alcance de la sentencia, entre otras cosas en lo referido a su retroactividad y a la institución a la que correspondería el pago, lo que dicho magistrado rechazó. Picazo le explicó que había tenido conocimiento de la sentencia por la prensa, que comenzó a difundir “cuestiones inciertas, como si eran las comunidades autónomas las que tenían que hacerse cargo del impuesto, o los bancos directamente”. No obstante, descarta pedir su dimisión.
Asimismo, ha negado este lunes que recibiera la llamada de ningún banco alertando del “riesgo sistémico” por la aplicación de la sentencia de las hipotecas.
“Nunca he recibido indicación política por el “procès”
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, ha asegurado hoy que jamás ha recibido “indicación alguna de orden político” respecto a la causa del “procès” y ha añadido que durante todo el procedimiento ha habido “un respeto escrupuloso de los políticos” y “también” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En declaraciones a los periodistas con motivo de la inauguración de las jornadas de puertas abiertas en el Supremo, Lesmes ha querido “garantizar” que no han existido injerencias políticas al ser preguntado por la afirmación que hizo ayer Sánchez en la que parecía descartar que el delito aplicable a los investigados por el referéndum ilegal del 1-O sea el de rebelión.
“Les puedo garantizar como presidente del Tribunal Supremo que jamás he recibido indicación alguna de orden político en relación con este asunto, ni en relación con los presos preventivos” y “aún menos de la calificación jurídica que dependen del Ministerio Fiscal y no de los jueces”, que serán los que lo determinen de forma definitiva una vez se celebre el juicio, ha explicado.
A la luz de lo sucedido estos días es necesario reflexionar, valorar e intentar ser objetivos.
En primer lugar, cuando a las pocas horas «se cambiaba el fallo del Tribunal Supremos», es evidente (y totalmente lógico) pensar que sí hubo llamadas telefónicas. De quién seguramente no lo llegaremos a saber.
En segundo lugar, es importante reseñar que la sociedad en general parece ya estar al tanto, reflexionar y no aceptar todo lo que acaba comunicándose desde las esferas políticas. En definitiva, la sociedad probablemente esté despertando y saliendo de ese «extraño letargo».
El mercado de trabajo mantiene la tónica de mejora, con un continuo descenso del desempleo y una moderación del ritmo de creación de puestos de trabajo. Durante los meses de verano, entre julio y septiembre, el paro bajó en 164.100 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 4,7% menos que en el trimestre anterior, según la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este descenso es inferior a los experimentados en este mismo periodo en los años 2017, 2016, 2015 y 2014, pero sí supera el recorte de 2013 (-103.900 desempleados), informa Europa Press. Sin embargo, permitió situar el número total de desempleados en 3.326.000 personas, su cifra más baja desde finales de 2008, y reducir la tasa de paro en siete décimas, hasta el 14,55%, su valor más bajo en diez años e inferior por fin al psicológico 15%.
Mientras tanto, la tasa de actividad se moderó levemente, hasta el 58,7%, tras aumentar el número de activos en 19.800 personas entre julio y septiembre (+0,09%). Y es que la EPA refleja un ritmo más lento de avance del empleo, con la creación de 183.900 puestos de trabajo en el mismo periodo, un 0,95% más. De esta forma, el total de ocupados se situó en 19.528.000 personas, su mayor nivel desde el cuarto trimestre de 2008.
El empleo se desacelera
La creación de empleo en el tercer trimestre tampoco ha superado la que se logró en este periodo en los últimos dos años, cuando se generaron más de 200.000 puestos de trabajo.
Entre julio y septiembre de este año se crearon 134.200 empleos en el sector privado (+0,8%) y 49.700 en el sector público, un 1,6% más respecto al trimestre anterior.
El número de asalariados se incrementó en 176.300 personas (+1,1%) en el tercer trimestre, concentrándose este aumento en los asalariados con contrato temporal, que subieron en 151.000 personas (+3,4%), frente a un repunte de los asalariados con contrato indefinido de sólo 25.300 personas, un 0,2% más que en el trimestre anterior.
Los servicios, no solo en verano
La información desagregada por sectores de actividad muestra que la ocupación aumentó durante el verano en el de los servicios, con 210.200 ocupados más, seguido muy de lejos por la construcción (24.900) y la industria (2.800 más). Por el contrario, el empleo descendió en la Agricultura (–54.000).
Podría parecer que se trata de un mero efecto estacional, sin embargo la EPA muestra que este es el resultado de un patrón de crecimiento basado en actividades como el turismo. Así, en el último año, el empleo ha subido en los servicios en 346.800 ocupados más, frente a los 85.600 de la construcción o los 55.000 de la industria.
Este mismo patrón se observa por el lado del paro. En los 12 últimos meses el desempleo ha disminuido en los servicios (76.600 parados menos), la agricultura (–40.800) y la construcción (–8.100). En cambio, ha subido en la Industria (5.800 parados más).
Más empleo temporal, pero menos parcial
La buena noticia es que, si bien el empleo se crea en sectores de menor valor añadido, al menos sigue aumentando a tiempo completo y desciende a media jornada.
Los puestos de trabajo a tiempo completo aumentaron en el tercer trimestre en 369.800 personas, mientras que el empleo a tiempo parcial se redujo en 185.900. De esta forma, el peso de este tipo de empleo de menos horas redujo su peso sobre el total en un punto porcentual, hasta el 13,9%.
Pero la lacra de la temporalidad continúa. El número de asalariados con contrato temporal se incrementó en 151.000 durante el verano, mientras que los indefinidos solo lo hicieron en 25.300 personas. Esto provocó un aumento de la tasa de temporalidad de 63 centésimas, hasta el 27,4%. En el último año, el empleo indefinido se ha incrementado en 374.100 personas y el temporal en 152.900.
También se incrementó entre julio y septiembre el número total de trabajadores por cuenta propia, que creció en 7.200 personas respecto al trimestre anterior. No obstante, se produjo una reducción de cerca de 50.000 autónomos en tasa interanual. Por otro lado, el empleo del sector privado presentó una variación anual del 2,33% y el empleo público del 3,44%.
Los mayores de 55 años lideran el nuevo empleo
Por grupos, la EPA destaca que, como viene siendo habitual, son los varones españoles los que acaparan los nuevos puestos de trabajo. Concretamente, el empleo aumenta este trimestre en 134.000 hombres y en 49.900 mujeres. Por nacionalidad, la ocupación sube en 154.300 personas entre los españoles y en 29.600 entre los extranjeros.
En el caso de los grupos de edad, la encuesta refleja que el mercado laboral es más generoso con los menores de 30 años y mayores de 55 años: estos últimos sumaron hasta 70.200 ocupados más). Por el contrario, la ocupación bajó en el grupo de edad de 35 a 39 (44.800 menos) y en el de 30 a 34 (–18.800).
En cambio, este grupo de edad no es el que más reduce sus cifras de desempleo. Así, se observan descensos del paro este trimestre entre los de 25 a 54 años (121.600 parados menos), entre los de 55 años y más (–48.600) y entre los jóvenes de 16 a 19 años (–1.900). Por el contrario, el número de parados sube en 8.000 entre los jóvenes de 20 a 24 años.
Aún así, el paro de larga duración, en el que los mayores de 55 años tienen una importante presencia, se sigue reduciendo. Así, el número de parados que ha perdido su empleo hace más de un año ha bajado en 230.100 en el último año y el de parados que buscan su primer empleo en 56.000.
Por su parte, la población activa experimentó un incremento de 19.800 personas en el tercer trimestre y se situó en 22.854.000 personas.
A mi modo de ver el «secreto» está encerrado en el siguiente párrafo de esta noticia:
Pero la lacra de la temporalidad continúa. El número de asalariados con contrato temporal se incrementó en 151.000 durante el verano, mientras que los indefinidos solo lo hicieron en 25.300 personas. Esto provocó un aumento de la tasa de temporalidad de 63 centésimas, hasta el 27,4%. En el último año, el empleo indefinido se ha incrementado en 374.100 personas y el temporal en 152.900.
Parecería razonable que, si la Tasa de Desempleo se ha reducido a la que hubo en 2008, la situación en la compra-venta de viviendas (emisión de hipotecas) mostrara la «alegría» de las décadas de bonanza económica (1990-2010).
Sin embargo, el sentir de la gente «a pie de calle» no demuestra tal situación.
La queja es reiterada:
… sueldos bajos, hemos perdido poder adquisitivo, los elementos básicos «están por las nubes», con un sueldo no hay para vivir, no podemos con las deudas, …
¿Les suena esta «cantinela»?
Pues bien, dice el refranero español que:
«Cuando el río suena, agua lleva».
Y, si el refranero no se equivoca (… que no suele hacerlo …), la que se nos puede venir encima haría, de lo que hemos pasado en la última década (2008-2010), lo que el antiguo «NODO del régimen anterior» hacía en los cines españoles de las décadas 1960-1980:
… una introducción a lo realmente importante de esa «tarde de cine»: las dos películas que nos disponíamos a ver, las palomitas del intermedio entre películas, los juegos de los niños en ese intermedio con sus conversaciones entre adultos sobre «lo que estaba pasando en el país» …
Dicho de otro modo: si de veras consideramos que «hemos crecido», que «hemos aprendido», que «ahora sabemos más que antes porque tenemos mayor formación», …, entonces …, deberíamos ser precavidos y prepararnos para lo que «pueda venir».
…
Al fin y al cabo, si nos equivocamos estaremos -si cabe- mejor todavía que ahora,
EL TRABAJO DEL ESPEJO.
Todos nuestros pensamientos son cadenas de afirmaciones.
Afirmaciones positivas lanzan pensamientos curativos.
Hacernos cumplidos, darnos nuestra propia aprobación, hace más profunda nuestra relación con nosotros mismos.
DIA 1 – ÁMATE A TÍ MISMO
Puede parecer muy simple los ejercicios que aquí se nos enseñan. Sin embargo, pequeños ejercicios llevan a grandes cambios.
Aquí tenemos unos primeros ejercicios.
Es bueno que escribamos un diario escrito.
Nos ayuda a darnos cuenta que dentro de nosotros mismos está todo lo necesario para que podamos cambiar en la dirección que deseamos.
EJERCICIO DEL TRABAJO DEL ESPEJO.
Coloquémonos frente al espejo.
Mirémonos a nuestros propios ojos.
Respiremos profundamente y repitamos la siguiente frase dirigida a quien vemos en el espejo (nosotros mismos): «Quiero que me agrades, deseo sinceramente aprender a amarte …».
Respiremos profundamente y repitamos la siguiente frase dirigida a quien vemos en el espejo (nosotros mismos): «Estoy aprendiendo a que me agrades de verdad, estoy aprendiendo a amarte de verdad, deseo sinceramente aprender a amarte de verdad».
Mírate a los ojos y repite: «Estoy dispuesto a amarte, [tu nombre], estoy dispuesto a aprender a amarte. Vamos a intentarlo y a divertirnos mucho haciéndolo».
Cada vez que nos veamos frente a un espejo, o nos veamos reflejados en algún sitio, repitamos esas afirmaciones [desde el punto3 al 6]. (Si, por la situación, tenemos que repetir esas frases en silencio, no dejemos de hacerlo). [No desesperemos si al principio nos cuesta, nos sentimos avergonzados o ridículos; …, mañana será otro día].
EJERCICIO DEL DIARIO.
Cuando hayamos terminado con ejercicio del espejo, anotemos las sensaciones que hemos tenido y lo que hemos observado. Sean cuales sean esas sensaciones, positivas o negativas.
A las 6 horas del ejercicio matinal del espejo, volvamos a anotar nuestros sentimientos y observaciones.
Prestemos atención a cualquier cambio en nuestra conducta o creencias que hayamos observado en el trascurso del día.
Al final del día anota, antes de acostarnos, escribamos lo que hemos aprendido (en esa jornada) lo que hayamos a aprendido haciendo el ejercicio del espejo.
SIGAMOS CON EL PENSAMIENTO DEL CORAZÓN.
Si hay cosas de nosotros mismo que no nos gustan, es posible que pensemos que este ejercicio «no sirve para nada … todo ello por no creernos merecedores del cambio.
Que el ejercicio del espejo no funcione, nada tiene que ver con nuestra práctica, sino con que no nos creemos merecedores de todo lo bueno que nos pasa en la vida. Si ese es nuestro caso repitamos la siguiente frase:
«Estoy abierto y receptivo»
MEDITACIÓN GUIADA.
… Todos tenemos la capacidad de amarnos a nosotros mismos.
… Todos nos merecemos ser amados, nos merecemos vivir bien, estar sanos, ser amados, amar y prosperar.
… El niño que hay en nuestro interior se merece crecer y convertirse en un maravillo adulto.
Visualicémonos rodeado de amor, feliz, sano y realizado.
Visualicémonos felices, sanos y realizados.
Visualicemos cómo nos gustaría que fuera nuestra vida, …, con todo detalle; sabemos que nos lo merecemos.
Ahora conectemos con el amor que hay en nuestro corazón y permitamos que empiece a fluir, que inunde nuestro cuerpo y que salga de nosotros.
Visualicemos a las personas que amamos, sentadas a nuestro alrededor.
Dejemos que nuestro amor fluya hacia los que tenemos a nuestra izquierda. Y enviémosles pensamientos reconfortantes. Envolvámosles en nuestro amor y deseémosles lo mejor.
Dejemos que nuestro amor fluya hacia los que tenemos a nuestra derecha. Y envolvámosles en las «energías curativas»: AMOR, PAZ Y LUZ.
Sintamos como el amor nos va rodeando hasta que, a nuestro alrededor, lo percibamos como un gran círculo, del que sale nuestro amor y regresa a nosotros mismos multiplicado.
¡¡¡EL AMOR ES LA FUERZA MÁS CURATIVA QUE EXISTE!!!
Llevemos este amor por el mundo y compartámoslo en silencio con todas las personas que se cruzan con nosotros a lo largo del día… ¡Amémonos a nosotros mismos!.
Ama el PLANETA con la conciencia de que todos somos UNO.
La propuesta del Gobierno para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2019 ha levantado una polvareda inesperada con[…]
Sea como fuere, la intención del Gobierno es que los autónomos coticen más que ahora, bajo la premisa de que mayores aportaciones se traducen después en mayor protección para el colectivo, y, tal vez uno de los puntos de mayor fricción con parte del colectivo, de forma obligatoria por todas las contingencias. Esto, asegura el documento, al que ha tenido acceso El Independiente, permitiría aumentar la base de cotizantes y reducir después el coste por trabajador.
Diagnóstico de la situación
Trabajo sostiene que el 85% de los autónomos menores de 45 años cotizan por el salario mínimo, es decir, la base mínima del sistema. Por encima de los 45 años, hay autónomos que optan voluntariamente por una base mayor, pero la gran mayoría sigue cotizando por la base mínima, lo que al final tiene su reflejo en unas peores prestaciones que las que reciben los trabajadores del Régimen General, informa Europa Press.
La subida del salario mínimo interprofesional en un 22,3% contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 implicaría que la base mínima de cotización de los autónomos aumentará también en la misma proporción. Pero el Gobierno quiere evitar al colectivo un incremento de esta magnitud. Ahora bien, deja claro que para obtener mejores prestaciones, los autónomos tienen que cotizar más.
De este modo y para que la subida del SMI no ponga en problemas a los autónomos, el Ejecutivo plantea hasta tres escenarios para subir las cuotas de los autónomos en 2019 y deja para 2020 la puesta en marcha de un sistema que adapte las cotizaciones de los autónomos a sus ingresos reales.
Los autónomos cotizan actualmente por contingencias comunes e incapacidad temporal, con un tipo de cotización conjunto del 29,8%, y con una base mínima de 932,7 euros mensuales. Es voluntario cotizar por cese de actividad (el paro) y por contingencias profesionales (algunos sí están obligados, pero no todos).
En la propuesta de Trabajo, los autónomos tendrían que cotizar por estas tres contingencias de manera obligatoria y por otra más, la de formación, y plantea para ello tres escenarios distintos a valorar por las organizaciones de autónomos.
Tres escenarios para 2019
El primer escenario supondría elevar la base mínima de cotización para 2019 un 1,25%, hasta los 940 euros mensuales, e incrementar el tipo al 33,7%.
El segundo escenario propuesto por el Ministerio supondría que, en lugar del 1,25%, la base subiera un 6,25%, hasta los 990 euros mensuales, con un tipo de cotización del 31,8%.
El tercer escenario implicaría que la subida de la base fuera del 12,25%, hasta los 1.050 euros mensuales, quedándose el tipo de cotización en el 31,2%.
En función del escenario que se acuerde para 2019, se adaptarían también las bases mínimas de los autónomos societarios y con más de diez empleados a su cargo.
Se decida el escenario que se decida, la idea es que esté vigente en 2019 para que ya en 2020 se ponga en marcha un sistema en el que los autónomos coticen por sus ingresos reales. A tal fin, el Gobierno plantea la creación de una mesa conjunta entre Trabajo, Hacienda y las organizaciones de autónomos para fijar cinco tramos de cotización en función de ingresos reales, partiendo de una liquidación mínima inicial que pudiera rectificarse o consolidarse al final del ejercicio.
Revisar la ‘tarifa plana’
Por otro lado, el Gobierno quiere endurecer la tarifa plana que pagan los autónomos a la Seguridad Social cuando comienzan su actividad para garantizar que éstos no abandonan el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) una vez dejan de beneficiarse de esta cuota reducida.
La tarifa plana actual para el primer año en la actividad de un autónomo es de 50 euros mensuales. El Gobierno ha propuesto a las organizaciones de autónomos elevarla a 75 euros mensuales para los trabajadores autónomos (no societarios) y condicionarla a que éstos se mantengan de alta en el sistema una vez finalizado el periodo de bonificación.
El motivo, según la Seguridad Social, es que sólo el 30% de las personas que se benefician de la tarifa plana se mantienen en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) después de su finalización.
“El resto deja de cotizar, marcha al extranjero o se ocupa como asalariado”, según argumenta el Ministerio de Trabajo.
En la propuesta de Trabajo, los periodos dados por cotizados pasarían a ser considerados como media jornada si después de la reducción de cuotas no se está en el RETA al menos un periodo mínimo, aún por determinar.
… «Se decida el escenario que se decida, la idea es que esté vigente en 2019 para que ya en 2020 se ponga en marcha un sistema en el que los autónomos coticen por sus ingresos reales. A tal fin, el Gobierno plantea la creación de una mesa conjunta entre Trabajo, Hacienda y las organizaciones de autónomos para fijar cinco tramos de cotización en función de ingresos reales, partiendo de una liquidación mínima inicial que pudiera rectificarse o consolidarse al final del ejercicio.» …
Cuando se tiene que «crear una mesa de negociación» ante una nueva modificación de la Ley del Trabajo, significa que «hay algo escondido».
Sería más correcto crear esa mesa antes de redactar las modificaciones de ley para, de esa forma, alcanzar aquellas leyes (y modificaciones de las ya existentes) que respondan adecuadamente a las necesidades que nos presentan los nuevos tiempos… ¡Y, no después!
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(CNN) – Elon Musk aceptó el sábado renunciar como presidente de Tesla y pagar una multa de 20 millones de dólares en un acuerdo para resolver los cargos que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) presentó esta semana.
Con el acuerdo, que requiere la aprobación de una corte, Musk podrá permanecer como director ejecutivo de la compañía, pero deberá abandonar su rol de presidente de la junta en 45 días. No podrá buscar la reelección durante tres años, de acuerdo con documentos de la corte.
Musk aceptó el acuerdo con la SEC «sin aceptar ni negar las acusaciones en la denuncia», de acuerdo con un documento de la corte.
La SEC dijo el jueves que Musk engañó a los inversionistas cuando el 7 de agosto tuiteó que había conseguido los fondos necesarios para hacer de Tesla una compañía privada a 420 dólares por acción, provocando que las acciones de Tesla se dispararan. Él no había conseguido los fondos, dijo la SEC.
Por otro lado, Tesla acordó el sábado pagar 20 millones de dólares para resolver las quejas de que había fallado en controlar adecuadamente el tuit de Musk.
Tesla no respondió inmediatamente a los pedidos de CNN por una declaración.
Protestas en la planta de Alcoa en A Coruña. (EFE)
Los cierres de fábricas anunciados en las últimas semanas en España por parte de importantes empresas están dejando cada vez más patentes las dificultades que acarrea la industria en territorio nacional, sector de importancia crítica para la economía y capaz de fijar trabajo en zonas donde no existen alternativas claras.
Una complicación que amenaza con la destrucción de miles de empleos que añadir al mayor problema que sufre la economía española: el paro. Situación que cobra repercusión política de primer orden.
Los sindicatos en pie de guerra. Los barones territoriales y alcaldes mandando SOS a la puerta del ejecutivo central y tratando de salvar la situación —y su cabeza— a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales. Y mientras, el drama laboral —y vital— que presentó Fernando León de Aranoa con ‘Los lunes al sol’ hace 16 años sigue latente.
Alcoa plantea el despido de toda su plantilla en Avilés y A Coruña tras triplicar pérdidas
La compañía ha anunciado el inicio de contactos con los representantes de los trabajadores para extinguir el contrato de sus 686 empleados. Perderá 75 millones en 2018, casi el triple que en 2017
Esta semana ha sido la más negra en lo que va de año, con el anuncio de un plan de despidos de casi 900 empleos. Estos corresponden a los 686 que pretende finiquitar Alcoa en Galicia y Asturias y otros 200 que prevé amortizar Cemex en Almería y Baleares.
Hace pocas semanas Vestas decidía clausurar su planta de León y liquidar a casi 400 trabajadores al margen de otros 180 eventuales sin renovar. Meses antes había cerrado su fábrica de Tarragona, con el consiguiente ajuste de 44 empleados. Otro que está negociando el fin del contrato de sus 180 trabajadores es Construcciones Navales del Norte. La Naval de Sestao (Vizcaya) se encamina a la liquidación tras varios años de pérdidas.
Los cierres se han recrudecido este otoño, pero ya a principios de 2018 Siemens Gamesa decidía no volver a producir más en Miranda de Ebro, lo que le llevó a negociar el fin de su relación laboral con los 134 trabajadores de su planta burgalesa. Son 1.800 empleos a desaparecer, pero detrás hay otros miles que desaparecerán de forma indirecta. Y el horizonte no es para tirar cohetes, con empresas como Tubos Reunidos con serios problemas de continuidad que han abocado a la dimisión de su presidente esta misma semana.
Tubos Reunidos cambia su cúpula en pleno proceso de rescate
Guillermo Ulacia dimite como presidente de Tubos Reunidos y será sustituido por Jorge Gabiola, mientras que Carlos López de las Heras será nuevo director general
Expertos en el sector, académicos, altos responsables de industrias y representantes de trabajadores esgrimen una serie de factores como causantes del apagón industrial que está viviendo España tras 40.000 cierres en la última década.
Falta de valor añadido
En primer lugar, hay que tener en cuenta que en los últimos cierres se trata de industrias sin un alto valor añadido, con lo que existen infinidad de geografías con costes laborales menores que les permiten producir aluminio, palas de aerogenerador, cemento o buques. En España hay un caso paradigmático que es la industria vasca, que ha sabido hacer del I+D su bandera. Ahí están ejemplos como el de CAF, Gestamp o Cie Automotive, que cada vez son más grandes, capaces de exportar y de hacer importantes operaciones corporativas en el extranjero.
Nacionalidad
En segundo lugar, ponen de relieve el hecho de que la mayor parte de las empresas que han presentado los ERE son extranjeras. Ninguna de ellas cuenta con un apego geográfico por el país en el que producen. Se trata de multinacionales de Estados Unidos, México, Alemania o Dinamarca que en cuanto dejan de cuadrarle las cuentas optan por los recortes. Caso diferente es el de la Naval, aunque su liquidación fue solicitada tras no ser capaces de convencer a su último cliente, un armador holandés.
Competitividad
Otro factor a destacar es la falta de competitividad y la supervivencia a base de ese respirador artificial llamado ayudas públicas. Alcoa ha tomado la decisión de cerrar justo en el año en que ha visto mermadas las ayudas que recibía cada año vía factura de la luz. La firma estadounidense ha recibido más de 1.000 millones de euros en los últimos diez años. Pese a ello, la compañía asegura haber registrado pérdidas en las fábricas que quiere cerrar en los últimos años. El Gobierno le afeó la falta de inversión en las mismas.
La merma de ayudas vía factura ya fue criticada este año por AEGE, la asociación de industriales con altos consumos de energía y es que de esta dependen en gran medida compañías como Celsa, Arcelor, Ferroatlántica o Asturiana de Zinc, compañías con plantillas de miles de trabajadores.
La factura de la luz pone en el foco a Arcelor, Ferroatlántica, Asturiana de Zinc y Celsa.
La decisión de Alcoa de despedir a casi 700 trabajadores tras ver mermadas las ayudas que recibe en la factura de la luz abre la caja de los truenos sobre la competitividad de las grandes consumidoras
Otro que anunció su cierre tras concluir el periodo obligatorio de mantenimiento de la actividad por haber sido perceptor de ayudas fue Vestas, que logró subvenciones tanto del gobierno autonómico como local para su factoría de León.
Alto coste energético
Hay otros elementos que no se pueden obviar en la caída de estas plantas. España lleva años siendo uno de los países con la energía más cara de Europa. A esto hay que añadir la intensificación de los costes energéticos que se ha producido en los últimos meses. No solo por lo que respecta a la electricidad sino a otras materias primas fundamentales como el gas o los combustibles fósiles. Cemex apuntó al coste del CO2 como elemento clave para sus cierres.
Globalización
Otro problema añadido con el que se encuentran estas industrias exportadoras es la disparidad normativa a nivel mundial. Así, mientras en España se ven sometidos a unos estándares laborales o medioambientales, otras grandes potencias como China, India o Estados Unidos no lo requieren, lo que supone una dificultad añadida de muy difícil resolución.
Este mismo año otra empresa extranjera como Opel, con plantas en diversas partes del mundo, amenazó con trasladar la producción de su fábrica de Zaragoza si los trabajadores no se plegaban al nuevo convenio que pretendía firmar la empresa. Tras la mediación del Gobierno de Aragón se logró para Figueruelas la construcción del nuevo Opel Corsa. Que estas empresas son capaces de condicionar al poder político por su capacidad de generar y destruir empleo es una evidencia. Este mismo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la fábrica de Renault en Valladolid.
Ford anuncia duros ajustes en sus plantas en Europa y amenaza el empleo de Almussafes
La multinacional americana prepara recortes en su división europea para atajar las pérdidas y enciende las alarmas en sus factorías. Cerca de 30.000 personas dependen de la planta valenciana
Empresas como La Naval se ven impedidas de competir con astilleros de otros países y no solo eso, tienen cerrado el acceso a ayudas públicas, como señaló el Gobierno Vasco, ya que contraviene la normativa europea.
Una consultora explica que aunque a largo plazo mantenerse a base de ayudas no es la solución, otros países como Francia o Alemania protegen su industria con diferentes dádivas capaces de sortear el control de Bruselas. El grupo de expertos nombrado por el ministro Álvaro Nadal proponía eliminar toda la fiscalidad verde de la industria exportadora precisamente para evitar la deslocalización.
Nuevos desincentivos políticos
A todo lo anterior hay quien cree que no ayudan las propuestas del actual gobierno de elevar el salario mínimo, aumentar la presión fiscal a los beneficios de las empresas o seguir recargando con impuestos medioambientales sus costes de producción. Sin olvidar factores como la automatización y robotización que hacen cada vez más prescindibles a los trabajadores sin cualificación.
Las fuentes consultadas explican que las soluciones no son fáciles ni pasan por el corto plazo, ya que un potente sector industrial capaz de producir bienes con valor añadido que no son fácilmente deslocalizables necesita de un esfuerzo conjunto de la sociedad para atraer inversión pública y privada y destinar recursos a la educación para promover los profesionales de este sector. Son muchas las empresas industriales en España que aseguran a El Confidencial tener serios problemas para captar talento de profesionales con determinadas capacidades, ya que estos encuentran oportunidades en otros sectores más pujantes actualmente.
Varios de los trabajadores de la fábrica de Alcoa en A Coruña. (EFE)
Y el problema trasciende a lo económico. Sirva de ejemplo una de los principales slogan de campaña de Donald Trump: «Make America Great Again». Una frase que resumía las intenciones del presidente por recuperar su industria muy lastrada por la deslocalización como dejó patente el declive de ciudades como Detroit. Otro claro ejemplo en esta línea es el Brexit o el nuevo gobierno de Italia.
Los populismos de corte nacionalista y proteccionista cada vez más presentes también en España buscan dar solución fácil a los complejos problemas de la política para imponerse al poder de las grandes multinacionales y su capacidad de deslocalización. El caldo de cultivo aumenta con el cierre de industrias.
La deuda de las administraciones públicas españolas se situó en agosto en 1,162 billones de euros, cosa que supone 2.352 millones de euros más que en julio, el 0,2% más, y 32.733 millones de euros más que en agosto del año pasado, el 2,9% más, según el Banco de España.
La serie del regulador bancario español, que empieza en diciembre de 1994, indica que esta cifra de deuda es hasta ahora la segunda más alta que se ha registrado en el Estado después de llegar al máximo en junio de este año(1,164 billones). El endeudamiento en agosto supone el 97,3% del PIBespañol y es un porcentaje »plenamente consistente» con el compromiso de cerrar este año con una deuda del 97% del PIB, según defiende el ministerio de Economía.
Este objetivo de cerrar el año con un endeudamiento que suponga el 97% del PIB forma parte del plano presupuestario para el 2019 que el gobierno español envió este lunes en la Comisión Europea.
El ministerio de Economía ha emitido una nota informativa en la cual advierte que en el endeudamiento público no se tiene que dar demasiada relevancia a la comparativa mensual porque es un dato que registra una »evolución volátil condicionada por la concentración de emisiones en los primeros meses del año y de los vencimientos de enero, abril, julio y octubre».
Varios de los trabajadores de la fábrica de Alcoa en A Coruña. (EFE)
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