El pleno del Parlament ha rechazado este miércoles el decreto ley del Govern de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de vivienda, que plantea limitar el precio del alquiler en determinadas zonas.
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La iniciativa solo ha contado con 64 votos favorables de JxCat y ERC -los grupos que forman parte del Govern- y con 69 contrarios de toda la oposición: Cs, PSC-Units, comuns, CUP – en la línea de no respaldar políticas del Govern- y PP.
El decreto ha llegado a votación en el pleno después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) haya dictaminado que la norma invade las competencias del Estado y contraviene algunos artículos del Estatut y de la Constitución, aunque el dictamen no es vinculante.
Con esta iniciativa, el Govern pretendía contener el precio del alquiler en las áreas declaradas «con mercado de vivienda tenso», algo que debía hacer la Conselleria de Territorio y, en la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento.
La consellera de Justicia, Ester Capella, ha defendido la validación del decreto para poder afrontar el aumento del precio del alquiler, que ve desproporcionado: «Si no hacemos frente a los precios abusivos de la vivienda, la vivienda nunca será un derecho».
Ha afirmado que no comparte que el CGE haya dictaminado que este decreto es inconstitucional porque supera las competencias de la Generalitat: «Desde el Govern no nos autolimitaremos y nunca renunciaremos a combatir los abusos en el precio del alquiler», y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no querer limitar el alquiler.
Asimismo, ha recriminado a los comuns y a la CUP que voten en contra: «Si tumban el decreto se ponen al lado del Banco de España, del PSC y del PP. Sí que se puede, si se quiere. Si quieren, podremos. Si no quieren, no podremos», y les ha pedido que al menos se abstengan para después mejorar el decreto a través de un proyecto de ley.
Jordi Orobitg (ERC) ha asegurado que no regular el alquiler sería «manifiestamente antisocial y anticonstitucional», mientras que Eusebi Campdepadrós (JxCat) ha considerado que la oposición no ha sido responsable rechazando el decreto, y ambos han coincidido en que la Generalitat sí que tiene competencias para esta regulación.
Por parte de los comuns, Susanna Segovia ha contestado a Capella que el primero que rechazó el decreto no fue el Banco de España, sino el Sindicat de Llogaters, y ha apuntado que las medidas que contiene «no sirven», por lo que ha pedido al Govern que trabaje para hacer una buena regulación que cuente con el apoyo de las entidades y de los partidos, como se logró en 2015 con la ley contra la pobreza energética.
En la misma línea, la ‘cupaire’ Maria Sirvent ha alertado de que el decreto permite que el alquiler siga aumentando y que se ha hecho a espaldas de las entidades, pero ha tendido la mano al Govern para legislar en este tema: «Podemos impulsar conjuntamente una ley de verdad».
El diputado de Cs Manuel Rodríguez ha recriminado al Govern que gobierne «a base de titulares», ya que considera que el Ejecutivo de Quim Torra no ha hecho nada para mejorar la situación de la vivienda en Catalunya pese a tener algunas competencias para ello, mientras que rechaza el decreto porque no comparte su contenido y porque la regulación del alquiler es competencia exclusiva del Estado.
La diputada socialista Rosa Maria Ibarra ha dicho que, pese a compartir el análisis de la subida de precios y la necesidad de regular el alquiler, este decreto solo busca un «titular electoralista y generar confrontación» con el Gobierno central, ya que ha afirmado que supera las competencias del Govern y no da soluciones efectivas.
Además, la popular Esperanza García ha insistido en que regular el precio del alquiler es competencia estatal y ha advertido de que las medidas del decreto son «contraproducentes».
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El COMENTARIO de @CatSeguros ©® By Niklauss.
Ante actitudes de este estilo cabe afirmar: cuando unos políticos, electos democráticamente, dejan de lado las necesidades de quienes han depositado su voto en las urnas, éstos pierden toda representatividad frente al pueblo que los ha colocado en sus cargos.
Anteponer los intereses del partido frente a una necesidad de l@s ciudadan@s, ni es la forma de gobernar, ni es lo moralmente ético en una sociedad (tanto si es «moderna como antigua»). Sólo demuestra el perfil político de sus componentes.
Sean medidas electoralistas, o no lo sean, por encima de todo ello debiera estar el bienestar de l@s ciudadan@s.
¿Alguno de es@s político@s se ha planteado lo que puede suceder en los próximos años si no se toman medidas relacionadas con el precio de la vivienda?
¡Nosotros sí lo hemos hecho!:
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Se trata de un problema global al que, de no darle solución, se podría convertir en la chispa que encendiera el fuego de la discordia en gran parte del planeta; especialmente en las llamadas (quizás mal) «sociedades modernas occidentales». Recordemos que todas las grandes guerras se han producido en el «Primer Mundo»; no el el Segundo ni en el Tercero.
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