La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha defendido que hay que luchar contra el «abuso» de contratos temporales y que estos «no deben servir para ocupar puestos de trabajo fijos con contratos ilimitados que se prolongan».
«Los sueldos han bajado tanto que ya muchos españoles no pueden vivir solo de su salario», ha señalado la ministra en una entrevista con el diario alemán Handelsblatt,en la que ha criticado que los nuevos contratos «tienen una duración de tan sólo unos días, semanas o meses».
Para que mejoren los salarios, Calviño ha apostado por aumentar la productividad y la calidad del trabajo «sin que España pierda competitividad a nivel internacional». Además, ha subrayado que esperan que el paro «siga bajando gracias al crecimiento económico».
Casi un 30% de la población está en riesgo de pobreza, y eso a pesar de que en los últimos años la economía ha crecido más de un 3%
La ministra de Economía ha asegurado que está «muy a favor de la austeridad», pero sólo cuando «no pone en peligro el crecimiento económico y la estabilidad». Por ello, ha incidido en que la economía y las finanzas «sólo son sostenibles cuando un país es estable también desde el punto de vista social».
En este sentido, ha lamentado que en los últimos años en España «se ha ensanchado» la brecha entre ricos y pobres; y que «han vuelto problemas como la pobreza infantil». «Casi un 30% de la población está en riesgo de pobreza, y eso a pesar de que en los últimos años la economía ha crecido más de un 3%», ha dicho.
«Si queremos mantener nuestra economía social de mercado y evitar que los populistas ganen adeptos, tenemos que preocuparnos por que todos se beneficien del crecimiento económico», ha concluido la ministra.
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Santiago Niño (@sninobecerra) twitteó a las 9:26 a. m. on dom., jun. 23, 2019: Sorprende que la Sra. Ministra diga esto: desde antes de que ella fuese Ministra el 17% de las personas que trabajan en ESP son pobres. (¿Aumentar la productividad? Para eso hace falta inversión, y si aumenta el paro crecerá). https://t.co/YM3Lp2thT0 (https://twitter.com/sninobecerra/status/1142695343525629952?s=09)
L. NICOLÁS CENTELLES (@Luis_NICOLAS_C) twitteó a las 3:09 p. m. on mié., jun. 26, 2019: Por desgraciada q sea su argumentación, profesor, es tanto + cierta cuanto + siga coexistiendo con tod@s nosotr@s el actual modelo social.
Santiago Niño (@sninobecerra) twitteó a las 10:25 a. m. on dom., jun. 23, 2019: Hace treinta años que era evidente la tendencia al agotamientode un modelo que primaba el low-cost y la masificación, pero era más fácil seguir igual. Bien ya se ha llegado a aquel futuro que entonces se imaginaba. https://t.co/uM4YvvamBM (https://twitter.com/sninobecerra/status/1142710210181701632?s=09)
El pleno del Parlament ha rechazado este miércoles el decreto ley del Govern de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamientos de vivienda, que plantea limitar el precio del alquiler en determinadas zonas.
La iniciativa solo ha contado con 64 votos favorables de JxCat y ERC -los grupos que forman parte del Govern- y con 69 contrarios de toda la oposición: Cs, PSC-Units, comuns, CUP – en la línea de no respaldar políticas del Govern- y PP.
El decreto ha llegado a votación en el pleno después de que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) haya dictaminado que la norma invade las competencias del Estado y contraviene algunos artículos del Estatut y de la Constitución, aunque el dictamen no es vinculante.
Con esta iniciativa, el Govern pretendía contener el precio del alquiler en las áreas declaradas «con mercado de vivienda tenso», algo que debía hacer la Conselleria de Territorio y, en la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento.
La consellera de Justicia, Ester Capella, ha defendido la validación del decreto para poder afrontar el aumento del precio del alquiler, que ve desproporcionado: «Si no hacemos frente a los precios abusivos de la vivienda, la vivienda nunca será un derecho».
Ha afirmado que no comparte que el CGE haya dictaminado que este decreto es inconstitucional porque supera las competencias de la Generalitat: «Desde el Govern no nos autolimitaremos y nunca renunciaremos a combatir los abusos en el precio del alquiler», y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no querer limitar el alquiler.
Asimismo, ha recriminado a los comuns y a la CUP que voten en contra: «Si tumban el decreto se ponen al lado del Banco de España, del PSC y del PP. Sí que se puede, si se quiere. Si quieren, podremos. Si no quieren, no podremos», y les ha pedido que al menos se abstengan para después mejorar el decreto a través de un proyecto de ley.
Jordi Orobitg (ERC) ha asegurado que no regular el alquiler sería «manifiestamente antisocial y anticonstitucional», mientras que Eusebi Campdepadrós (JxCat) ha considerado que la oposición no ha sido responsable rechazando el decreto, y ambos han coincidido en que la Generalitat sí que tiene competencias para esta regulación.
Por parte de los comuns, Susanna Segovia ha contestado a Capella que el primero que rechazó el decreto no fue el Banco de España, sino el Sindicat de Llogaters, y ha apuntado que las medidas que contiene «no sirven», por lo que ha pedido al Govern que trabaje para hacer una buena regulación que cuente con el apoyo de las entidades y de los partidos, como se logró en 2015 con la ley contra la pobreza energética.
En la misma línea, la ‘cupaire’ Maria Sirvent ha alertado de que el decreto permite que el alquiler siga aumentando y que se ha hecho a espaldas de las entidades, pero ha tendido la mano al Govern para legislar en este tema: «Podemos impulsar conjuntamente una ley de verdad».
El diputado de Cs Manuel Rodríguez ha recriminado al Govern que gobierne «a base de titulares», ya que considera que el Ejecutivo de Quim Torra no ha hecho nada para mejorar la situación de la vivienda en Catalunya pese a tener algunas competencias para ello, mientras que rechaza el decreto porque no comparte su contenido y porque la regulación del alquiler es competencia exclusiva del Estado.
La diputada socialista Rosa Maria Ibarra ha dicho que, pese a compartir el análisis de la subida de precios y la necesidad de regular el alquiler, este decreto solo busca un «titular electoralista y generar confrontación» con el Gobierno central, ya que ha afirmado que supera las competencias del Govern y no da soluciones efectivas.
Además, la popular Esperanza García ha insistido en que regular el precio del alquiler es competencia estatal y ha advertido de que las medidas del decreto son «contraproducentes».
Ante actitudes de este estilo cabe afirmar: cuando unos políticos, electos democráticamente, dejan de lado las necesidades de quienes han depositado su voto en las urnas, éstos pierden toda representatividad frente al pueblo que los ha colocado en sus cargos.
Anteponer los intereses del partido frente a una necesidad de l@s ciudadan@s, ni es la forma de gobernar, ni es lo moralmente ético en una sociedad (tanto si es «moderna como antigua»). Sólo demuestra el perfil político de sus componentes.
Sean medidas electoralistas, o no lo sean, por encima de todo ello debiera estar el bienestar de l@s ciudadan@s.
¿Alguno de es@s político@s se ha planteado lo que puede suceder en los próximos años si no se toman medidas relacionadas con el precio de la vivienda?
Se trata de un problema global al que, de no darle solución, se podría convertir en la chispa que encendiera el fuego de la discordia en gran parte del planeta; especialmente en las llamadas (quizás mal) «sociedades modernas occidentales». Recordemos que todas las grandes guerras se han producido en el «Primer Mundo»; no el el Segundo ni en el Tercero.
Vacas con un agujero abierto en el vientre con un ojo de buey que se tapa y se destapa, como si fuera la apertura del depósito de gasolina, para verter el alimento directamente a su estómago. Esta práctica brutal, que persigue el único objetivo de aumentar la productividad láctea de los animales, es lo que están poniendo en práctica en una granja experimental de la empresa Sanders, filial del grupo alimentario francés Avril.
Así lo denuncia una sorprendente investigación de la organización francesa de protección de los animales L214 , que ha podido grabar imágenes en el interior de la granja, situada en Sourche, cerca de Le Mans, donde se ve este método totalmente despiadado. El ojo de buey instalado en un lado del vientre de las vacas tiene 15 centímetros de diámetro y algunos de los trabajadores de la instalación meten el brazo para extraer muestras y la abren también para verter alimentos, antes de volver a poner la tapa.
«Estos experimentos son ilícitos, las regulaciones son bastante precisas y dicen que los experimentos sobre animales deben ser estrictamente necesarios, y aumentar la productividad sin fin no es una necesidad», denuncian desde L214. Las vacas de Sourche producen «una media de 27 litros de leche diarios, cinco veces más que la necesidad natural de un ternero», añade la entidad. «Exigimos que se detengan estos experimentos», afirman, y hacen una recogida de firmas para conseguirlo.
L214 denuncia las condiciones inhumanas no sólo de este sistema sino también de toda la instalación, con jaulas donde las vacas viven sin ni siquiera paja, «pollos tan grasos que no se pueden ni desplazar o conejos enfermos a sus jaulas minúsculas «.
El grupo Avril ha respondido a la denuncia defendiendo el experimento, con una declaración por escrito: «Este proceso se utiliza en todo el mundo con fines de investigación, se acompaña de un seguimiento veterinario extremadamente riguroso y actualmente es la única solución para estudiar la digestión de proteínas vegetales «. Para el año 2025, la compañía asegura que quiere sustituir estos métodos por otras «alternativas».
Con la renta básica universal, los ciudadanos adultos de Catalunya podrían cobrar 664 euros netos al mes. Esto implica que cualquier habitante, independientemente de sus condiciones personales, laborales o patrimoniales, podría percibir 7.968 euros al año.Los menores cobrarían 133 euros al mes, unos 1.594 euros al año. Esta es la propuesta que han elaborado los economistas Oriol Amat y Xavier Ferràs en el estudio RBU: Análisis de una propuesta disruptiva de innovación, encargado por la Generalitat en el marco del Pacto Nacional para la Industria y publicado este viernes.
Según los economistas, la medida está concebida para lograr que cualquier ciudadano viva con dignidad. Actualmente, el Idescat calcula que el 20% de los habitantes de Catalunya viven en riesgo de pobreza.
IDESCAT
En Catalunya, el 20% de la población vive en riesgo de pobreza
Según el informe, la renta básica universal tendría un coste neto de 7.700 millones de euros al año para las arcas públicas catalanas, lo que equivaldría al 3,5% del PIB de la comunidad. Amat y Ferràs apuntan que la renta básica universal se podría financiar con un incremento del IRPF, que pasaría a tener un tipo único nominal del 49,57%. Se eliminarían los mínimos personales, la compensación entre rendimientos, las reducciones de la base y las deducciones de la cuota.
La medida también implicaría eliminar otro tipo de ayudas y subsidios. Además, el estudio recoge que esta renta se podría financiar con cambios en el Impuesto de Sociedades y con los ingresos obtenidos a través de la lucha contra el fraude y la economía sumergida.
En el acto de presentación del informe, la Consellera d’Empresa, Àngels Chacón ha indicado que “este tipo de estudios nos sirven para guiar nuestros criterios para diseñar y aplicar políticas públicas ante un proceso de transformación de modelos productivos”.
En la iniciativa estarían de acuerdo tanto PP, como PSOE y Ciudadanos. Adelante Málaga, la franquicia política de IU/Podemos, se niega. En el aire, también el número de eventuales.
Francisco de la Torre, en el momento de ser reelegido alcalde de Málaga. (EFE)
Nada más empezar este mandato municipal, los concejales del Ayuntamiento de Málaga han asumido una tarea: ponerse de acuerdo para intentar subirse el sueldo. En la medida estarían de acuerdo tanto PP, como PSOE y Ciudadanos. Adelante Málaga, la franquicia política de IU/Podemos, se niega. Este martes por la mañana se han puesto de acuerdo y se han subido el sueldo un 20%.
¿Cobran poco o mucho los ediles malagueños? El alcalde (Francisco de la Torre), en el cargo desde 2000, recibe un salario de 65.183 euros brutos anuales. Tradicionalmente, siempre ha cobrado lo mismo que un consejero de la Junta de Andalucía, según una norma que se impuso en el Ayuntamiento de Málaga en la etapa del alcalde socialista Pedro Aparicio (1979-1995).
El portavoz del Gobierno cobra 58.665 y los de la oposición, 55.406. Un concejal con dedicación exclusiva gana 46.932. El PP propone un aumento del 20% del salario para los concejales. Con esta medida, se paliaría un número elevado de concejales del PSOE que se han acogido a una dedicación parcial y no exclusiva como concejales. Una sentencia del Ayuntamiento de Valencina (Sevilla), de 7.800 habitantes, la ha recogido el secretario/interventor municipal como referencia para situar en un sueldo del 75% el tiempo parcial del edil en vez del 90% que regía hasta ahora.
La medida supondría un grave perjuicio para los ediles socialistas. Daniel Pérez, portavoz socialista en la corporación municipal, no quiere de momento soltar prenda. Su argumento es que ahora mismo se encuentran en fase de negociación y es pronto para poner todas las cartas encima de la mesa.
«Sin pistas» del PSOE
“Es importante tener un buen Gobierno, pero también una buena oposición. Por ahora no ha habido acuerdo, ni acercamiento. No voy a dar pistas”, dijo Pérez, que no quiso contestar a preguntas de este diario si los concejales malagueños estaban bien pagados o no. Fuentes del equipo del alcalde de Málaga señalaron a El Confidencial que se estaba trabajando en hacer un ‘pack’ completo “para un acuerdo global” sobre los contratados eventuales y la aportación económica. “Creo que para ser ediles de la sexta ciudad de España no estamos bien pagados. Se podría hacer un gesto de subida para tener sueldos más equilibrados”.
«No es una bandera nuestra, pero si se vota vamos a votar que sí. Se trata de dignificar la política», subraya el grupo municipal de Cs.
En el grupo municipal de Ciudadanos tienen claro que los concejales están lejos de tener unos sueldos decentes. “No es una bandera nuestra, pero si se vota vamos a votar que sí. Se trata de dignificar la política y que los salarios no sean un obstáculo si quieres fichar a alguien del sector privado”.
Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga, deja claro que el aumento de sueldo de los concejales no era algo que su grupo tuviera en agenda. “No tenemos interés: los sueldos son razonables si se compara con lo que se gana en la calle, e inferiores si la comparación es con otras poblaciones”. “Ahora lo que importa”, argumenta Zorrilla, “es aprobar la periodicidad del pleno, las comisiones y las asignaciones de técnicos”.
La última gran polémica con los sueldos se remonta a hace una década. Entonces, en febrero de 2009, El Confidencial publicó que Francisco de la Torre había autorizado que dos altos cargos de confianza del Ayuntamiento, el entonces gerente de Promálaga, José Estrada, y la gerente del Palacio de Ferias y Congresos, Yolanda Aguilar, tengan contratos blindados. Si el Ayuntamiento decide despedirles les tendrá que indemnizar con 380.000 euros. El sueldo de ambos es de 190.000 euros, el doble de lo que ganaba el alcalde en ese momento: 78.000 euros, 13.000 menos que ahora.
Ahora poco podemos quejarnos (aunque yo no debiera incluirme puesto que mi voto fue muy bien elegido para ir en contra de la «colocación de este tipo de políticos en las sillas de los representantes políticos de turno»).
Considero que nuestras elecciones políticas deben ir dirigidas a la resolución de los problemas reales de nuestra sociedad. Y, las siguientes noticias que hemos publicado hace ya semanas, son alguno de esos problemas (… de enrme calado en nuestra «sociedad moderna»…):
Para producir grandes cambios sociales, y hacerlo de forma democrática (sin violencia alguna) es imprescindible ser fuerte, fiel a los principios morales y éticos que soportan a una sociedad (cual cimientos de un gran rascacielos); y, decidir el voto correcto acorde a una sociedad que respete la Dignidad Humana, nunca sólamente nuestros intereses particulares.
Los desembolsos de las Administraciones crecieron en 2018 al mayor ritmo desde 2009 y superan el medio billón de euros.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conversa con el diputado popular y exministro Cristóbal Montoro, en junio de 2018. BALLESTEROS (EFE) Fuente: Diario EL PAIS
El gasto público recuperó en 2018 los niveles previos a los grandes recortes que sufrió durante la crisis. Hasta el punto de que se alcanzó el medio billón de euros, un máximo histórico. No obstante, al restarle la inflación o medirlo en función del PIB, en realidad se encuentra todavía en cotas inferiores. Aun así, se vislumbra una nueva tendencia. Después de años de austeridad, en 2018 los desembolsos aumentaron al mayor ritmo desde 2009. Con un incremento de 22.000 millones en un ejercicio, crecieron en volúmenes similares a los de 2004 o 2005.
El gasto público avanzó en 2018 al mayor ritmo desde 2009, año en el que en medio de la recesión y animado por el G20 el Gobierno de Zapatero intentó contrarrestar el desplome de la actividad con estímulos fiscales. Entre 2012 y 2017, bajo el Gobierno del PP, los desembolsos de las Administraciones o bien se recortaron o bien experimentaron crecimientos raquíticos. Pero en 2018 se ha dado un claro cambio de tendencia. El gasto público aumentó en 22.515 millones de euros, un incremento por debajo de los anotados entre 2007 y 2009, cuando los desembolsos subían a ritmos superiores a los 35.000 millones, pero solo ligeramente por debajo de los registrados en 2004 y 2005, años en los que sin embargo el PIB nominal crecía al 6% o 7%, casi el doble que ahora.
Es más, el año pasado el gasto alcanzó un máximo histórico al tocar los 500.641 millones de euros, superando el anterior pico registrado en 2012 con 500.177 millones. Es decir, se han recuperado los niveles en euros.
GASTO PÚBLICO EN ESPAÑA
En miles de millones de euros
Fuente: IGAE y elaboración propia del Diario EL PAÍS
No obstante, en porcentaje de PIB se sitúa en el 41,4%, y por tanto en relación con la riqueza del país sigue muy lejos del 48,1% que se contabilizó en 2012, en parte porque entonces el PIB caía hundiendo el denominador. De hecho, todavía se encuentra a gran distancia de la media de la UE, en el 45,8% del PIB, y de la zona euro, en el 47%, según cifras de Eurostat de 2017.
El medio billón de euros tampoco representa lo mismo que en 2012 en cuanto a poder de compra. Entre ese año y 2018 la inflación fue del 7,2% y, en consecuencia, ese gasto en realidad resulta un 7,2% menor.
Además, la composición es muy distinta, al haber ganado peso los capítulos de pensiones y funcionarios, y en cambio destinarse una menor proporción a inversiones, I+D o el resto de políticas sociales.
En 2018, el gasto creció un 4,7%, por encima de lo que aumentó el PIB incluyendo la inflación, un 3,6%. Lo cual significa que los desembolsos de la Administración están engordando más allá de lo que mejora la capacidad económica, lo que podría empeorar el agujero presupuestario. Sin embargo, el aumento se ha visto acompañado por una recaudación que se disparó un 6%, casi duplicando lo que creció la economía. A su vez, eso ha permitido que se redujese el desfase presupuestario entre ingresos y gastos. El déficit público bajó desde el 3,1% del PIB de 2017 —que en euros fueron 35.903 millones— hasta el 2,6% con el que se cerró en 2018 —31.805 millones—.
No obstante, organismos como la Comisión Europea critican que la mejora de los ingresos se deba exclusivamente al ciclo económico, y no a reformas que aseguren que la recaudación sea estructuralmente más alta. En consecuencia, de producirse una recaída de la economía, puede correrse el riesgo de que se repita lo ocurrido al inicio de la crisis, cuando los ingresos se desplomaron en 66.000 millones de euros en solo dos años.
Y estos no se restablecieron hasta 2017, cuando se obtuvieron 442.223 millones, solo 382 millones menos que en 2007. El año pasado ya se logró el récord al recaudarse 468.836 millones. Sin embargo, en relación al PIB los ingresos están en el 38,8%, por debajo del 41% registrado en 2007. Y distan mucho del 44,8% recaudado en la UE y del 46,1% de la zona euro.
Un tercio de los 22.515 millones que ha aumentado el gasto se debe a las transferencias sociales, que suben en 7.382 millones por las pensiones. Estas se elevan por dos motivos: la revalorización que pactaron PP y PNV. Y la incorporación de un mayor número de pensionistas, que además cobran prestaciones más altas por haber cotizado más.
La partida de personal engorda en 3.972 millones, un 3,2%. Si bien la revalorización que acordó el Gobierno de Rajoy fue hasta el 2%. De modo que un tercio del incremento es por contrataciones. En este sentido, destacan las alzas de Baleares, Valencia, Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha. Una parte de estos gastos, la mejora de pensiones y sueldos de funcionarios por valor de 6.000 millones, ya la había aprobado el Ejecutivo popular.
La inversión suma 2.981 millones, un 13% más coincidiendo con la proximidad de las elecciones. Los consumos escalan en 1.817 millones, un 3,1%. Los intereses repuntan en 498 millones, un 1,7%. Y otros empleos engordan en 4.996 millones, entre los que se incluyen unos 2.000 millones en provisiones por las autopistas quebradas. También se ha adelantado, entre otros, el pago de créditos fiscales a empresas por valor de 1.000 millones. Dado que en 2018 la Comisión solo quería que se bajase del 3% de déficit para que España saliese del procedimiento de tutela, cabe preguntarse si el Gobierno concentró estos gastos el año pasado a fin de generar margen con el que tener más fácil recortar el déficit este año.
Junto a la caída del ahorro, el alza del gasto público explica en buena medida que la economía española esté resistiendo mejor que otras la ralentización global.
Aclaración de la FUENTE.
Santiago Niño (@sninobecerra) twitteó a las 1:02 p. m. on mié., abr. 17, 2019: ESP tiene uno de los gastos públicos sobre PIB más bajos de EUR, uno de los déficits más elevados y una de las presiones fiscales más reducidas. Pero la ciudadanía no soporta más impuestos y el país no se puede permitir ese gasto. ¿Y perseguir el fraude? https://t.co/cjSajmfZWa (https://twitter.com/sninobecerra/status/1118469784184721409?s=09)
El Apunte de nuestro Comentarista.
L. NICOLÁS CENTELLES (@Luis_NICOLAS_C) twitteó a las 7:01 p. m. on jue., abr. 18, 2019: ¿No será que gran parte de los políticos están directamente implicados en el fraude, …, quizás a través de la corrupción?
Expresamente hemos esperado a pasados los períodos electorales (el nacional, el municipal, el autonómico y el europeo) para no influir las decisiones electorales del voto que debiera ser LIBRE.
Porque, efectivamente, considero que, con titulares como el de este artículo, el voto personal y particular deja de ser libre.
Es cierto que el Gasto Público ha mejorado desde el inicio de la crisis en verano de 2007. ¡¡¡Sólo faltaría!!!.
Sin embargo, España sigue teniendo uno de los gastos públicos más bajos de la Zona Euro; hablando en términos porcentuales respecto del PIB nacional. Lo que implica, o bien, un fuerte desinterés de nuestros políticos por solucionar los enormes problemas sociales; o bien, una imposibilidad de utilizar el Presupuesto Estatal (quizás debido a tenerlo todo él ya empeñado).
Pasadas las elecciones el Gobierno en Funciones ha puesto en marcha una de las medidas anunciadas poco antes: la persecución del fraude de pequeñas empresas (muy pequeños comercios) y pequeños autónomos. Aunque esa sea una medida correcta en sí misma, probablemente se acabe convirtiendo en UN NUEVO PALO EN LAS RUEDAS DE LA MALTRECHA ECONOMÍA ESPAÑOLA: el pequeño autónomo trabajo tienen para desarrollar su labor mes a mes; mientras que otros fraudes mucho mayores siguen quedando impunes (al menos aparentemente).
La sociedad puede acabar cansándose del típico mantra del este sistema social completamente agotado: «… si has de robar hazlo a lo grande, de esa forma podrás pagarte buenos abogados y salir airoso …».
Bien haría la Justicia en perseguir el gran fraude; de igual modo a como en toda gran empresa, cuando se está en situación de difícil continuidad, se recortan los grandes gastos por ser los que devuelven mayor visibilidad contable en menor tiempo.
Los Veintiocho intentan fijar por primera vez el objetivo de una economía continental liberada de dióxido de carbono para 2050.
Reunión del Consejo Europeo en Bruselas, este jueves. A ella acudieron Pedro Sánchez (primero por la izquierda), Emmanuel Macron (primero por la derecha) y Angela Merkel. JOHANNA GERON AFP
La Unión Europea tropieza en la lucha contra el cambio climático. Al menos, por ahora. Los 28 Gobiernos de la Unión intentaron pactar en la cumbre europea de este jueves en Bruselas un histórico compromiso que fijase por primera vez para 2050 el objetivo de una economía continental liberada de emisiones de CO2. Pero algunos socios de Europa del Este, encabezados por Polonia, han impedido el pacto y han obligado a rebajarlo a una mera declaración de intenciones suscrita por una mayoría de los socios. El pacto pretendía ser una respuesta política a las políticas energéticas de Donald Trump, que ha cuestionado la lucha contra el cambio climático y el Acuerdo de París. Pero la contraofensiva de la Unión ha quedado, de momento, en el aire.
La lucha contra el cambio climático ha entrado en la agenda europea con fuerza en pleno ascenso electoral de Los Verdes. Pero pese a que fuentes diplomáticas resaltaban en los últimos días que todos los miembros del club han asumido que es necesario actuar, entre los 28 conviven todavía sensibilidades dispares. La prueba llegó en la noche del jueves en Bruselas.
La mayoría de Gobiernos buscaba cerrar un acuerdo para garantizar una transición hacia la neutralidad climática de la UE en 2050. Esto es, que no emitan más gases de efecto invernadero de los que se pueden absorber. Pero la oposición de países como Polonia, Hungría, República Checa y Estonia frustró el acuerdo, tejido laboriosamente durante las últimas semanas.
El gobierno polaco se negó en redondo por la falta de concreción de los mecanismos de financiación y compensación que ayudarían a los países con más dificultades para alcanzar la descarbonización en 2050. «Llevamos dos años negociando ese mecanismo pero sigue sin concretarse», señalaron fuentes polacas tras vetar el acuerdo.
Las mismas fuentes señalaron la disposición de Varsovia a volver a la mesa de negociación «tan pronto como el resto de socios demuestren la voluntad de llegar a un acuerdo sobre la financiación». Pero el veto polaco, de momento, ha puesto en peligro la contribución de Europa a la cumbre sobre el clima que Naciones Unidas organizará en septiembre y que pretendía ser la reafirmación de la lucha contra el cambio climático frente a Gobiernos como el de Trump.
Los partidarios de reforzar la posición europea parecen condenados a conformarse a una declaración suscrita por la inmensa mayoría de socios, en la que se comprometen a apostar por la neutralidad climática en 2050. La referencia a ese compromiso, impulsado inicialmente por Francia y España y al que ya se han sumado 15 socios europeos, quedaría relegada a una nota a pie de página en las conclusiones de la cumbre europea que concluye este viernes en Bruselas.
Aunque las más de tres décadas por delante pueden hacer pensar que hay tiempo de sobra para tomar medidas, el compromiso, de alcanzarse, conllevaría transformaciones de calado a muy largo plazo. Hace solo unos meses, una propuesta así ni siquiera parecía planteable dada la resistencia de países con importante dependencia del carbón como Polonia o Alemania. Pero los vientos empezaron a girar bajo el impulso de Francia y España. Y hace un mes ya se puso en marcha una iniciativa para incorporar el objetivo de cero emisiones en 2050.
Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España y Suecia comandaron ese grupo inicial. «Entonces firmaron ocho países, ahora ya somos 15», se felicitó el presidente francés, Emmanuel Macron, a su llegada a la cumbre europea de este jueves. «Hay un consenso creciente para una conclusiones ambiciosas en esta cumbre», añadió.
El pronóstico no terminó de cumplirse. Alemania, que se había resistido al objetivo, cambió hace unas semanas de posición, pero no fue suficiente para decantar las fuerzas hacia el acuerdo. Y aunque parece improbable que el pacto acabe muriendo en la orilla, la negativa de Varsovia aplaza el movimiento.
Los temores de Polonia y otros países de Europa central y del Este a que la descarbonización ponga en peligro la competitividad de sus industrias se mantuvieron vivos pese a que se incorporaron al texto numerosas salvaguardas sobre el posible impacto de la transición energética. Todo se resume en una palabra: dinero. La Comisión Europea ya puso sobre la mesa dedicar el 25% del presupuesto comunitario para 2021-2027 a políticas medioambientales, y Francia ofrecía elevar ese umbral hasta el 40% para convencer a los países renuentes, pero Polonia busca asegurarse un colchón suficiente para afrontar un cambio tan drástico.
Fuentes del Elíseo eludían calificar de «compensaciones» los fondos que han puesto a disposición de los países con más problemas para desarrollar la transición energética. En su lugar, preferían hablar de «acompañamiento financiero» a empresas y regiones y de «compartir esfuerzos» mediante un despliegue de «solidaridad europea». Con uno u otro nombre, el minero polaco puede pasar a ser el símbolo de una especie en vías de extinción si se superan las trabas, con lo que Varsovia busca obtener suficientes garantías para esa reconversión.
El resultado final congela las ambiciones europeas justo en un momento geoestratégico muy delicado para el futuro de las políticas mundiales de clima y energía. Solo 24 horas antes, la Administración de Donald Trump aprobaba su nueva estrategia energética (tras derogar la de Obama) en la que apuesta claramente por una recuperación del carbón.
Pese a la decepción, fuentes diplomáticas ven un viraje general, también en los países más reticentes. Polonia permaneció durante semanas enrocada en una posición que calificaban de «dogmática» al respecto, pero estiman que ningún Estado cuestiona ya la legitimidad y necesidad de descarbonizar la economía, un objetivo que hasta los acuerdos de París era puesto en duda por ciertos gobiernos, incluidos algunos europeos, y que ahora se ha vuelto un eje transversal que abarca campos tan diversos como la reducción de emisiones del transporte, el mix energético y la firma de acuerdos comerciales.
La FUENTE.
Santiago Niño (@sninobecerra) twitteó a las 1:19 p. m. on vie., jun. 21, 2019: Pienso que esto acabará así: cuando la situación sea insostenible se dictarán prohibiciones que, por ejemplo, nos obligarán a estar en Invierno con el abrigo dentro de casa, y sin protestar. https://t.co/9d2WLbcgCE (https://twitter.com/sninobecerra/status/1142029204059561984?s=09)
L. NICOLÁS CENTELLES (@Luis_NICOLAS_C) twitteó a las 9:59 p. m. on vie., jun. 21, 2019: Todo cambio de comportamiento tiene un coste elevado.
La presión debemos seguir haciéndola en la dirección tal que los recursos sean empleados en favor del seguimiento de las Leyes Universales de la Naturaleza: cuidar nuestra casa y madre Tierra es lo fundamental. (https://twitter.com/Luis_NICOLAS_C/status/1142160109772115969?s=09)
El Cambio Climático va acompañado de una mayor sensibilidad de nuestra salud frente a un clima más extremo.
El Cambio Climático ha sido mal entendido asimilándolo al Calentamiento Global.
Bien entendido y, de acuerdo a lo que nos indican los científicos, los términos más adecuados son los primeros.
Un Cambio Climático «insinua», si se quiere, un hecho todavía más complicado de superar. Se trata de climatología adversa y extrema, incluso, en aquells zonas gográfica en donde la climatología había sido moderada.
No es necesario, en tal caso, el recordar a nadie que, frente a esas circunstancias, la capacidad de nuestro cuerpo para soportar esa climatologíaes más reducida.
Después del pacto de la Mesa del parlamento navarro y de alcanzar un acuerdo para gobernar con Podemos en Canarias, el PSOE ha cerrado las dos únicas opciones que le quedaban para lograr la abstención de UPN (Unión del Pueblo Navarro) y CC (Coalición Canaria) en la investidura. De ahí que los socialistas estén virando hacia los independentistas, en especial ERC, para asegurar que Pedro Sánchez revalide su cargo.
Sin embargo, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha evitado precisar este jueves qué está negociando con ERC para asegurar su investidura, ha pedido la formación de un nuevo Ejecutivo «cuanto antes» y ha preguntado a PP y Ciudadanos si con su rechazo a apoyarle están proponiendo una situación de «bloqueo» o la convocatoria de unas nuevas elecciones.
«Lo importante es que haya un Gobierno cuanto antes en España, los españoles votaron para que haya un Gobierno en España», ha contestado en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de líderes europeos en Bruselas al ser preguntado por qué está negociando con la formación republicana de Catalunya.
Sánchez ha eludido responder a esta cuestión señalando que «la única alternativa» tras las elecciones es un Ejecutivo del PSOE y ha preguntado a Partido Popular y a Ciudadanos si están proponiendo un «bloqueo» o «nuevas elecciones» con su rechazo a apoyar su investidura.
ERC ADMITE CONTACTOS
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reconocido este jueves que su formación ha mantenido nuevos contactos con el PSOE después del encuentro que él mismo mantuvo con su homóloga socialista, Adriana Lastra, la semana pasada, a la vez que ha reiterado que su formación no bloqueará la investidura de Pedro Sánchez, pero tampoco le dará un «cheque en blanco».
Así lo ha explicado Rufián en declaraciones en el Congreso, donde ha subrayado que es «bueno» que el PSOE y ERC hablen y «sano» que se sepa. «Las conversaciones siguen dentro de la normalidad; que dos portavoces hablen es bueno», ha comentado.
Según ha explicado, en esas conversaciones se habla «sobre todo» del «bloqueo o no bloqueo» a la designación de Sánchez. Y, en este sentido, ha remarcado que su intención no es «bloquear nada» y «equilibrar» esa posición con la de no dar «un cheque en blanco» a Sánchez. Además, ha indicado que intentarán coordinar su voto en la investidura con el de EH Bildu, en virtud del acuerdo de colaboración que tienen ambos partidos.
Sin embargo, en la libertad de las personas (y, los políticos son también personas) está el elegir su camino; muchas veces sin toda la información necesaria disponible para tomar esa decisión de forma más oportuna.
Han pasado casi 2 meses, las Elecciones Europeas, también las Elecciones Municipales y las de alguna de las Communidades Autónomas, y parece que el «pacto natural» que comentábamos a finales de Abril/2019 no lleva buen camino.
Es probable que se acabe perdiendo el necesario e imprescindible diálogo para alcanzar las decisiones de estado imprescindibles para dirigir y re-dirigir la actual situación harto compleja en España y Europa.
Esperemos que, al margen de los «acuerdos de gobernailidad» que se alcancen en España, ese diálogo sea el marco de los futuros años políticos españoles y europeos: Serán poco menos que el único camino posible si lo que queremos es un futuro, en el per de los casos, menos incierto.
Este producto, que dejó de comercializarse en 2013 en España, volvió hace seis meses al país y desde entonces se han cerrado operaciones por valor de 15 millones de euros
Las hipotecas inversas fueron un producto desterrado de España en 2013, cuando BBVA dejó de comercializarlas por su escasa por la falta de demanda pero, también, por sus condiciones de producto financiero empleado durante los años de la burbuja y que, irremediablemente, llevaban a pensar en otros inversiones complejas las preferentes.
Sin embargo, hace medio año este tipo de contrato reservado a mayores de 65 años con una casa en propiedad volvió a estar presente en el país, y desde entonces se han cerrado operaciones por valor de 15 millones de euros. Los datos los ofrece Óptima Mayores, consultora que cerró un acuerdo con el banco portugués BNI para lanzar este producto, que a su vez se comprometió a aportar hasta 25 millones de euros anuales para la contratación de este tipo de hipotecas.
«El importe medio prestado por operación ha sido de 180.000 euros, la edad media de las personas que han formalizado hipotecas inversas ha sido de 77 años, en el 38% de los casos los suscriptores han sido mujeres, hombres en el 14% de los casos y el 48% han sido matrimonios. En Madrid se han formalizado el 38% de las operaciones, el 28% en Barcelona, el 12 % en Valencia y el 22% en el resto de España», añaden. Los datos, por lo tanto, son todavía relativamente modestos, y muy centrados en jubilados o pensionistas residentes en grandes ciudades y que poseen inmuebles con un valor que, en muchos casos, superan el medio millón de euros.
Sin embargo, el propio Banco de España considera que la hipoteca inversa es una buena opción para completar las jubilaciones o pensiones, y así lo ha puesto de manifiesto en más de una ocasión. Este mismo mes, el director general de Economía y Estadística del organismo, Óscar Arce, señalaba en el Foro CEU Empresa celebrado en Valencia que «la innovación financiera puede contribuir a reforzar el tercer pilar, aumentando el atractivo ahorrador (mayor eficiencia) y favoreciendo la conversión de activos ilíquidos en liquidez, como por ejemplo a través de hipotecas inversas«. Y en marzo, el mismo Arce subrayó que «España es un país con viudos con pisos muy grandes y rentas muy pequeñas», lo que ofrece un «elevadísimo» margen de desarrollo en este tipo de productos.
El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos siempre ha advertido, ante las promesas de los políticos, de que el sistema de la Seguridad Social no está en disposición de soportar el incremento de gasto que supondría ligar las pensiones al IPC de forma indefinida. Esto, unido a que los inmuebles son una de las principales inversiones de los ciudadanos, ha provocado que en más de una ocasión haya recomendado aprovechar estos bienes, y en esa recomendación se enmarca la posibilidad de contratar una hipoteca inversa.
CONDICIONES DE ACCESO
«Cualquier mayor de 65 años con una vivienda urbana de un valor mínimo de 150.000 euros puede optar a una hipoteca inversa«, explican desde Óptima Mayores, a lo que añaden que en España «hay 8.000.000 de personas» que superan esas edad y cuentan con una vivienda en propiedad. «Los mayores de 65 años en España acumulan un ahorro de 600.000 millones de euros en vivienda frente a los 120.000 ahorrados en Planes de Pensiones por el total de la población».
Las cantidades se pueden percibir en forma de un importe único al inicio, en forma de mensualidades, o una combinación, es decir, una cantidad al inicio más una mensualidad y el cliente mantiene la propiedad y el uso de la vivienda en todo momento. Además, añade esta consultora, «es un producto regulado por la Ley 41/2007 para promover el desarrollo de un mercado de hipotecas inversas que permitan a los mayores utilizar parte de su patrimonio inmobiliario para aumentar su renta». Pero la realidad, al menos por ahora, es que buena parte de la sociedad desconoce este tipo de productos y que, a pesar de los esfuerzos del propio Banco de España, todavía siguen evocando a momentos de crisis económica y a malas prácticas financieras.
Cuando los jubilados se ven obligados a hipotecar su vivienda (que es su gran patrimonio heredable para sus hij@s y niet@s) debemos verlo como el semáforo de un cruce de calzadas que se pone en colo ámbar.
Con ello no pretendemos dar a entender que la Hipoteca Inversa es un mal producto; ¡ni mucho menos!. Nosotros mismos comercializamos este producto y consideramos que es una muy buena solución a situaciones de precariedad económica familiar. Aunque, ¡claro está!, para ello se debe disponer de una vivienda en propiedad.
Lo que queremos indicar es que, «si una sociedad vuelve a mostrar esa cara de la moneda, en la que sus ciudadanos deben des-invertir (recordemos que contratar una Hipoteca Inversa implica vender el patrimonio personal a cambio de una renta mensual), ello es síntoma de que la economía de esa sociedad NO FUNCIONA BIEN».
Cuando una Economía funciona bien, sus integrantes no precisan de la des-inversión para vivir con dignidad.
… RECORDEMOS … que nuestros jubilados son, para muchas familias actuales, el sostén de hij@s y niet@s: cuando falten ¿de qué dispondrán ést@s si sus patriarcas se vieron obligados a des-invertir?.
Dale Carnegie fue un empresario y escritor estadounidense de libros que tratan sobre relaciones humanas y comunicación eficaz.
Carnegie fue promotor de lo que en la actualidad se conoce como asunción de responsabilidades, aunque esto solo aparece puntualmente en sus escritos. Una de las ideas centrales de sus libros es que resulta posible cambiar el comportamiento de los demás si cambiamos nuestra actitud hacia ellos.
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